La reforma contra el yihadismo se basa en una ley que el PP no apoyó

Los mayores atentados yihadistas en lo que va de siglo desencadenaron reformas legales urgentes con medidas de excepción en los países que los sufrieron. Salvo en España con la matanza de los trenes el 11 de marzo de 2004 (191 muertos). Aquí se optó por reforzar los medios (policías, traductores de árabe...) pero sin cambiar la normativa antiterrorista, que se mantuvo intacta hasta seis años después.

Estados Unidos. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center (Nueva York) y el Pentágono (Washington) que provocaron 3.016 muertos y más de 6.000 heridos, Estados Unidos aprobó de urgencia una ley antiterrorista (Patriot Act) que permitía al FBI intervenir comunicaciones de sospechosos sin autorización judicial durante las primeras 48 horas; obligaba a las empresas de Internet a entregar registros de actividad y correos de sospechosos; se permitía pinchar las conversaciones entre abogado y recluso en la cárcel sin pedir permiso al juez cuando existiera una sospecha razonable; y amparaba la detención de extranjeros durante siete días sin formular cargos contra ellos.

Reino Unido. Tras los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres (56 muertos y 700 heridos por cuatro bombas que explotaron en el transporte público: tres en el metro y una en un autobús), la reforma legal aprobada otorgó mayores poderes al ministro del Interior para deportar a extranjeros que alentasen ideas terroristas; prohibir la entrada de cualquier persona que haya tenido algún vínculo con organizaciones terroristas e incluso ilegalizar organizaciones musulmanas.

Javier Gómez Bermúdez, presidente del tribunal que juzgó el 11-M y ponente de la sentencia, considera "insuficiente" la regulación de los denominados "lobos solitarios". "Solo se les puede condenar por el concreto delito que cometan mientras que al terrorista que es miembro de una organización se le castiga además con hasta 10 años por pertenencia a banda armada". El magistrado apoya el castigo por "adiestramiento pasivo porque los que se prestan a ser adoctrinados y entrenados a través de la Red son sujetos potencialmente muy peligrosos". "Sancionar los desplazamientos a zonas sensibles", señala "es inviable, salvo que se pruebe que es para incorporarse a un grupo terrorista. Y entonces, ya está penado como delito de integración en organización terrorista".

Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional experta en terrorismo yihadista, sostiene que el Código Penal de 2010 "es uno de lo más completos del mundo en cuanto a conductas terroristas se refiere". "El verdadero problema”, sostiene, “es el de la prueba, acreditar las acciones, su finalidad y sus circunstancias". La reforma más eficaz pasa por mejorar las herramientas de investigación y regular "por ejemplo, la actuación policial encubierta en la red, uno de los principales instrumentos de estas organizaciones".

Fernando Reinares, investigador de Terrorismo Internacional en el Real Instituto Elcano, recuerda que la reforma legal de 2010 "introdujo tipos penales nuevos que, de haber existido antes, podrían haber evitado atentados como el del 11-M". "España", opina, "está en inferioridad de condiciones respecto a países del entorno para investigaciones contra el yihadismo. Planteo que sea posible hacer escuchas o grabaciones por decisión administrativa. La policía se queja de que cuando hace falta culminar una investigación sería bueno facilitar y agilizar esos mecanismos". "España está en desventaja a la hora de judicializar pruebas procedentes de fuentes de inteligencia que a menudo no se aceptan. Además, sería necesario que fuese consideraba válida como prueba la declaración de imputados ante la policía".