La Fiscalía abre diligencias por la presunta investigación de la ‘policía patriótica’ a un fiscal superior de Cataluña

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha abierto una investigación sobre el supuesto intento de espionaje policial a quien fuera fiscal superior de esa comunidad hasta 2013, Martín Rodríguez Sol. Esta es la primera investigación que abre el ministerio público sobre uno de los flecos de la conocida como ‘Operación Cataluña’, las presuntas maniobras de grupos policiales dirigidos por el Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP) para desacreditar al independentismo. En un decreto firmado por el actual fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, el organismo ordena abrir diligencias y que se recabe toda la documentación sobre el caso.

El objetivo de la Fiscalía catalana es indagar si el Ministerio del Interior investigó a Rodríguez Sol con la intención de buscar pruebas incriminatorias contra él por su supuesta vinculación al independentismo. Según informaciones publicadas la semana pasada por elDiario.es y La Vanguardia, Fernández Díaz estaba al tanto de los trabajos de la policía sobre el fiscal catalán. En el decreto firmado este lunes, el fiscal Bañeres acuerda “recabar” a ambos medios los documentos en los que han basado su investigación conjunta y “cualesquiera otros documentos que obren en su poder y guarden relación con los hechos objeto de la presente investigación”. Para el ministerio público, esa hipotética investigación “policial prospectiva” sobre Rodríguez Sol podría ser constitutiva de delitos contra la intimidad, prevaricación administrativa y falsedad de documento oficial, sin perjuicio de que, si avanzan las pesquisas, se puedan considerar otros delitos.

El fiscal superior de Cataluña señala en su escrito que la supuesta investigación sobre Rodríguez Sol “jamás llegó a ser puesta en conocimiento de ningún órgano judicial ni del Ministerio Fiscal”, a pesar de que los agentes encargados de las pesquisas estaban “legalmente obligados a ello”. El ministerio público apunta, además, que, según se extrae de lo publicado hasta ahora, si se llevaron a cabo investigaciones policiales sobre Rodríguez Sol, estas debieron iniciarse y prolongarse en el tiempo más allá de los años 2012 y 2013 y, “en buena lógica”, realizarse en Cataluña. Las informaciones publicadas, según el escrito de la Fiscalía, “no constituyen meras valoraciones carentes de soporte fáctico, sino que, lejos de ello, se sustentan en documentos y fuentes externas, elementos suficientes, atendiendo al actual estado de la investigación [...] para acordar la incoación de diligencias de investigación preprocesal”.

El ministerio público cita varios de los documentos publicados por ambos medios la semana pasada, como un supuesto informe de la unidad de asuntos internos de la Policía remitido a Interior por la Dirección Adjunta Operativa, que lideraba Eugenio Pino. Dicho informe proponía investigar “por informaciones recibidas” a Rodríguez Sol o a la empresaria Sol Daurella, presidenta y principal accionista de la empresa embotelladora de Coca-Cola, entre otras personas de la sociedad catalana. La Fiscalía subraya que ese documento “de apariencia presuntamente oficial con membrete de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General del Cuerpo Nacional de Policía” no lleva fecha ni firma del jefe de asuntos internos. El documento advertía de que “las informaciones recibidas figuran en su mayor parte en internet y no se han podido confirmar hasta el momento”.

El interés de Interior por investigar a Rodríguez Sol está supuestamente relacionado con su vinculación con el independentismo, al que se le consideraba cercano. En 2013, se mostró partidario de una consulta sobre la independencia en Cataluña con este argumento: “Al pueblo hace falta darle la posibilidad de expresar lo que quiere; en general, a cualquier pueblo”. El entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, anunció un expediente de destitución, pero Rodríguez Sol dimitió. Un año antes, Rodríguez Sol había intentado abrir una investigación sobre las supuestas carpetas con informaciones falsas que el Gobierno de Mariano Rajoy había hecho llegar a periódicos afines sobre supuestas cuentas en paraísos fiscales del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de su antecesor, Jordi Pujol.

El paso dado este lunes por la Fiscalía catalana difiere de la postura mantenida hasta ahora por el ministerio público, que ha rechazado investigar otras supuestas ilegalidades de la Operación Cataluña, como el presunto espionaje al exconsejero de la Generalitat Jaume Giró o la filtración de una falsa cuenta bancaria del dirigente de Junts Xavier Trias. En el escrito de inadmisión de la querella por el espionaje a Giró, el juez basó su decisión en las razones alegadas por la Fiscalía: “Procede la inadmisión de la querella por las razones alegadas en el informe del Ministerio Fiscal de 1-6-2023, que se da por reproducido, razones que este instructor considera justificadas, a la vista de la indefinición y carácter especulativo de buena parte de los argumentos alegados en la querella, y de la prescripción de parte de los delitos en ella alegados”, señaló el magistrado. Las mismas razones llevaron a inadmitir la querella de la familia Sumarroca, a la que se abrió una causa penal, que ya está archivada, como supuestos testaferros de Jordi Pujol. Los Sumarroca se querellaron como víctimas de la Operación Cataluña, pero su denuncia fue rechazada de acuerdo con el criterio del ministerio público.

Los fiscales también se opusieron a que se investigara la querella de Trias contra el exministro Fernández Díaz por filtrar a través de la policía patriótica cuando era alcalde de Barcelona, que tenía una cuenta en Suiza, que resultó ser falsa. Para la Fiscalía del Supremo, los hechos que se recogían en la querella —que incluía conversaciones entre Fernández Díaz y el que entonces era director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en las que reconocían que no tenían pruebas contra Trias— no era constitutiva de delito. Y recalcó que la querella no relataba “decisión alguna que tenga el carácter de resolución administrativa” atribuible al entonces ministro ni concretaba “la financiación pública que sustente la malversación que se presume”.

La Fiscalía Anticorrupción, que no ha impulsado tampoco ninguna investigación por la supuesta utilización de la policía por parte del Gobierno de Rajoy contra sus adversarios políticos, rechazó en octubre de 2021 la personación, en una de las piezas del caso Tándem, de Jordi Pujol Ferrusola, quien denunció el espionaje ilegal del que fue objeto por parte de la policía patriótica. El primogénito del clan Pujol recurrió la decisión del juez García-Castellón, que justo este lunes, dos años y medio después de esa impugnación, ha respondido rechazando de nuevo la petición. En el auto, el magistrado mantiene, en línea con la Fiscalía, que no es posible la admisión de Pujol Ferrusola como perjudicado al no cumplir con los presupuestos legalmente previstos, ya que no es víctima ni perjudicado del delito que se investiga, “tal y como ya se dijo en su día”.