Familiares de los fallecidos en el incendio de las discotecas de Murcia se querellan contra dos concejales y tres funcionarios

Los familiares de dos de las 13 personas que fallecieron el pasado 1 de octubre en el incendio que arrasó dos discotecas de Murcia han presentado este martes una querella contra el actual concejal de Urbanismo de la ciudad, Antonio Navarro (PP), su antecesor en el cargo, Andrés Guerrero (PSOE), y tres funcionarios del Ayuntamiento. Los consideran responsables de la tragedia porque consintieron durante años que las discotecas siniestradas se mantuvieran abiertas a pesar de que tenían numerosas deficiencias en materia de seguridad y también una orden de cese de actividad vigente. El abogado que los representa, José Manuel Muñoz Ortín, cree que pueden ser considerados culpables de delitos de prevaricación por omisión y va más allá: denuncia una “trama organizada que permite que esta discoteca funcione de forma continuada e irregular desde que inició su actividad”, en el año 2008.

Para el letrado, que ha ofrecido una rueda de prensa acompañado de sus representados, todo el expediente administrativo relacionado con las discotecas, de unos 1.800 folios, está cuajado de irregularidades que se han mantenido a lo largo del tiempo y tuvieron que ser conocidas, e incluso propiciadas, por los dos concejales (Navarro estuvo en el cargo entre 2015 y 2021, y de nuevo a partir de las elecciones municipales de mayo de 2023, mientras que Guerrero lo ocupó desde marzo de 2021 hasta las elecciones de mayo de 2023), y también por los tres funcionarios contra los que se dirige la querella: el inspector del servicio técnico de Obras y Actividades, el jefe de servicio de Protección Civil y Protección contra Incendios y el jefe del servicio de Intervención.

En total, desde que la discoteca solicitó una licencia de actividad en 2005, hasta el día del incendio, el 1 de octubre de 2023, se generaron una veintena de resoluciones, de las que tres son órdenes de suspensión y cese de la actividad, y otras cuatro son solicitudes de inicio de procedimientos de legalización. “La peculiaridad en este caso es que se ha mantenido una actividad a través de procedimientos de legalización. Si había una denuncia de la Policía Local, si se detectaba una irregularidad en los protocolos de seguridad, si se emitía una sanción, si se decretaba el cierre… a continuación, siempre se abría un procedimiento de legalización que luego se quedaba sin resolución. El procedimiento se abría para paralizar una sanción o una suspensión, pero nunca iba más allá. Hablamos de una eterna regularización”, ha explicado el abogado.

Muñoz Ortín ha explicado que la ley contempla solicitar un procedimiento de legalización ante una irregularidad, pero alerta de que ese procedimiento debe concluir y, si no lo hace y caduca, como sucedió con las discotecas incendiadas, el cese de la actividad debe ser automático. En este caso, sin embargo, esos y otros expedientes se dejaron caducar sin respuesta y sin detener la actividad. Además, ha destacado la práctica “fraudulenta” de que todos los procedimientos de legalización se presentaron con la misma documentación y repitiendo alegaciones que ya habían sido desestimadas previamente, motivo por el que debían haber sido inadmitidos.

El expediente administrativo recoge diversas resoluciones abiertas a instancias de la Policía Local por incumplimientos de medidas de seguridad o de aforos, pero la sala solo llegó a ser sancionada en una ocasión, con una multa de 250 euros por no haber comunicado un cambio de titularidad. La solicitud de dividir en dos la nave industrial en la que se ubicaban las dos discotecas nunca fue concedida, y fue lo que motivó que se dictara la última de las órdenes de cierre que no llegó a ejecutarse. Para el abogado, esa división generó deficiencias en materia de seguridad que fueron determinantes en las muertes de las 13 víctimas del incendio, ya que las medidas de evacuación de Fonda Milagros eran casi inexistentes: sus puertas de emergencia no daban a la calle, sino a la otra discoteca, Teatre, donde la policía sitúa el origen del fuego. La zona de palcos de Fonda, donde fallecieron todas las personas, solo contaba con una única salida, y sus recorridos de evacuación tenían distancias que llegaban a superar los 36 metros, cuando el máximo permitido por ley es de 25 metros. Pese a ello, la discoteca siguió funcionando, como también lo hizo Teatre, donde ya en 2017 el expediente deja reflejada una inspección en la que se constataba que sus salidas de emergencia estaban bloqueadas, una deficiencia que no se subsanó y de la que los bomberos dieron cuenta el día del incendio.

Este mantenimiento a lo largo de los años de todas las irregularidades es la que lleva a Muñoz Ortín a hablar de una “trama organizada”. En su opinión, el concejal Antonio Navarro “desarrolló una normativa que permitía este funcionamiento” administrativo, y su sucesor, Andrés Guerrero, aunque dictó la última de las órdenes de cierre, que seguía vigente en el momento del incendio, incluyó en ella una cláusula que invalidaba la propia orden, ya que daba pie a poder mantener la sala funcionando con un nuevo procedimiento de legalización. Los tres funcionarios, por su parte, dejaron también pasar las graves infracciones que afectaban a la seguridad sin tomar medidas.

Desde el Ayuntamiento de Murcia han emitido un comunicado para recordar que estos mismos afectados ya solicitaron al juzgado de instrucción número 3, que instruye el caso, que abriera una pieza separada para dirimir estas responsabilidades, algo que fue denegado por su titular. Muñoz Ortín ha señalado que esas diligencias se solicitaron cuando las partes aún no habían tenido acceso al expediente administrativo y, por lo tanto, no habían sido argumentadas con una base documental con la que sí cuentan ahora, motivo por el que han decidido plantear esta nueva querella.

Hasta el momento, en la causa abierta por el incendio, que investiga 13 posibles homicidios por imprudencia, hay investigadas seis personas: el propietario de Fonda Milagros, tres responsables de Teatre, además del DJ que organizó la fiesta que se celebraba esa noche y el propietario de la máquina de fuegos fríos que la policía cree que fue el origen del incendio.