El juez saca a Podemos del ‘caso Neurona’ tras mantenerlo imputado casi toda la última legislatura

Podemos entró por primera vez en el Gobierno de España en enero de 2020 y, apenas seis meses después, el juez Juan José Escalonilla ya lo había imputado como persona jurídica por el bautizado como caso Neurona. El magistrado, responsable de un Juzgado de Instrucción de Madrid (el número 42), puso así en la picota a uno de los partidos que sostenían al primer Ejecutivo de coalición desde la II República e impulsó una macrocausa que, apoyada prácticamente solo en el testimonio de dos exabogados de la formación enfrentados con la cúpula, ha sembrado sospechas sobre la fuerza política durante más de tres años. Es decir, a lo largo de casi toda la pasada legislatura. Ahora, tras descartar finalmente el delito de financiación ilegal, Escalonilla ha dejado fuera del procedimiento a Podemos y a uno de sus cofundadores, Juan Carlos Monedero, pero aún mantiene vivos los últimos flecos del sumario a la espera de un cuestionado informe pericial que lleva intentando elaborar casi dos años.

La dimensión política del caso Neurona ha resultado, por tanto, incuestionable. Escalonilla ha amasado un sumario que adquirió tintes de macrocausa nada más empezar. Desde el verano de 2020, con la declaración de un antiguo letrado del partido (José Manuel Calvente) como primera base y las dudas de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas sobre la contratación de la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de abril de 2019, el juez ha impulsado hasta 10 líneas de investigación distintas para escrutar al partido, abordando temáticas de lo más variadas: desde esa relación con la compañía latinoamericana a supuestos sobresueldos a altos cargos; supuestos sobrecostes en la obra para reformar la sede; el supuesto desvío de dinero de la caja de solidaridad de la formación, un fondo al que sus miembros donan parte del sueldo para fines sociales; o, incluso el supuesto uso de empleados de Podemos para cuidar a la hija de la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, y del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias —el llamado caso Niñera—.

Pero nada de ello era cierto, según consta en los autos de archivo sobre todas esas partes de la causa, donde se repite la expresión: “No existen indicios [de delito]”. “Lo que se ha hecho contra Podemos es el caso de guerra sucia contra un partido más vergonzoso de nuestra democracia”, opina Juan Carlos Monedero, a quien el juez también imputó en febrero de 2021. Una condición que ha mantenido hasta esta misma semana, señalado como el supuesto comisionista que habría conectado a la formación con Neurona —a la que Escalonilla apuntó como una vía, ahora descartada, para la financiación ilegal del partido o de fuerzas políticas extranjeras, o para compensar a agentes externos que ayudaron a la creación de Podemos en 2014—.

Ione Belarra, actual secretaria general del partido, se ha pronunciado este viernes en el mismo sentido: “El caso fake [falso] de Neurona contra Podemos dura ya más de tres años. Un claro caso de lawfare [guerra jurídica] para perseguir a la fuerza política que impulsa con valentía las mejores transformaciones. No es contra nosotras, es contra la democracia. Mi abrazo más cariñoso a los compañeros perseguidos”. “Calvente inició esta causa fake que impulsó con gusto el juez Escalonilla. [Es] una persecución judicial”, ha remachado la formación en Twitter.

Podemos defendió desde un principio su inocencia y repitió que la causa acabaría en nada. Sin embargo, el partido recuerda todo el daño reputacional que le ha hecho el proceso judicial, que ha encontrado una caja de resonancia exacerbada en los partidos de la derecha y en ciertos medios de comunicación. El PP pidió la dimisión de Iglesias, entonces vicepresidente del Gobierno, tras la imputación de la formación; y la ultraderechista Vox se personó como acusación popular para impulsar el sumario contra su oponente político. La Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, muy crítica con el partido de izquierdas, se sumó igualmente como acusación popular, aunque este mismo viernes ha comunicado al juez que abandonaba el caso después de que se conociera que se dejaba fuera a Podemos.

“Esto es un bochorno para jueces, periodistas y políticos”, insiste Monedero: “Años y años imputados. Todo con el único fin de poner bajo sospecha a una fuerza política cuyo delito es querer mejorar la democracia. Querían ponernos de rodillas. Todavía no lo han conseguido”. El cofundador de Podemos arremete contra los “tertulianos-mercenarios” y los medios de comunicación que dieron por ciertas unas acusaciones que no estaban respaldadas por “pruebas”.

“Indebidamente”

En algunos medios conservadores se llegó a titular así en portada: La justicia destapa la caja b de Podemos y El arquitecto también confiesa: Podemos falseó el precio de la reforma de su sede. El pasado enero, la web Okdiario aseguró que el juez investigaba a “Pablo Iglesias por el desvío de fondos públicos a una consultora chavista”. La causa se había cerrado más de medio año antes sin que se dirigiera contra el exvicepresidente en ningún momento. Escalonilla tuvo entonces que dictar una resolución donde aseguraba que su juzgado había metido “indebidamente” al líder de Podemos en el listado de “investigados” que encabeza algunos de sus escritos, insistiendo en que este político no había sido nunca “parte en el procedimiento”.

Actualmente, descartado el delito de financiación ilegal y nueve de las diez líneas de investigación, el juez mantiene activa únicamente las pesquisas sobre un posible delito electoral, que no puede imputarse a Podemos como persona jurídica, por lo que lo ha sacado esta semana de la causa (aunque mantiene imputado a algunos de sus antiguos cargos, como Juan Manuel del Olmo, secretario de Escuela de comunicación y responsable de la campaña electoral de abril de 2019).

Escalonilla solo indaga ahora si el partido pagó de más a Neurona por unos trabajos que ha comprobado que se realizaron, pese a que también dudó de ellos. Por ello, ha encargado un informe pericial —aún pendiente de entrega— para que se calcule su coste y se compare con los 363.000 euros que se abonaron. Pero, la Fiscalía y Podemos han cuestionado su utilidad, ya que argumentan que el partido puede contratar con quien quiera y cada compañía puede fijar el precio que estime. “Ni todos los despachos ni todos los profesionales cobran lo mismo por sus servicios”, ha defendido la fuerza política.