Junts y ERC extienden su disputa a la ley amnistía pese al interés común por rehabilitar a sus líderes

La hoja de ruta de la legislatura anunciaba mar de fondo, pero el primer bandazo ha llegado casi sin salir del puerto. Las disputas entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana no han respetado ni el supuesto consenso que había en torno a la ley de amnistía. Unos se juegan el retorno a España de su líder, Carles Puigdemont, y los otros depositan en la amnistía la rehabilitación de su secretaría general, Marta Rovira. El interés común choca con las ganas de marcar perfil propio y sacar rédito electoral. Ambas formaciones han optado por negociar individualmente, descartando la posibilidad de levantar un frente común ante el PSOE para pulir la ley. La hostilidad abre otra grieta en la mayoría parlamentaria que hizo posible la reelección de Pedro Sánchez. Las consecuencias que pueda tener para la estabilidad del Gobierno el enfrentamiento entre los independentistas catalanes supone un pronóstico incierto, pero al sembrar de desavenencias la ley de amnistía enreda un asunto que estaba llamado a ser clave para encolar las relaciones de los socios catalanes con el PSOE.

Jordi Turull aseguró el 14 de noviembre en una entrevista en TV3 que Junts no presentaría enmiendas a la ley de amnistía porque el redactado se daba por bueno. “Ha costado mucho poder pactarlo, casi la mitad del texto es aportación nuestra”, aseguró Turull. Dos meses después, el partido ha presentado una docena de enmiendas para reajustar el texto, y lo ha hecho sin acordarlo con nadie, lo que provoca malestar en el resto del bloque de la investidura. Esquerra, por su parte, también apuesta por retocar la proposición de ley que entró en el registro del Congreso el pasado 13 de noviembre. Además de nueve enmiendas de carácter técnico pactadas con el PSOE, Sumar, BNG y EH Bildu, los republicanos presentaron cuatro enmiendas a título individual. No entraban, éstas cuatro, en los planes del partido que lidera Oriol Junqueras. “La idea era presentar solo enmiendas consensuadas y que tengan la mayoría para ser aprobadas, pero los planes están para romperlos”, manifiestan fuentes de los republicanos.

Cada uno por separado, ERC y Junts coinciden en la necesidad de que se blinden con la amnistía a los encausados por terrorismo. Es el supuesto que involucra a los investigados por la organización del movimiento ‘Tsunami Democràtic’, entre los que se encuentra Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, y el expresidente catalán de Junts Carles Puigdemont. Ambas formaciones presentaron enmiendas individuales en este sentido. Textos de espíritu idéntico, pero cada uno por su lado. “Es Junts quien no quiere negociar con nosotros”, afirman fuentes de Esquerra. Junts replica que se puede hablar y llegar a acuerdos mientras dura la tramitación parlamentaria de las enmiendas.

El desapego no es nuevo, ni puntual. En verano, ambos partidos pusieron condiciones muy parecidas para votar a la socialista Francina Armengol presidenta del Congreso: Luz verde para usar el catalán en el hemiciclo y un compromiso para activar comisiones de investigación del espionaje de ‘Pegasus’ y de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. Misma letra, con distinta música. Luego, la ley amnistía fue la línea roja común para votar la reelección de Pedro Sánchez. Cada partido la dibujó en una hoja distinta y con su propio lápiz.

En Cataluña, Junts y ERC están inmersos en una pelea electoral perenne. Las elecciones están previstas para primeros de 2025, pero la magra mayoría de ERC en el Parlament, 33 diputados sobre 135, y los agobios que se le vienen encima a Pere Aragonès por la inminencia de la emergencia por sequía no hacen descartable un adelanto electoral. En esa carrera, el PSC de Salvador Illa aparece como el mejor situado, pero las fuerzas independentistas tratan de arañar cuota y los logros propios se celebran tanto como los tropiezos rivales. La comunicación entre ambas formaciones no fluye. El martes, tras la reunión semanal del Govern, la portavoz Patrícia Plaja dijo no tener constancia de que nadie del equipo de Pere Aragonès hubiera contactado con la dirección de Junts para conocer los términos exactos del pacto para delegar competencias sobre inmigración cerrado la semana pasada entre JxCat y el PSOE. “Han negociado un buñuelo y nos quieren cargar la culpa a nosotros”, manifiesta un cargo cercano a la presidencia de la Generalitat.