El PSOE y el PP se enzarzan por la derivada del ‘caso Koldo’ en Baleares

El PSOE y el PP se tiran a la cara las responsabilidades por la derivada balear del caso Koldo. Y lo seguirán haciendo. Los documentos de la instrucción que afecta al Govern de Baleares mencionan a dos pesos pesados de ambas formaciones: la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el portavoz parlamentario popular, Miguel Tellado. Un señalamiento que ha endurecido el ya de por sí alto grado de confrontación que mantienen ambos partidos. La amnistía se ha esfumado del debate político aun cuando apenas quedan días de plazo para aprobar por segunda vez el dictamen de la ley e incluso tras la decisión del Tribunal Supremo de imputar al expresident Carles Puigdemont por terrorismo.

Tal es el empeño de los populares de poner el foco en la supuesta red, que el portavoz del PP, Borja Sémper, apenas quiso valorar este viernes el auto del Supremo. “De esto hablaremos la semana que viene”. La dirección popular seguirá disparando desde todos los frentes con el caso Koldo, aunque irá dosificando los ataques contra los miembros del Gobierno para centrar los mensajes y no confundir el foco. Este viernes fue el turno de Armengol. El próximo objetivo será el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, como máximo responsable de las pesquisas, según fuentes del gabinete de Alberto Núñez Feijóo. Y no descartan ningún nombre para comparecer en la comisión de investigación del Senado. En el PSOE seguirán insistiendo a su vez en los pinchazos telefónicos que salpican al PP. “O se está dispuesto a llegar hasta el final, o se empiezan a poner pegas, como hace el PP. Esto demuestra una cosa: no aprendieron nada tras la moción de censura. Siguen pensando que todo ‘es una trama contra el PP”, indican fuentes de la dirección del PSOE.

Este viernes, los populares dieron un paso más en su ofensiva por la supuesta trama corrupta al exigir la dimisión de la Armengol por las últimas novedades publicadas sobre su presunta implicación como presidenta balear en el anterior mandato. Enfrente, los socialistas anunciaron que solicitarán la comparecencia del número dos del PP en la comisión de investigación de la Cámara baja por su aparición en el sumario. Desde el PSOE balear se pidió también la renuncia de la actual presidenta autonómica, la popular Marga Prohens, por no haber continuado con el proceso de reclamación de 2,6 millones de euros a una empresa de la presunta red de compra de material sanitario durante la pandemia, según sostienen.

Respecto a la rama balear de la investigación, un informe de la Guardia Civil incluye una conversación del exasesor de José Luis Ábalos Koldo García Izaguirre en la que presume de haber concertado un encuentro con Tellado. La cita, que no ha sido constatada en la investigación, se habría apalabrado según García Izaguirre para intentar que el Gobierno balear, presidido por la popular Prohens desde las elecciones de mayo, retirase una reclamación de 2,6 millones de euros por la compra de mascarillas que no se correspondían con las encargadas.

Esa reclamación fue formalizada por su antecesora, la socialista Armengol, después de perder los comicios autonómicos de mayo y tras tres años de haber recibido la mercancía de una empresa vinculada con la presunta trama corrupta (el equipo del anterior Ejecutivo de la socialista sostiene que apercibió a la empresa en marzo de 2023). En un auto del juez Ismael Moreno también se apunta a que García Izaguirre se reunió con Ábalos para que este actuase como “intermediario”. García Izaguirre, según la instrucción, habría recurrido al exministro para intentar frenar la reclamación del Gobierno balear. El magistrado también señala al empresario cántabro Jacobo Pombo, fraguado en Nuevas Generaciones del PP, como mediador.

Según el auto del 7 de febrero del juez Ismael Moreno, se dan una serie de comunicaciones entre los investigados de las que se infiere que “si la Administración balear en el plazo de tres meses —fecha límite el 18 de enero de 2024—” no se pronunciaba expresamente, “se produciría la caducidad del procedimiento administrativo, y por ende, la reclamación de casi tres millones de euros”. El magistrado indica además que “de la observación de las comunicaciones telefónicas de los investigados, pocos días antes de la fecha límite indicada se dejan de observar comunicaciones que aborden este asunto, pudiendo colegirse que pudiera haberse producido la caducidad de la reclamación”.

