La Fiscalía se opone a la imputación de Rajoy por la Operación Cataluña en la causa de Andorra

La Fiscalía Provincial de Madrid se opone a la imputación del expresidente Mariano Rajoy (PP) y de varios miembros de sus gobiernos (entre ellos, los exministros Jorge Fernández Díaz, antiguo titular de la cartera de Interior, y Cristóbal Montoro, exresponsable de Hacienda) en la causa abierta por un juzgado de Andorra por la denominada Operación Cataluña, donde los tres se encuentran bajo sospecha. El ministerio público, que cuestiona las competencias de las autoridades del Principado para investigar estos hechos, considera que no se han aportado indicios suficientes que justifiquen la colaboración con dicho país y, además, subraya que la “solicitud de cooperación internacional” que se ha enviado a España “no reúne el contenido y requisitos mínimos exigidos por las leyes para su tramitación”.

Un juzgado de Andorra investiga desde hace años las presuntas maniobras urdidas por la policía patriótica —un grupo de agentes de la Policía Nacional que operó durante el mandato de Fernández Díaz— para desacreditar al independentismo catalán durante el Gobierno de Rajoy. Entre otros asuntos, se indaga en el supuesto chantaje a los responsables de la extinta Banca Privada de Andorra (BPA) para que entregaran datos bancarios sobre líderes secesionistas. El juzgado del Principado envió una petición de ayuda a España para notificar a los investigados su condición de querellados y poder así avanzar en la causa contra ellos, pero esta solicitud se quedó en suspenso tras recurrir los exdirigentes del PP a los tribunales españoles.

Esta causa es diferente de las pesquisas abiertas el pasado enero por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el supuesto intento de espionaje policial a quien fuera fiscal superior de esa comunidad hasta 2013, Martín Rodríguez Sol.

En un reciente escrito, avanzado por Abc, la Fiscalía de Madrid reproduce los argumentos que ya expuso a principios de 2023 para oponerse a la imputación de Rajoy y sus excolaboradores. En el documento de hace un año, al que tuvo acceso EL PAÍS, el ministerio público expone: “En el caso presente se desconoce el contenido de las querellas [contra los ex altos cargos del PP] y, por lo tanto, con exactitud cuáles son los hechos investigados. No se ha transmitido una resolución judicial de admisión a trámite que debería haber analizado el contenido de las mismas, su verosimilitud, indicios, la concurrencia de posibles causas de inmunidad de jurisdicción, de prescripción de los delitos, un análisis de los delitos que se entiendan cometidos...”.

Según la Fiscalía, “los términos genéricos y mínimos en que está redactada la comisión rogatoria [petición de auxilio a España] son absolutamente insuficientes para aceptar la cooperación de las autoridades judiciales españolas en la imputación de hechos tan graves como los delitos que se enumeran, sin aportar un solo elemento indiciario o hecho concreto”. “Además, la única imputación que se describe se refiere a agentes de policía española sin identificar, ni concretar, y no se menciona la participación de los querellados a quienes se solicita la notificación de las querellas”, apostilla el informe.

El escrito del ministerio público —firmado por Ana Cristina Sanz, fiscal delegada de cooperación internacional— se expresa en términos muy contundentes. “Ello es revelador de la carencia de elementos probatorios suficientes para colaborar judicialmente en la imputación de ciudadanos españoles a partir de querellas presentadas por asociaciones que, si bien son andorranas, es público y notorio que guardan estrecha relación con asociaciones catalanas”, remacha en referencia al Institut de Drets Humans de Catalunya y el Col-lectiu de Juristes Catalans Drets. En esa línea, la Fiscalía apunta a que estos colectivos se asocian con grupos del Principado para presentar denuncias “contra altos cargos políticos de España con una clara finalidad política”.

“Según se infiere de la escasa descripción de hechos de la comisión rogatoria, los hechos imputados no serían constitutivos de delito en España para las personas querelladas, al faltar elementos esenciales”, prosigue el ministerio público, que detalla la falta de indicios aportados. “Respecto a los delitos de extorsión y coacciones sobre órganos constitucionales, no se indica, ni siquiera superficialmente, cómo y de qué manera y/o desde dónde se ejerció la violencia o intimidación; y en qué se influyó en cualquiera de las instituciones andorranas”. “En cuanto a los delitos de coacciones, amenazas condicionales y chantaje, no se indica sobre quién en concreto se cometió el delito, por quién, desde dónde, cómo, cuál fue la amenaza proferida o el negocio o acto realizado en perjuicio del patrimonio propio o de tercero. Faltan elementos esenciales”, argumenta el informe.

“Lacónicos términos”

La Fiscalía de Madrid también reprocha a las autoridades de Andorra que la “solicitud de cooperación internacional no reúne el contenido y requisitos mínimos exigidos por las leyes para su tramitación”. “Está redactada en lacónicos términos, que se consideran absolutamente insuficientes”. “Concurre falta de competencia de la jurisdicción andorrana para conocer de los delitos que se mencionan en la comisión rogatoria e investigar a ciudadanos españoles con residencia permanente en España, por cuanto no se describe ninguna actuación que haya tenido lugar en el territorio de Andorra”, incide, antes de apuntar: “Algunos datos son reveladores de la finalidad política que late en el procedimiento penal en el que se ha emitido la comisión rogatoria”.

En este aspecto, el ministerio público recuerda que los “hechos investigados datan del año 2016 a 2020”. Y enumera causas judiciales llevadas en España contra líderes independentistas: como la desarrollada contra Artur Mas, que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 pese a que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional; el caso de corrupción contra la familia Pujol; y el juicio del procés. “Todos estos procesos fueron llevados por órganos judiciales españoles con las debidas garantías y si tuvieron que obtenerse pruebas en Andorra se hizo desde el más absoluto respeto a los derechos fundamentales. Así ha sido corroborado por nuestros tribunales. Si las querellas van encaminadas a poner en duda la forma de obtención de pruebas incriminatorias contra las citadas personas, ha de rechazarse además por afectar al orden público español”, apuntala la Fiscalía Provincial de Madrid.