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Un partido radical paquistaní echa raíces en España

La Policía halla en un piso de Barcelona una lista de cargos del TLP, una formación que defiende la decapitación de quienes blasfemen contra Mahoma

Jesús García Bueno
Cartel con el nombramiento de Hassan K. por el partido TLP en España.
Cartel con el nombramiento de Hassan K. por el partido TLP en España.Policía Nacional

Hassan K. escondía en su habitación de un piso de Barcelona un folio manuscrito que puede convertirse en una piedra de Rosetta para la Policía. El papel en poder de este paquistaní de 19 años, con una barba poblada que contrasta con un bigote casi invisible y una melena azabache partida en dos, ha puesto a los investigadores tras una pista: la existencia, en España, de una estructura formal de Tehreek-e-Labbaik Pakistán (TLP), un partido legal y con representación parlamentaria en el país asiático que promueve decapitar a quienes blasfemen contra Mahoma.

El documento, escrito en urdu, contiene un listado con los nombres, teléfonos y cargos de los 15 principales responsables del TLP en España, según fuentes de la investigación. Además de un “jefe supremo” (el único sin identificar), existe un presidente (o “emir”) y un vicepresidente. Pero también, a semejanza de los partidos al uso, “comisionados” de distintas materias: finanzas, política, administración, seguridad, asesoría jurídica, asuntos sociales y hasta relaciones públicas. Hassan, que vive con sus padres y hermanos en un piso del Poblenou de Barcelona, no aparece en el organigrama. Pero apunta alto.

En abril de 2021, Hassan envía a un grupo de WhatsApp un cartel electoral que informa de su nombramiento como “secretario de comunicación de TLP España-Cataluña”. En el cartel aparecen las fotos de algunos de los autoproclamados “mártires” del partido y de El Sheik Khadim Hussain Rizvi, un antiguo funcionario gubernamental expulsado por sus sermones radicales que, en 2015, fundó el TLP para defender la vigencia de la polémica Ley de Blasfemia en Pakistán. El objetivo del partido es lograr que las ofensas al islam sean “castigadas con la pena de muerte en todo el mundo”, según los informes del Cuerpo Nacional de Policía en la causa abierta por la Audiencia Nacional contra Hassan y contra otros cuatro jóvenes que, presuntamente, promueven esos mismos postulados desde España.

Los servicios de información muestran su preocupación por un grupo de “peligrosidad extrema” que ha tenido una amplia acogida “entre jóvenes pakistaníes residentes en Europa”. Tras un proceso de “radicalización”, advierten los informes, algunos de ellos han sido autores de atentados en Pakistán y Francia. La mayoría de esos chicos procede del Punjab, en cuya capital, Lahore, nació el predicador Rizvi hasta su muerte por enfermedad en 2020, cuando fue sucedido por su hijo Saad Hussain.

Hassan y los otros investigados, residentes en Cataluña y Andalucía, publicaron en Tik Tok, Facebook e Instagram vídeos con fragmentos de los discursos radicales de los Rizvi, que en 2018 sacaron a miles de personas a la calle en Lahore para lograr que se ejecutara en la horca a Asia Bibi, la cristiana condenada a muerte por insultar a Mahoma. El partido glorifica a autores de atentados cometidos para vengar supuestas ofensas al profeta. Como Zaheer Hassan Mahmood, que en septiembre de 2020 apuñaló a dos personas frente a la sede de Charlie Hebdo en París tras el anuncio de la revista satírica de que volvería a publicar caricaturas de Mahoma. O Abdullah Abuyedovic Anzorov, que apenas un mes después decapitó al profesor francés Samuel Paty a las puertas del colegio Bois d’Aulne (noroeste de París) porque había enseñado esas mismas caricaturas en una clase sobre libertad de expresión.