Por otra parte, El Mundo adelantó en la noche del jueves que el Govern liderado por Armengol avaló en agosto de 2020 a la empresa relacionada con la supuesta trama cuando ya conocía que las mascarillas eran defectuosas: las calificó de “satisfactorias”. Ese informe siguió su curso para recibir fondos europeos con cargo al gasto del material sanitario, añade dicha información.

Con todos estos elementos sobre la mesa, desvelados este viernes —y sumados a los hechos ya conocidos previamente sobre el caso Koldo—, PSOE y PP se enzarzaron elevando aún más el grado de tensión. “Armengol tiene como principal cometido representar a todos los españoles como tercera autoridad del Estado. Compromete la honorabilidad del Congreso. No puede llegar como presidenta al próximo pleno”, aseveró el portavoz del PP, Borja Sémper, en rueda de prensa en la sede del partido. El ministro Grande-Marlaska será el siguiente señalado por el PP. Los populares afirmaron ya este viernes, en público y en privado, que Koldo García Izaguirre menciona a Tellado en sus conversaciones para implicar al PP porque había sido previamente informado por Interior de que estaba siendo investigado y apuntan a Grande-Marlaska como responsable del “chivatazo”. En esa línea, hacen un paralelismo con el caso Faisán.

Aunque la cúpula del PP trató este viernes de poner el foco en Armengol, no evitó que Tellado se saliera del marco discursivo y asegurase sin pruebas durante una entrevista en EsRadio que la investigación sobre el caso Koldo “puede derivar en un caso de financiación irregular” del PSOE. Tanto Sánchez como varios ministros socialistas del PSOE se defendieron el miércoles en la sesión de control en el Congreso rememorando precisamente la contabilidad en negro del PP probada en la sentencia del caso Bárcenas, que provocó la posterior moción de censura de Sánchez al expresidente Mariano Rajoy.

“No sé muy bien cuál es la petición de responsabilidad que pide el PP: es durante su mandato cuando no se han producido las actuaciones que se habían intentado instar en la administración anterior”, afirmó la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en Barcelona, en referencia a la legislatura de Prohens. Y cargó contra los populares: “Muchas veces riñes para que no te riñan. Intentas sacudirte tu responsabilidad mirando para atrás”.

Tras conocerse el auto del juez Ismael Moreno, fuentes de la dirección del PSOE sostuvieron este viernes que el nuevo Gobierno balear liderado por Prohens “dejó que el tiempo pasase hasta que la reclamación quedó sin efecto”, impidiendo que el dinero se recuperase. Bajo ese razonamiento, exigen “explicaciones” al Ejecutivo popular de Baleares y a Tellado, de quien dicen que fue “el hombre elegido para convencer” a Prohens de que no prosiguiera con la reclamación. “La reclamación duerme en un cajón hasta que pasa el plazo”, insisten fuentes de la dirección socialista, que avanzan que también pedirán la comparecencia de Jacobo Pombo en la comisión de investigación.

Petición de dimisión

Desde Palma, el PSOE de Baleares se sumó a las críticas y pidió la dimisión de la presidenta autonómica. “Lo que hemos conocido es que la trama se pone en contacto con Tellado y con Baleares, dicen que está todo arreglado y Prohens no ha dicho qué significa cuando una persona en una grabación dice que está todo arreglado”, indicó el portavoz del grupo parlamentario socialista en el Parlament balear, Iago Negueruela.

Prohens, por su parte, se defendió en una entrevista en Onda Cero. “No hubo ningún traspaso de poderes sobre este informe”, explicó la presidenta balear. “Lo vamos a cambiar porque la reclamación del gobierno anterior, que ni siquiera iniciaron la reclamación del expediente de manera formal, se ceñía a dos millones de euros”, añadió. El Govern balear se ha personado como acusación particular en la causa abierta en la Audiencia Nacional como parte afectada y al margen del PP nacional, que también lo ha hecho como acusación popular. El PP continuará sacudiendo desde todos los frentes con el caso Koldo, aseguró.