Las principales exigencias de Vox en el pacto entre Mañueco y Gallardo no se han ejecutado dos años después de su alianza
La primera y controvertida legislatura de coalición entre el PP y los ultras llega a mitad de mandato en Castilla y León
Todo comenzó con un tuit y terminó en el primer gobierno autonómico PP-Vox. Francisco Igea (Ciudadanos) secundaba a Alfonso Fernández Mañueco (PP) en Castilla y León todavía a las nueve de la mañana del 20 de diciembre de 2021. Un minuto después, se enteró durante una entrevista en Onda Cero, donde defendía la coalición, que Mañueco rompía la baraja por Twitter: echaba a los consejeros de Cs, disolvía las Cortes y convocaba elecciones. “¡Qué cojones piensa sobre los ciudadanos!”, estalló Igea. Las urnas hablaron a principios de 2022: el PP no tenía el músculo ansiado para gobernar en solitario e irrumpía Vox. El pacto, tras apurar plazos cortejando, inauguró los acuerdos entre ambos partidos. Hace dos años del viraje y Castilla y León ha atravesado por frecuentes polémicas, aunque las principales exigencias ultras no se han ejecutado. La alianza se ha replicado en más regiones tras las últimas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023, mientras en que en la coalición pionera, cuyos ecos llegaron a ser objeto de controversia en Bruselas por ser la primera alianza del principal partido conservador español con la ultraderecha, vuelven las especulaciones tras retrasarse los Presupuestos de 2024.
La nueva era en Castilla y León acarreó un cambio en la vicepresidencia con Juan García-Gallardo a la diestra de Mañueco en las Cortes y en lo programático. Vox presumió de haber conseguido todo lo que demandaba del PP en forma de consejerías (Agricultura y Ganadería, Industria y Empleo y Cultura), la presidencia de las Cortes para Carlos Pollán y la vicepresidencia de Gallardo. En cambio, el plan conjunto de 11 ejes con 32 acciones se ha aplicado más en lo verbal y simbólico que en lo legislativo. PP y Vox firmaron eliminar el decreto de Memoria Histórica en favor de uno de “Concordia” y retirar la ley de Violencia machista por una de “Violencia intrafamiliar”, si bien apenas hay avances legislativos. Los ultras pregonan mediante Gallardo sus discursos reaccionarios, pero sin ratificación parlamentaria. Este juego de equilibrios se conjuga desde un mismo mensaje desde ambas bancadas: los unos culpan a los otros de las estridencias y los otros les reprochan la falta de avances normativos. El nexo, la “estabilidad para los ciudadanos de Castilla y León” pregonada por Mañueco, aliñada con el mantra de “dos partidos distintos” unidos por la gobernabilidad.
La entente se encamina a su segundo año de legislatura, casi la mitad de la misma, sin haber cerrado Presupuestos para 2024. El consejero de Economía y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), lo atribuía a la falta de certezas sobre la asignación tributaria aportada por el Gobierno central a la comunidad. Hasta una eventual aprobación de nuevas cuentas seguirán vigentes los primeros y únicos suscritos por la coalición, con dos claves publicadas por EL PAÍS: aumentaban las partidas para altos cargos pese al discurso antipolíticos de Vox y con unas partidas de Cultura ideologizadas y con recursos multiplicados para la tauromaquia. El mandato de Agricultura y Ganadería se ha caracterizado por un consejero, Gerardo Dueñas, afirmando que “quizá se ha llevado muy al extremo la salud pública” al intentar relajar las medidas sanitarias bovinas mientras su compañero en Empleo, Mariano Veganzones, llama “sanguijuelas” o “parásitos” a sindicatos a quienes ha menguado fondos.
Los decibelios aumentan cuando habla Gallardo, quien hace un año inició una polémica sobre un nuevo plan de medidas antiabortivas finalmente no dispuesto. El vicepresidente ha cabalgado múltiples controversias, con insultos y descalificaciones que provocaron que incluso Mañueco, poco dado a los focos, desautorizara a su aliado. Fuentes del PP admiten que “en su fuero interno seguramente Mañueco no soporte a Gallardo”, pero salvo movimiento inesperado no atisban rupturas: “La relación no es mala, parecida a cuando estaba Ciudadanos. Pero estos son menos revoltosos, no tienen un Igea”. Y añaden que de haber sorpresas llegarán cuando se aproxime la campaña para las elecciones europeas, pero bajo la tutela de Feijóo. Fuentes de las Cortes destacan la “buena relación” entre ambos grupos con escasas discrepancias programáticas.
La falta de Presupuestos ha recordado a los prolegómenos del divorcio del PP con Ciudadanos. Poco antes del golpe, el presidente Mañueco proclamaba: “El presupuesto es el mayor indicador de la estabilidad de un Gobierno”. Y a ello se acogió para fundamentar el volantazo. El principal damnificado, Francisco Igea, ahora fuera de Ciudadanos pero que conserva su acta en las Cortes, no cree que el PP se plantee “por lo menos hasta después de las europeas [de junio]” un adelanto en Castilla y León, tampoco impulsado por las elecciones gallegas de febrero o los comicios vascos, también próximos pero aún sin fecha: “No hay ninguna encuesta que le dé mayoría absoluta ni tampoco [el partido] querría hacerlo”. En 2021 sí había sondeos favorables, y erraron.
Mañueco, afirman en su entorno, en ningún caso buscaría una competición en solitario, en primera plana, como en la intensa campaña de 2022, donde acabó exhausto. La deriva general, con Vox como socio ineludible del PP en decenas de corporaciones locales y media docena de autonomías, difumina que en Castilla y León se actúe contracorriente. Los resultados de las municipales y autonómicas del pasado mayo, recuerda una figura del PP nacional, quitaron a Mañueco la vitola de “patito feo” por abrazarse a la ultraderecha. Se convirtió en la fórmula replicada por muchas autonomías y Ayuntamientos para desbancar al PSOE: “Ni Mañueco ni Feijóo querían pactar con Vox. Pero a veces no queda otro remedio”.
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