Felipe VI intenta que la polarización política no salpique a la Corona

Muchos leerán con lupa el discurso de Navidad de Felipe VI que se emite esta noche, el décimo desde que llegó al trono en 2014. Como cada año. Pero esta vez más porque, aunque el Gobierno visa su discurso antes de que lo pronuncie, el Rey está obligado a caminar por el filo de la navaja y guardar el equilibrio en un clima de crispación y polarización política sin precedentes.

En julio, el digital El Debate, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas, publicaba un artículo de su director de opinión en el que sugería que, tras el previsible fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, el Rey debía dejar correr los dos meses de plazo hasta la disolución automática de las Cortes sin designar como candidato a Pedro Sánchez. Es decir, que debía convertirse en un agente político más y saltarse la Constitución, algo en lo que habría incurrido en caso de actuar así, en opinión de juristas como el exministro de Justicia Tomás de la Quadra.

También en las filas del Gobierno temían algunos que el Rey titubeara. Pero no lo hizo. Nada más concluir la segunda ronda de consultas tras las elecciones, el 3 de octubre, el jefe del Estado encargó la investidura a Pedro Sánchez. Podría haber celebrado otra ronda o haberse tomado unos días de reflexión, ya que la elección del candidato socialista no estaba atada, pero quiso cerrar el paso a cualquier especulación.

Eso sí, justificó su decisión en un extenso comunicado en el que recordaba que la responsabilidad de otorgar la confianza al candidato no era suya, sino del Parlamento. También cuando designó a Feijóo, en agosto, La Zarzuela se justificó con una larga nota en la que alegaba que encargar formar Gobierno al líder del partido más votado se había convertido en “costumbre” y que no se vislumbraba mayoría alternativa. El Rey y el propio Feijóo sabían que su investidura era un brindis al sol.

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El beso de Felipe VI al rey emérito Juan Carlos en Grecia

La nominación del candidato a presidir el Gobierno es una de las prerrogativas más importantes del jefe del Estado. El artículo 99.1 de la Constitución solo indica que debe hacerlo tras consultar con los grupos políticos parlamentarios, pero no aclara en qué criterios debe basar su decisión. Ese es su gran poder y su mayor vulnerabilidad.

El Rey es el “árbitro” que “modera el funcionamiento regular de las instituciones”, según la Ley Fundamental, pero el árbitro no puede ejercer su papel si los equipos no aceptan las reglas del juego y se comprometen a respetarlas: “Si en vez de practicar el fair play, se embarra deliberadamente el campo”, en palabras de un veterano político.

El jefe del Estado se mueve en el terreno del consenso entre las grandes fuerzas políticas, donde puede representar a una amplísima mayoría de los españoles. Pero ese espacio se ha ido achicando en los últimos años; asuntos que eran transversales —la lucha contra la violencia de género o el cambio climático— empiezan a presentarse como divisivos; incluso pedir el alto el fuego en Gaza o Ucrania puede levantar sospechas de partidismo. Si el Rey reclama que se cumpla la Constitución, algunos interpretarán que está exigiendo al PP que renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); y otros, que está reclamando al PSOE que desista de seguir adelante con la amnistía a los encausados del procés catalán.

Concentraciones en Ferraz

Por vez primera, en las concentraciones promovidas por Vox y alentadas por el PP frente a la sede federal del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, durante varias semanas, se ha escuchado a manifestantes de derechas gritar contra la Monarquía. “¡Felipe, masón, defiende a la Nación!” o “Los Borbones, a los tiburones” han estado entre los lemas más coreados.

Las banderas de España con un agujero en el centro no solo representaban el rechazo al escudo constitucional, sino también a la corona que lo culmina. Algunos manifestantes se mostraban convencidos de que Felipe VI nunca sancionaría la ley de amnistía, mientras otros advertían: “‘¡Desengáñate, si ha tragado con la investidura de Sánchez!”. El Rey no puede negarse a rubricar una ley aprobada por las Cortes.

“El jefe del Estado es plenamente consciente de cuáles son sus obligaciones constitucionales y las cumple escrupulosamente”, se limitan a responder en La Zarzuela cuando se pregunta por su actitud ante la investidura o la amnistía.

La Monarquía siempre ha estado en el punto de mira de los partidos a la izquierda del PSOE, que utilizaban este asunto para desmarcarse de los socialistas. La novedad es que desde la derecha se sitúe a la Corona en el escenario de sus críticas, aunque sea como un elemento colateral. Alberto Núñez Feijóo asegura que la amnistía supone una desautorización del discurso que pronunció Felipe VI el 3 de octubre de 2017, en el que abrió la puerta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Obvia que aquella medida fue apoyada por el propio Pedro Sánchez, líder entonces de la oposición.

