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La madre yihadista que “adoctrinó” a sus cuatro hijos para “matar, morir e inmolarse”

La Audiencia Nacional investiga a una mujer detenida en septiembre en Vitoria por “manipular” e “imbuir” en la “ideología” terrorista a sus niños, todos menores de 12 años y con los que pretendía “trasladarse a Irak”

Cómo ha cambiado el perfil de los yihadistas en dos décadas
La Guardia Civil traslada a Verónica Antonieta R. tras su detención en su casa de Vitoria, el pasado 26 de septiembre.L. Rico (EFE)
J. J. Gálvez

Verónica Antonieta R., de 39 años, vivía de alquiler con sus cuatro hijos (todos varones de menos de 12 años) en un bloque de casas de seis plantas junto a la avenida de los Derechos Humanos, en el barrio de Zabalgana, a las afueras de Vitoria. De nacionalidad española y convertida al islam, esta mujer emprendió un intenso proceso de radicalización que, según la Audiencia Nacional, le ha conducido a una defensa férrea de postulados extremistas y a lanzarse, en los últimos meses, a intentar captar adeptos al Daesh por internet, tras jurar “lealtad” a la organización yihadista. Su implicación es tal que entre sus “víctimas” se encuentran sus propios hijos, a los que animaba a convertirse en “combatientes”, es decir, “en terroristas dispuestos a matar, morir y autoinmolarse”, según incide la Sala de lo Penal en una resolución a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Los investigadores señalan que ya había iniciado, incluso, los “preparativos” para abandonar España y “trasladarse” con sus pequeños a Irak.

La Guardia Civil frenó a Verónica Antonieta R. el pasado 26 de septiembre. Agentes del instituto armado, que le seguían la pista desde principios de 2023, la detuvieron ese martes en su casa, de donde salió cubierta totalmente por un niqab que solo permitía verle los ojos. Tras quedar a disposición judicial esa semana, el magistrado Francisco de Jorge la envió a prisión provisional sin fianza y le retiró la guardia y custodia de sus cuatro hijos, que quedaron así a cargo de su padre. Según fuentes jurídicas, la Sala de lo Penal ha ratificado después ambas decisiones. Todo ello en el marco de unas pesquisas bautizadas como Operación Larín Colodro y que confirman el creciente protagonismo de las mujeres como agentes de radicalización en el yihadismo.

El último informe anual del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) destaca este fenómeno: “La mujer ha adquirido un papel activo en los últimos años en cuanto a la creación y difusión de contenido propagandístico, así como en su implicación en labores de radicalización”, señala. El estudio Yihadismo y yihadistas en España: 15 años después del 11-M, del Real Instituto Elcano, también apuntaba ya en 2019 en esa línea al subrayar que, más allá de encargarse del “adoctrinamiento de los hijos”, los “medios virtuales” se han convertido en una “ventana de oportunidad” para ellas.

Verónica Antonieta R. ejecutó supuestamente esa doble faceta a la perfección. Por un lado, según la Guardia Civil, aprendió a moverse como pez en el agua en internet, donde desplegó una potente labor propagandística para sumar “adeptos” a su causa: editaba y difundía vídeos, repetía proclamas en favor del grupo terrorista, hacía publicaciones en webs y redes sociales en varios idiomas (español, árabe, inglés y ruso)… Y, paralelamente, se dedicó a “manipular” e “imbuir” a sus cuatro hijos en la “ideología yihadista”, “privándoles así mismo de la capacidad de análisis y crítica que paulatinamente han de ir desarrollando los niños en su evolución”, remarca la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Es más, remacha el instituto armado, la mujer se “enorgullecía” en esos foros virtuales de haber educado a sus pequeños en “los postulados más violentos” del radicalismo y se “vanagloriaba” de su “convicción” de unirlos al Daesh.

Un fanatismo que no acababa ahí. El sumario revela que la madre pensaba pasar de la teoría a la práctica. “Están acreditados los preparativos llevados a cabo por la investigada para marcharse de España llevándose con ella a sus hijos” (nacidos en 2012, 2014, 2017 y 2019) a “una zona de conflicto en la que su integridad se vería en peligro”, afirma la Sala, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este diario, donde se añade: “Ello implica un abandono de los deberes de cuidar de los menores y de proporcionarles una educación sana que les prepare para vivir como adultos libres. Y supone poner a los menores en riesgo de morir colaborando con una organización terrorista, que en ocasiones también utiliza menores”.

El fiscal del caso, Joaquín González-Herrero, ha considerado que existen suficientes indicios contra Verónica Antonieta R. y, tras comparecer esta ante el juez, pidió que se le enviara a prisión debido al riesgo de fuga, de ocultación de pruebas y de que siguiera cometiendo delitos. Una solicitud que aceptó el juez instructor De Jorge, que atribuye a la detenida posibles delitos de pertenencia a organización terrorista, autoadoctrinamiento, adoctrinamiento de terceros, desplazamiento al extranjero para colaborar con organización terrorista y enaltecimiento del terrorismo.

La defensa de la presunta yihadista ha tratado de sacarla de la cárcel. Su abogada presentó un recurso contra su encierro en prisión preventiva. Alegó que podían adoptarse medidas menos “gravosas”, como la libertad bajo fianza, la retirada del pasaporte o su comparecencia cada ciertos días en un juzgado. También minimizó el riesgo de fuga: manifestó que la mujer carece de antecedentes, tiene “un fuerte arraigo en España”, con domicilio permanente en Vitoria y cuatro hijos, y que percibe una pensión del Estado. Una tesis que ha desechado la Sala de lo Penal: “Existen datos que apuntan a la intención de la acusada de abandonar territorio español en compañía de sus hijos, lo que puede ser tomado como indicio del riesgo de fuga. Es indudable que la puesta en libertad supondría la creación de un riesgo, ya que ningún obstáculo tendría para colocarse fuera de la acción de la justicia”.

EL PAÍS ha contactado con la defensa de Verónica Antonieta R., que no ha querido hacer comentarios sobre las acusaciones que se vierten contra ella. La causa sigue secreta, según añadió.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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