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Ofensiva para cerrar definitivamente el ‘caso Neurona’ abierto a Podemos hace más de tres años

Un investigado pide al juez que archive ya la causa tras recibir el informe que concluye que el partido se ajustó al precio de mercado al contratar a la consultora

Pablo Iglesias, entonces secretario general de Podemos, durante un mitin de campaña en 2019.
Pablo Iglesias, entonces secretario general de Podemos, durante un mitin de campaña en 2019.Josep LAGO (AFP)

Tras meses de parálisis, el caso Neurona comienza a agitarse después de que se haya incorporado el informe pericial final encargado por el juez instructor Juan José Escalonilla (un documento que concluye que Podemos se ajustó a los precios de mercado al contratar a la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de abril de 2019). Uno de los imputados ha solicitado al magistrado que archive ya definitivamente la última parte que queda viva de estas pesquisas, abiertas hace más de tres años y que, tras convertirse en una macrocausa con una decena de líneas de investigación, se han ido desinflando paulatinamente hasta centrarse exclusivamente en la relación entre la empresa latinoamericana y la formación política.

En un escrito remitido al juez este lunes, el abogado de Juan Manuel del Olmo, jefe de la campaña electoral de 2019, reclama que se dé carpetazo de inmediato al sumario, “una vez que se ha confirmado” que el partido se “ajustó” a los precios medios pagados en el sector. En dicho documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la defensa insiste en que, pese a las “espurias” y “torticeras” acusaciones vertidas contra la formación, la “exhaustiva investigación” del instructor ha demostrado que la contratación de Neurona fue legal.

Estas palabras de la defensa no resultan baladíes. Las averiguaciones sobre Neurona han atravesado varias fases. En un primer momento, Escalonilla sospechaba que Podemos, al que imputó como persona jurídica, había pagado a la consultora hasta 363.000 euros por unos trabajos que nunca prestó. Pero después, tras comprobar que sí se hicieron, dio un giro a su investigación para indagar si se había inflado el importe abonado. De hecho, para tratar de ahondar en esa tesis, buscó durante 15 meses a un técnico que le valorase el coste. Y el resultado ha sido un informe elaborado por Aleix Sanmartín, doctor en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que se notificó a las partes la pasada semana. Un documento que echa por tierra esa hipótesis.

El dosier aportado por el perito concluye que los trabajos desarrollados por Neurona para Podemos no solo “cumplen con los cánones y estándares profesionales en el ámbito de la comunicación política internacional y el diseño de campañas”. Sino que, además, el importe que se le pagó “se encuentra dentro del rango medio, e incluso levemente por debajo, de lo establecido por los precios del mercado del sector”.

La incorporación de ese informe a la causa ha provocado ahora el movimiento del abogado de Del Olmo, que recuerda al juez que dijo que se pronunciaría sobre el archivo del proceso cuando recibiera este informe técnico. En opinión de la defensa, no se puede esperar más tiempo para decretar el sobreseimiento, ya que el caso ha generado un “grave” daño a la reputación del partido y de los imputados. “Podemos [ha sido] señalado mediáticamente durante casi cuatro años (toda la pasada legislatura, en la que tuvo incluso responsabilidades de Gobierno) como responsable de numerosos fraudes realmente inexistentes, pero que han llenado sucesivas portadas de periódico y abierto noticiarios en radio y televisión”, incide la defensa, que añade que ha habido personas que “han resultado injusta y públicamente estigmatizadas por su imputación”. Un “futuro” archivo de la causa “no supone, en justicia, reparación suficiente”, remacha el escrito del abogado de Del Olmo.

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Escalonilla puso en marcha el caso Neurona en el verano de 2020 tras recibir una denuncia de un antiguo abogado de Podemos: José Manuel Calvente, enfrentado con la cúpula, como recuerda la defensa de Del Olmo en su escrito enviado ahora al juez, que acusa al exletrado de apoderarse de documentación interna de la formación para usarla después de forma “ilegítima”.

Tras la declaración del exabogado del partido, el magistrado llegó a abrir hasta 10 líneas de investigación, de las que ya archivó nueve. Entre otras, descartó que se pagaran sobresueldos a la gerente y al tesorero de Podemos; que se inflaran los costes de la obra de la sede; o que se desviara dinero de la caja de solidaridad de la formación, un fondo al que los cargos donan parte del sueldo para fines sociales y que la derecha calificó como caja b. También se archivó el caso Niñera, una derivada que se centró en la supuesta utilización de trabajadores de Podemos para el cuidado de la hija de la exministra de Igualdad, Irene Montero, y del exvicepresidente del Gobierno y exlíder del partido, Pablo Iglesias. Actualmente, solo queda viva la parte sobre relación de Podemos con Neurona para las elecciones generales de 2019, que estaba a la espera del informe pericial de Sanmartín.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
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