Sánchez: “La amnistía no era el paso siguiente que quería dar, pero es coherente para normalizar Cataluña”

Pedro Sánchez ha admitido este jueves en TVE que la amnistía a los encausados del procés, la medida que ha pactado con los partidos independentistas catalanes para seguir como presidente del Gobierno, no estaba en sus planes antes de las elecciones generales del 23-J, y que concederla “no era el siguiente paso” que él quería dar. En la primera entrevista que concede tras ser investido hace dos semanas, el líder del PSOE, que hasta el 23-J había rechazado siempre y tajantemente la amnistía, ha afirmado que cambió de opinión cuando vio los resultados electorales y tuvo que decidir: o un pacto con ERC y Junts para mantener un Gobierno progresista o dejar gobernar “al PP y Vox”, a los que ha incluido en “la ola reaccionaria” que avanza en el mundo. Sánchez, no obstante, ha defendido la ley de amnistía como “coherente y consecuente” con la política del PSOE “de normalización para Cataluña”.

Preguntado sobre si cree que en España hay lawfare, como aseguran los partidos independentistas —es decir, una guerra o acoso judicial a esos partidos por su ideología—, el líder socialista ha respondido primero: “¿Se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país? Definitivamente”. Y, a continuación, ha puesto un ejemplo que no tiene que ver con la acción de los jueces: “¿Se ha instrumentalizado a la policía para perseguir a adversarios políticos, para ocultar pruebas en causas judiciales que afectaban al PP? Definitivamente. Esa es la Operación Kitchen. Nosotros de lo que hemos hablado es de eso”.

El acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts sí menciona expresamente el lawfare: establece la creación de sendas comisiones de investigación en el Congreso —sobre los atentados yihadistas de 2017 y sobre el presunto uso de la policía por parte del Gobierno del PP para desacreditar a políticos independentistas catalanes—. Y dice que sus conclusiones “se tendrán en cuenta” para una posible ampliación de los beneficiarios de la amnistía si se ve que han podido existir “situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política”. El presidente ha explicado este jueves que esas comisiones de investigación no cuestionarán sentencias judiciales, pero sus conclusiones sí podrían ser objeto de informe a la Fiscalía “para que las tenga en consideración”.

Sánchez se ha mostrado especialmente inconcreto al responder sobre la primera reunión que mantendrán este sábado el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, tras la investidura. Ahondando en la opacidad que ambos partidos han impuesto sobre ese encuentro, el líder socialista ni ha dado el nombre del mediador internacional que los “acompañará” ni ha confirmado siquiera que la cita será en Ginebra (Suiza). “No estamos aún en condiciones de decir dónde va a ser”, ha afirmado el presidente del Gobierno. La reunión debe celebrarse fuera de España porque esa es una condición de Junts, ya que Puigdemont, huido de la justicia desde 2017, sería detenido inmediatamente si pisa territorio nacional. Sánchez sí ha asegurado que la identidad del verificador se dará a conocer, aunque no ha aclarado cuándo: “Se conocerá la persona que nos va a acompañar en ese proceso de diálogo tanto con ERC y Junts”, ha dicho, tras señalar que se trata de un “mecanismo excepcional”.

El presidente ha sido interrogado en La Hora de la 1 por su cambio de opinión radical sobre la amnistía a los encausados del procés. “¿Qué ha pasado? Ha pasado el 23 de julio”, ha resumido. “Yo he defendido que era necesario normalizar y estabilizar la situación política. Probablemente, [la amnistía] no era el siguiente paso que quería dar, pero es un paso coherente con la política de normalización en Cataluña que hemos afrontado […] Entiendo que haya muchos electores conservadores, incluso no conservadores, que tengan dudas sobre esta decisión. Pero lo que les puedo garantizar a unos y a otros es que va a ser bueno para la convivencia. Y que todo lo que hagamos va a estar dentro de la Constitución”, ha añadido. El jefe del Gobierno ha sostenido que el pacto que finalmente ha alcanzado con ERC y Junts no era la solución ideal, sino solo “la solución posible”.

El mandatario socialista ha pedido al PP que abandone el “catastrofismo”, e incluso ha sugerido que puede acabar llamando a Alberto Núñez Feijóo para determinados acuerdos. “Espero que el PP salga de este catastrofismo. España no se hunde. Somos de las economías que más van a crecer este año y el siguiente. España no se rompe. No hay más que pasearse por Cataluña para darse cuenta de que la situación está mucho mejor que en 2017. Y España no se apaga, como dijo el señor Feijóo. Tiene de las energías más baratas, precisamente gracias a las políticas de este Gobierno”, ha manifestado Sánchez. “Pero ¿lo llamará?”, ha insistido el entrevistador. “Va a haber llamada en algún momento”, ha respondido.

Sánchez ha vuelto a recordar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va a cumplir cinco años con el mandato caducado (sus componentes fueron elegidos en 2013, cuando gobernaba Mariano Rajoy, y tiene una mayoría conservadora), y que su renovación no se produce porque el PP se resiste a negociarla. “Este tema es nuclear, medular, para el futuro entendimiento entre el PSOE y el PP”, ha recalcado el presidente. “Vamos a tender la mano al PP, queremos llegar a un acuerdo en el Poder Judicial ante este absurdo e intolerable bloqueo”, ha insistido, sin dejar de remarcar que es el partido de Feijóo quien “está incumpliendo la Constitución y está cuestionando la legitimidad del Congreso”. “Que los ciudadanos tengan claro que voy a intentar tener la mejor interlocución con la oposición”, ha apostillado, tras subrayar que el PSOE no contempla “alterar las mayorías” parlamentarias necesarias para designar a los componentes del órgano de gobierno de los jueces. Una opción, la de rebajar la mayoría necesaria para no tener que contar con el concurso del PP, que sí se planteó el Gobierno la legislatura pasada y de la que La Moncloa desistió tras la reacción negativa de las autoridades de Bruselas.

Como ya adelantó la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Sánchez ha señalado que el Gobierno prorrogará ahora los Presupuestos, pero confía en tener aprobadas las cuentas públicas de 2024 en el primer trimestre de ese año. En cuanto a si la condonación de deuda a las comunidades autónomas será similar a la que el PSOE acordó con ERC para Cataluña (el 20% del total adeudado al Fondo de Liquidez Autonómica, es decir, 15.000 millones de euros), el presidente ha dicho que los criterios que se seguirán serán “objetivos” en términos como la población, sin entrar en más detalles, “para que no haya críticas por parte de ningún Gobierno autonómico”. “Asumir la deuda de las comunidades autónomas por parte del Gobierno es una excepcional medida para los ciudadanos. Que nosotros aliviemos una carga en el pago de los intereses de la deuda va a aliviar a las comunidades y dejarles espacio para que se centren en las políticas sociales”, ha enfatizado.

Sánchez ha evitado criticar a Irene Montero, que lo acusó en el traspaso de la cartera de Igualdad de expulsar a Podemos del Gobierno. “Soy profundamente respetuoso con las organizaciones con las que pacto, yo pacté con Sumar y Podemos se presentó dentro de las siglas de Sumar. Lo único que deseo para la exministra es toda la suerte del mundo, tiene mi respeto y mi cariño”, ha zanjado.