La legislatura arranca en el Congreso con bronca familiar entre la derecha

La diputada popular Macarena Montesinos había advertido de salida que nos encontramos en un “extraordinario momento histórico” y lo enriqueció detallando algunos acontecimientos de actualidad: un Gobierno que actúa “al mandato de Waterloo”, que es “aplaudido por organizaciones terroristas” o que, en lugar de un Consejo de Ministros, dirige los destinos del país con una “asamblea de ministros”. Mientras Montesinos desgranaba sus graves denuncias, en el hemiciclo se escuchaba un incesante murmullo de fondo, inmune a los ruegos de silencio de la presidencia, como si los diputados estuviesen ansiosos por contarse novedades en lo que era el primer pleno de la legislatura en el Congreso. Hasta en los escaños del PP prevalecían la cháchara con el vecino o las cabezas volcadas sobre las pantallas de los móviles, a no ser que alguien iniciase un aplauso aislado para premiar el relato de iniquidades que su compañera tejía desde el estrado.

El primer pleno de la legislatura ofreció algunas pistas sobre el futuro en el Congreso, que se adivina como una versión del pasado un poco más estridente, si cabe. La oposición retoma su inventario de acusaciones por los pactos de Pedro Sánchez con “golpistas y proetarras”, renovado y aumentado por la ley de amnistía y la entrada en acción de Carles Puigdemont, el “prófugo de Waterloo”. Y el Gobierno se defiende erigiéndose en campeón de los avances sociales frente al contubernio “de la derecha y la ultraderecha”. En el orden del día del pleno no figuraba ninguno de esos temas, solo un asunto de trámite, la aprobación de la estructura de comisiones parlamentarias. Pero como esto no daba mucho de si y además estaba pactado entre el Gobierno y los populares, de lo que se habló por parte de la oposición fue de la amnistía, culminación de las calamidades que afligen a España por culpa de un presidente que “claudica y se arrodilla ante los corruptos del país” para mantener el poder después de que el 23-J los electores “dijesen sí a Feijóo y al PP”.

La estructura de las comisiones, que requiere un retoque del Reglamento del Congreso, es de esas extrañas cosas que no provoca choques entre las fuerzas mayoritarias, porque hace tiempo se instaló como regla constituir una por cada ministerio que tenga el respectivo Gobierno. Un consenso entre PSOE y PP siempre abre una gran ventana de oportunidad para que Vox saque su bandera contra la “clase política” y se alce como adalid de la pureza y la austeridad. Y ahí estaba efectivamente la portavoz de la extrema derecha, Pepa Millán, para deplorar tanto la “estructura elefantiásica” de un Gobierno que ha instaurado una “red clientelar” de “estómagos agradecidos” como para manifestar su “absoluta perplejidad” por el acuerdo del PP con gentes de ese pelaje. De tal modo que el primer pleno de la legislatura acabó derivando en una pequeña bronca familiar en las filas de la derecha.

Millán apuntó a la bancada popular: “Con una mano convocan manifestaciones los domingos y con la otra consienten que se vayan a seguir socavando el Estado de derecho y el orden constitucional”. Como ya hecho en otras ocasiones su líder, Santiago Abascal, la portavoz de Vox pidió al PP coherencia con los discursos de sus dirigentes que alertan sobre el fin de la democracia: “Puede ser que ustedes no crean sus propias denuncias, que no crean que el Estado de derecho y el orden constitucional están en serio peligro. Nosotros, desde luego, sí lo creemos, y no vamos a blanquearlo ni a colaborar”.

Montesinos tuvo que olvidarse por un rato del Gobierno y replicar a la “demagogia” de Millán. Se centró en ridiculizar la enmienda a la totalidad presentada por Vox, que, según ella, revela que “ni se han leído el Reglamento” y que utilizan “las mismas argucias legales que estos señores”, dijo señalando a los bancos de la izquierda.

Millán se encontró también con el socialista Juan Francisco Serrano, quien le reprochó que nadie de Vox haya renunciado a sus dietas en las comisiones mientras claman indignados contra el gasto de estos órganos. Txema Guijarro, de Sumar, expresó su temor a que el acuerdo con el PP sea el primero y el último de la legislatura. “Quizá aún no esté todo perdido”, expresó, aunque sus palabras denotaban más ironía que esperanza.

La sesión también sirvió para que presentasen credenciales y pusiesen deberes al Gobierno algunas de las formaciones integradas en lo que se ha denominado Grupo Plurinacional de Sumar. Águeda Micó, de Compromís, anticipó que no cesará en reclamar una mejor financiación autonómica para la Comunidad Valenciana. Vicenç Vidal, de Mès por Mallorca, vaticinó que los ministros acabarán conociéndolo por el “diputado de la insularidad” porque tampoco aflojará en la exigencia de compensaciones a Baleares por las dificultades que entraña esa peculiaridad geográfica.