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El Gobierno negocia los Presupuestos contra reloj

Hacienda quiere presentar las cuentas “cuanto antes”, pero admite que aún no las tiene cerradas. La tramitación se antoja más compleja por el control del Senado por el PP y la opción de renunciar al proyecto de 2024 y centrarse en el de 2025 sigue abierto

María Jesús Montero
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en el pleno del Senado, el martes.Kiko Huesca (EFE)

El Gobierno de Pedro Sánchez está jugando una partida simultánea de ajedrez. Así se conocen aquellos campeonatos en los que un jugador disputa varias partidas a la vez con diferentes rivales. La diferencia es que estos encuentros, habitualmente de exhibición, se producen sin contador de tiempo y el Ejecutivo tiene la cuenta atrás del cronómetro para tratar de presentar los Presupuestos del Estado de 2024 cuanto antes, una vez que ha encarrilado la jugada de la amnistía. En este juego de damas, reyes y peones, el Ejecutivo apenas dispone de cuatro o cinco semanas para cerrar un acuerdo sobre las cuentas públicas con los partidos que apoyaron la investidura, porque en caso de no hacerlo empezará otra competición.

El pasado miércoles algunos miembros del Ejecutivo descontaron que tras el acuerdo con los partidos independentistas sobre la ley de amnistía, el camino estaba despejado para las cuentas de 2024 y el proyecto legal que contiene los gastos e ingresos del Estado no se haría esperar, pero el Ministerio de Hacienda se apresuró a enfriar las expectativas. “No será de forma inminente, pero sí cuanto antes”, remarcan desde el departamento que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Hacienda envía un mensaje de prudencia descartando que el proyecto legal vaya a ver la luz en el Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará este viernes o en el próximo martes.

Antes de comparecer en la Comisión de Hacienda del Senado este jueves por la mañana, la misma Montero reconoció: “Cada cosa a su tiempo. Estamos hablando con los grupos para posibilitar que haya cuentas nuevas para el año 2024, que yo creo que es una magnífica forma de ejercer nuestras competencias en política económica. Así que seguimos adelante hablando con ellos. Cuando haya acuerdos los iremos comentando puntualmente”. Ha insistido en que el compromiso del Gobierno es presentar el proyecto de Presupuestos y sacarlo adelante, pero no ha dado detalles sobre el cronograma. “Lo antes posible”, ha indicado.

“Será una cuestión de semanas, más que de días”, admiten fuentes gubernamentales, que explican: las negociaciones de la amnistía y los Presupuestos han seguido caminos paralelos, pero no coincidentes. Y, desde luego, remarcan desde el ministerio, no están vinculadas. “Los Presupuestos se negocian ahora, antes solo ha habido conversaciones previas”, señalan las mismas fuentes, quienes reconocen que no se presentarán las cuentas si no se ha alcanzado antes un pacto “de mínimos”. Esa prudencia tiene que ver con la postura distante que los partidos catalanistas expresan en público.

Junts y ERC reclaman mejoras para que Cataluña tenga una financiación singular diferenciada del sistema de régimen común que funciona en el resto de territorios, a excepción del País Vasco y Navarra, que tienen el cupo y el concierto. Las formaciones independentistas también han pedido al Gobierno que la ejecución presupuestaria de las inversiones se acerque a lo que se plasme en las cuentas públicas y estas, a su vez, cumplan con el Estatuto de Cataluña, que reconoce una inversión estatal equiparable al peso de esta comunidad. “El acuerdo es difícil en todos los ámbitos”, insisten fuentes gubernamentales.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, también se pronunció este jueves sobre la tramitación, poco antes de que la Comisión de Justicia diera luz verde a los cambios en la ley de amnistía. Afirmó que hay una “voluntad inequívoca” de todos los grupos parlamentarios de sacar adelante los Presupuestos, pero matizó que no están “acordados” ni “cerrados”.

Calendario

Además, el cronómetro corre. Las cuentas del Estado de 2024 deberían haberse aprobado hace dos meses para que se pudieran ejecutar desde principios de año, pero el calendario electoral del pasado ejercicio trastocó todos los planes y obligó al Ejecutivo a prorrogar las de 2023 hasta tener listas y atadas las de este año. Los recelos de Junts, que ha mantenido una fría distancia con el Gobierno hasta conseguir una ley de amnistía que se ajuste a sus reclamaciones, y la pausa parlamentaria por las elecciones gallegas han dilatado el proceso.

Hacienda tiene desde hace semanas definidas las líneas principales de los Presupuestos. Sabe cuánto gastará en pensiones, cuánto en sueldo de los funcionarios y en intereses, tiene previsto aumentar las partidas en vivienda y en juventud y ha reservado el dinero para transferir a las comunidades y ayuntamientos para su financiación. Con estas rúbricas ya tiene comprometido casi tres cuartas partes de los recursos previstos para este año, pero falta rematar la jugada para convencer a los partidos que apoyan al Gobierno, que no son pocos, y el margen no es holgado porque tiene que reducir el déficit en unos 11.000 millones.

El Ejecutivo ahora quiere acelerar todo lo posible porque considera que apenas dispone de cuatro o cinco semanas para cerrar las negociaciones. El tiempo juega en su contra y la aritmética en las Cortes también. La tramitación parlamentaria suele extenderse durante unos tres meses y en esta ocasión el PP amenaza con dilatar el proceso en el Senado, donde goza de mayoría. Esto situará la aprobación definitiva de las cuentas a finales de junio o principios de julio.

Los responsables de Hacienda saben que si a la vuelta de Semana Santa no logran un acuerdo con los partidos que apoyaron la investidura para los Presupuestos, probablemente tengan que renunciar a las cuentas de 2024 porque ya no tendría sentido aprobar un proyecto solo para cuatro o cinco meses. Y, entonces, deberán empezar a enfocarse en los de 2025, cuya tramitación comienza en verano.

La liturgia presupuestaria prevé que, en el primer semestre de cada año, el Consejo de Ministros fije los objetivos de deuda y déficit y el techo de gasto del Estado. Este trámite se considera el pistoletazo de salida para empezar a elaborar las cuentas. El límite para confeccionar y registrar el proyecto de Presupuestos en las Cortes llega poco después, el 30 de septiembre, según marca la Constitución —en concreto, ”al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”—, un plazo que en los últimos años se ha desdibujado.

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