La situación en Gaza dispara las detenciones de yihadistas en España con cifras cercanas al 11-M

El ataque de Hamás en distintos puntos del territorio israelí del 7 de octubre no solo desencadenó la invasión y la masacre en la Franja de Gaza que prosigue hoy sino que elevó el estado de amenaza yihadista en toda Europa. España reforzó su nivel 4 de alerta (sobre un máximo de 5) y, desde entonces, se han sucedido las operaciones policiales y las detenciones de supuestos radicales islamistas. Solo en los dos últimos meses se han producido 54 arrestos de presuntos yihadistas, según una estadística del Ministerio del Interior a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Son más que en todo el año pasado, cuando fueron 46 los arrestados. En total, en lo que va de año, son 77 los detenidos por su supuesta vinculación con el yihadismo. El 82% han caído en operaciones desarrolladas por la Policía Nacional y el 18% restante, en actuaciones de otros cuerpos de seguridad del Estado, según fuentes de la lucha antiterrorista. Estas cifras son de las más altas de los últimos años, solo superadas por las las de 2004, cuando se cometieron los atentados del 11-M y fueron detenidos 131 presuntos yihadistas; y las de 2005, cuando hubo 92 arrestados.

Los expertos en la lucha antiterrorista no ocultan que, aunque se trataba de investigaciones en curso, el factor fundamental de esta nueva oleada de detenciones ha sido la tensión que supone la guerra en Gaza, que ha agudizado las labores de prevención habituales de los servicios de seguridad e intervienen ante la menor intencionalidad de actuar. Las mismas fuentes aseguran que la colaboración internacional es otro de los elementos que ha contribuido a elevar estas estadísticas, ya que la información entre los países “fluye más rápido y de manera más efectiva y coordinada”, advierten.

“El conflicto entre Israel y Palestina será un acelerador de fenómenos que ya se están apuntando desde hace cierto tiempo en Europa, tales como los procesos de radicalización que pueden desembocar en la comisión de atentados terroristas por parte de actores individuales o la propia polarización de la que se nutre el extremismo y que también se puede traducir en incidentes violentos”, dice el director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, Carlos Igualada.

Desde los brutales atentados del 11-M, la acción policial contra el yihadismo ha evolucionado en paralelo a sucesivas modificaciones legales introducidas para combatirlo. Se ha pasado de la desarticulación de células con varios integrantes a la detención de lobos solitarios y a la neutralización de la potencial amenaza que pueden suponer adoctrinadores y difusores de propaganda yihadistas (incluso desde las cárceles), así como los autoadoctrinados con lecturas radicales del Islam o los retornados desde las zonas de conflicto. Según fuentes policiales, 263 residentes en España —64% de origen marroquí, 15% españoles y el resto de otras nacionalidades— se desplazaron hasta Siria e Irak, principalmente. De ellos, 102 murieron en combate, 63 regresaron, de los que 49 lo hicieron a España -nueve están en prisión- y 40 fueron puestos en libertad. Los restantes 98 combatientes que partieron de nuestro país permanecen en paradero desconocido.

Las consecutivas operaciones de los últimos meses confirman una creciente preocupación por las expresiones y acciones yihadistas. La Operación Miya de la Policía Nacional, realizada en dos fases y con la participación de 12 países, mostraba la semana pasada cómo ya se conforman redes internacionales de apoyo, logístico y económico, a través de redes sociales encriptadas, para dar soporte a individuos concretos: presuntos yihadistas frustrados por no haber podido acceder a zonas de conflicto que ahora deciden pasar a la acción en suelo europeo. Se saldó con 13 detenidos, cinco en suelo español.

La presencia de menores entre los últimos detenidos esta misma semana también marca un hito en este periodo. En septiembre, fue arrestada Verónica Antonieta R., una mujer de 39 años que vivía en Vitoria, a la que se acusa de alentar a sus cuatro hijos, todos menores de 12 años, a convertirse en “en terroristas dispuestos a matar, morir y autoinmolarse”, según destacó la Audiencia Nacional en una resolución. Además, en noviembre fueron detenidos dos adolescentes en Palma de Mallorca y Plasencia (Cáceres) por difundir proclamas radicales islamistas en canales de videojuegos frecuentados por jóvenes. El pasado lunes, a otros tres menores, (dos en la provincia de Madrid y otro en Barcelona) se les intervino manuales para elaborar Triperóxido de Triacetona (TATP), un potente explosivo de fabricación casera conocido como madre de Satán. En 2022 solo fue detenido un menor de edad.

En noviembre fueron detenidos 14 paquistaníes acusados de formar parte presuntamente de la estructura en España de Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), un partido islamista radical con representación parlamentaria en el país asiático que aboga por implantar la ley islámica y ajusticiar a todo aquel que considera blasfemo. Todos ellos han sido expulsados recientemente de España sin esperar a que fueran juzgados.

Entre otras acciones de la lucha antiterrorista que se han llevado a cabo este año, destaca también la detención de Yassine Kanjaa, el ciudadano marroquí de 25 años que el 25 de enero asesinó a machetazos al sacristán Diego Valencia e hirió a otras cuatro personas durante un ataque a dos céntricas iglesias de Algeciras (Cádiz), en lo que es el último atentado yihadista cometido en España. Ese mes también fueron detenidas al llegar a España Yolanda Martínez y Luna Fernández, las dos esposas de yihadistas repatriadas por el gobierno español desde Siria con sus hijos.