El presidente del PP también ha acusado al Gobierno de ningunear al Rey por el hecho de que lo acompañara el secretario de Estado para Iberoamérica y no el ministro de Exteriores a la toma de posesión del nuevo presidente argentino, Javier Milei, a pesar de que José Manuel Albares tenía que presidir una reunión de sus homólogos de la UE en Bruselas y de que esta circunstancia se produjo en más de una ocasión cuando gobernaba el PP. La admisión a trámite en el Congreso de una proposición de Sumar que busca despenalizar las injurias a la Corona ha servido para que la Monarquía se sitúe de nuevo en el epicentro de la refriega política.

El cuestionamiento de la Jefatura del Estado no es nuevo, pero en este momento puede ser más preocupante, admiten fuentes gubernamentales, porque coincide con el intento de deslegitimar las demás instituciones, comenzando por el propio Gobierno —al que la tercera fuerza política del país, Vox, tacha de “ilegal”—; pasando por la presidenta de las Cortes, a la que el PP ha evitado aplaudir en algún discurso oficial; el Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde hace un lustro de renovación; la Fiscalía General del Estado o el propio Tribunal Constitucional, acusados de parcialidad desde los medios de la derecha.

Con las concentraciones en Ferraz como trasfondo se ha desarrollado una activa campaña desde sectores ultraconservadores contra la reina Letizia, a quienes unos acusan de ecologista, laica y feminista y otros de haber forzado el alejamiento del rey emérito, autoexpatriado en Abu Dabi desde agosto de 2020.

Ambos grupos la consideran en todo caso una mala influencia sobre el Rey y la han convertido en blanco de sus ataques. La publicación de un libro del veterano cronista Jaime Peñafiel con el testimonio de Jaime del Burgo, excuñado de la Reina, en el que insinúa un antiguo romance con ella; y la publicación de whatsapps personales de doña Letizia, borrados a continuación, han llevado a medios como el británico The Telegraph a sugerir que todo responde a una venganza de los fieles al anterior monarca.

Sin embargo, es precisamente el flanco abierto por la marcha de Juan Carlos I el que la Casa Real está consiguiendo cerrar. Una vez saldadas las cuentas judiciales y fiscales que tenía en Suiza, España y Reino Unido —donde su examante Corinna Larsen le reclamaba una indemnización millonaria—, el padre del Rey puede entrar y salir de España con toda libertad. Lo hizo el 31 de octubre, para celebrar en El Pardo con el resto de la Familia Real la mayoría de edad de la princesa Leonor. Y regresó el miércoles, para asistir en un restaurante madrileño a la conmemoración del 60º cumpleaños de su primogénita, la infanta Elena. En ninguno de los dos casos se quedó a dormir en Madrid. Tras la reunión familiar, tomó un jet privado para regresar a Abu Dabi.

Sanxenxo y Cataluña

Según fuentes de su entorno, el rey emérito no quiere dormir en Madrid si no puede hacerlo en La Zarzuela, una condición que le impuso su hijo, de acuerdo con el Gobierno, cuando se normalizaron sus visitas a España. Lo novedoso es que estas estancias hayan dejado de ser noticia, y que los periodistas ya no le pidan explicaciones por sus cuentas en paraísos fiscales, como hicieron la primera vez que acudió al club náutico de Sanxenxo (Pontevedra) en mayo de 2022, sino que se pregunten por el significado del saludo que intercambió con Elena de Bordón al despedirse. Fuentes de su entorno aseguran que Juan Carlos I pasará sus cuartas Navidades en Emiratos sin la compañía de su familia, aunque sí se espera que parientes y amigos acudan a visitarlo el 5 de enero, cuando cumple 86 años.

Para la Casa Real, los escándalos que rodearon al rey emérito son agua pasada y la posibilidad de que regrese depende ahora de cuestiones logísticas y financieras: dónde residiría, cómo se mantendría y qué explicaciones tendría que dar a Hacienda si volviera a tener residencia fiscal en España.

También ha dejado de ser noticia la presencia de la Familia Real en Cataluña. Los disturbios que rodeaban las visitas de Felipe VI después de 2017 han desaparecido e incluso comienza a frecuentar los feudos independentistas, como la provincia de Girona, a la que regresó en junio para la entrega de los Premios Princesa de Girona en Caldes de Malavella, aunque aún no la capital. Superada la tensión, el objetivo de La Zarzuela es recuperar la cordialidad.

La mayor confianza en la solidez de la institución ha permitido a Felipe VI volcarse este año en potenciar la proyección pública de su heredera, Leonor de Borbón. No solo ha jurado la Constitución ante las Cortes al cumplir la mayoría de edad, sino que el Rey la ha incorporado a su lado como una figura institucional en actos como la recepción de la Fiesta Nacional o la apertura solemne de la legislatura. La Monarquía, en medio de la marejada política, trata de mantener el rumbo sin escorarse.