Cruce de acusaciones entre los seis investigados por los incendios de las discotecas de Murcia para tratar de eludir responsabilidades

Las seis personas que, por el momento, están investigadas en la causa abierta tras el incendio que el pasado 1 de octubre arrasó dos discotecas de Murcia dejando 13 fallecidos han terminado este martes de dar sus versiones de lo ocurrido ante la jueza en un cruce de acusaciones en el que todos han tratado de eludir su responsabilidad y cargarla contra el resto de los supuestos implicados. Desde el pasado 23 de enero hasta este martes han comparecido (a puerta cerrada, ya que se trata aún de la fase de instrucción) tres responsables de la sala Teatre, donde la policía sitúa el inicio del fuego; el Dj que organizó la fiesta que se celebraba esa noche; el propietario de la máquina de fuegos fríos que, según la investigación, originó el incendio, y el responsable de Fonda Milagros, donde fallecieron las 13 víctimas.

Ha sido este último, Daniel R., el que ha cerrado las vistas con los investigados este martes. Tras más de una hora de comparecencia, en la que ha contestado tanto a las preguntas de su defensa como a las de la jueza y el fiscal, el empresario ha apuntado directamente a la gerencia de la sala Teatre como responsable de las muertes: “Son cosas que sí se pueden evitar, simplemente con que nos hubieran avisado unos minutos antes, hubiéramos salvado 13 vidas”, ha dicho a los periodistas al salir del juzgado, tras expresar sus condolencias a las familias de los fallecidos. Su abogado, Francisco Adán, ahondaba en sus palabras al explicar que las dos discotecas, que se ubicaban en una misma nave industrial dividida en dos por una pared de pladur, contaban con un plan de emergencias que establece que, en caso de incendio, debía informarse del mismo “a todo el local y los locales colindantes”, cosa que no se hizo. Eso provocó que Fonda Milagros, donde fallecieron las 13 personas, se desalojara unos cuatro minutos más tarde que Teatre, un tiempo, según el abogado, crucial en el trágico desenlace.

Esa falta de coordinación entre las dos discotecas para alertar del fuego ya la había puesto de relieve la Policía Judicial en uno de los informes periciales remitidos a la jueza, en el que advertía de que cuando el humo del incendio comenzó a apreciarse en Fonda Milagros, el fuego estaba ya completamente descontrolado. Ese local comenzó a evacuarse cuando Teatre ya llevaba varios minutos vacía.

Pero Daniel R. no es el único de los investigados que ha tratado de quitarse cualquier responsabilidad sobre el incendio. Lo hicieron también en sus declaraciones los responsables de la sala Teatre, donde la policía sitúa sin lugar a dudas el origen del incendio. Marco M., que declaró el pasado 6 de febrero, figura como administrador de esa discoteca, pero en su declaración insistió en que, desde hace cinco años, era un mero intermediario entre el propietario de la nave industrial y los gerentes de las dos salas de fiestas. Él fue el empresario que alquiló la nave en 2008, y la explotó hasta 2018. En aquel momento, ya había solicitado la división en dos y quiso traspasar el negocio. Según su abogado, Manuel Maza, quería recuperar con el traspaso la inversión de más de 1 millón de euros que hizo para poner en marcha la discoteca pero, al ser una cantidad tan elevada, los actuales responsables de las salas habían optado por la solución intermedia de pagarle un alquiler. El empresario de Fonda Milagros, según su abogado, pagaba a Maco M. 4.500 euros mensuales por la explotación de la sala.

También trató de eludir su responsabilidad sobre el incendio Eva M., hermana de Marco M. y a cargo de Teatre la noche de la tragedia. En una breve declaración de apenas 5 minutos el pasado 30 de enero en la que solo contestó a preguntas de su abogado, la empresaria aseguró que tenía todos los papeles en regla y un contrato con el DJ que organizó la fiesta “We are remember” que se celebraba esa noche en la sala y en la que se utilizó la máquina de fuegos fríos que habría provocado el incendio. Según su versión, aquella noche ella se limitó a cobrar un porcentaje de las bebidas consumidas por los asistentes a la fiesta, y era el dj, Carlos R., también investigado en el caso, el que controlaba todos los demás aspectos de la celebración.

El pinchadiscos ya había ofrecido su versión de los hechos a la jueza el día 23 de enero, también para tratar de escurrir el bulto y cargar las posibles responsabilidades al quinto de los investigados, Alfonso G., propietario de la máquina de fuegos fríos, y a los empresarios de Teatre. A diferencia de la versión ofrecida por la responsable de esa sala, el DJ insistió en que él se encargaba únicamente de poner música y no aclaró si tenía o no un contrato relacionado con la máquina de chispas. Ante los medios de comunicación, insistió en que él no tenía “absolutamente nada que ver con lo que ha pasado”.

El propietario de la máquina de chispas, Alfonso G. fue el primero de los investigados en declarar ante la jueza y también el único que contestó a las preguntas de todas las partes y que no cargó culpas contra el resto de investigados. Durante más de dos horas de comparecencia, reconoció que fue la única persona que manejó la máquina de fuegos fríos durante la fiesta y que no conocía todos los aspectos de su funcionamiento. La investigación policial apunta a que se hizo un uso incorrecto de ese aparato y no se guardaron las distancias de seguridad pertinentes, lo que habría originado el fuego. Alfonso G. dijo también a la jueza que no cobró esa noche, sino que había aportado la pirotecnia de forma altruista, porque era amigo del DJ.

El sexto de los investigados es Juan I., otro empresario vinculado a Teatre, y que se acogió a su derecho a no declarar. Tras escuchar a los investigados en el proceso, la jueza ha citado también a una decena de personas en calidad de “perjudicados/testigos con ofrecimiento de acciones”, que están llamados a comparecer los próximos días 20 de febrero y 1 de marzo.