Un vídeo en La Rambla

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El sumario, al que ha accedido EL PAÍS, muestra que los investigados también elaboraron material propio. Touseeq H., de 25 años y vecino de Castelló d’Empúries (Girona), y Muhammad S., de 24 y residente en Úbeda (Jaén), grabaron juntos un vídeo que colgaron en Tik Tok en el que Muhammad “hace un gesto con la mano extendida en señal de cortar el cuello”, según la interpretación policial. El vídeo fue grabado durante un paseo por La Rambla de Barcelona, que en 2017 fue escenario de los atentados yihadistas del 17-A, en los que murieron 16 personas.

El más activo en redes ―maneja ocho perfiles distintos― es Hassan, que expresa su deseo de que ciertos castigos vigentes en Afganistán (como las amputaciones) lleguen a España. En una ocasión, solicita a un compatriota residente en Francia que le busque fotografías del domicilio de Emmanuel Macron. “No hablo francés, por favor compruébame la información en Google y dámela, quiero su localización urgente”, escribe. La petición parece un poco naíf, pero muestra hasta qué punto el presidente francés es una de las bestias negras del partido antiblasfemia y objetivo recurrente de los Rizvi.

En libertad

Los cinco paquistaníes investigados fueron detenidos en febrero “ante el riesgo de que pudieran ejecutar una acción”, dice la Policía, que sin embargo no aporta un solo indicio en ese sentido. Las detenciones preventivas son una forma de proceder habitual ante el terrorismo yihadista, que en ocasiones deriva en causas judiciales vacías de pruebas sólidas. El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Elías Gadea ordenó el ingreso en prisión de los cinco jóvenes por tres delitos de terrorismo que han sido desmontados, en parte, por el abogado Benet Salellas, lo que les ha permitido quedar en libertad provisional.

Salellas ha demostrado el arraigo de los chicos en sus ciudades y ha probado, con una carta remitida por la embajada de Pakistán en Madrid, que el TLP es un partido “legal” en el país asiático y “participa en los procesos electorales a nivel local, provincial y estatal”.

La Fiscalía ha admitido que no consta en la lista de organizaciones terroristas de la UE o de ningún otro ente transnacional. La Audiencia Nacional cree que esa circunstancia “debilita” los indicios del delito de captación para la integración, el único de los tres delitos planteados ―junto a enaltecimiento y difusión para incitar a cometer atentados― que conlleva elevadas penas de prisión (de cinco a diez años) y que podría justificar el riesgo de fuga.

No puede haber captación si no hay organización terrorista. El tribunal cree que sí hay indicios, por ahora, de enaltecimiento, que se castiga con penas menores (de uno a tres años de cárcel).

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Policia Nacional

La embajada admite que el TLP fue suspendido temporalmente por “un breve periodo de tiempo” tras los disturbios que desencadenó la puesta en libertad de Asia Bibi en octubre de 2018. Durante varios días, los seguidores del movimiento radical lincharon a policías, provocaron destrozos y paralizaron la actividad del país, especialmente en el Punjab.

El líder, Rizvi, animó a la población a alzarse contra el jefe del Ejército y a asesinar a los jueces de la Corte Suprema. Fue detenido por terrorismo y sedición y, dos años después, un centenar de seguidores fueron condenados a elevadas penas de prisión.

La prohibición de actividad del partido se dictó en abril de 2021 en aplicación de la Ley Antiterrorista de Pakistán, pero se levantó apenas siete meses más tarde con el compromiso del TLP de “no alterar la vida pública”, según la embajada.

En el informe remitido al juez, la Policía considera que su legalización exprés se debió a las “presiones” del grupo durante esos meses, en los que se reprodujeron los disturbios, con muertos y heridos en Lahore. Los investigadores no albergan dudas de que el TLP es equiparable a grupos como Al Qaeda o Estado Islámico porque, como ellos, “manipulan el sentimiento religioso” de los jóvenes.

Aunque asentados en España, Hassan y el resto de investigados seguían intensamente los vaivenes de la política de su país. Cuando el TLP fue prohibido, el secretario de comunicación acudió a una pequeña manifestación en la plaza de España de Barcelona. Fuentes de la defensa señalan que, a pesar de que su día a día estaba en Barcelona, Castelló d’Empúries, Úbeda o Granada, los chicos seguían mentalmente instalados en la realidad social, cultural y política de Pakistán.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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