Pinchazo de la huelga contra la amnistía del brazo sindical de Vox

El seguimiento de la huelga general convocada este viernes en toda España por Solidaridad, el brazo sindical de Vox, en contra de la amnistía a los implicados en el procés y el Gobierno de Pedro Sánchez, ha resultado imperceptible. Uno de los principales parámetros que se utilizan para medir el efecto de un paro sobre la actividad productiva, el consumo de electricidad, no ha experimentado cambios significativos. Según los datos de Red Eléctrica, el consumo eléctrico a las 8,00, las 12,00 y las 16,00 horas de este viernes estaba ligeramente por encima del que se registró el pasado viernes y era similar al de hace un año.

El propio sindicato convocante no ha dado datos de seguimiento del paro por sectores o empresas con el argumento de que el Gobierno no se los había facilitado. Pese a ello, su secretario general, Rodrigo Alonso, se ha mostrado “muy satisfecho” por el mero hecho de “haber sido capaz de convocar una huelga general”. A lo largo del día, Solidaridad se ha limitado a difundir vídeos de los piquetes enviados a provocar ante las sedes del PSOE y la UGT en Madrid y de Comisiones Obreras en Cornellá (Barcelona).

Ante la sede federal de UGT se han producido enfrentamientos entre empleados del sindicato socialista y miembros del piquete ultra, de los que Alonso ha culpado a los primeros, a los que ha asegurado va a denunciar. Vox ha sido tradicionalmente el partido más duro con la acción de los piquetes, a los que ha pedido perseguir penalmente y que no pudieran actuar fuera de los centros de trabajo ni durante las jornadas de huelga.

Curándose en salud, Alonso ya aseguró el miércoles que liberados de CC OO y UGT estaban coaccionando a los trabajadores que querían ir a la huelga y amenazó con denunciarlos y “sentarlos en el banquillo”. No quiso mencionar, sin embargo, ninguna empresa donde estas coacciones se hubieran producido.

“El seguimiento de la huelga de Solidaridad es de cero personas”, ha indicado un portavoz de Renfe, donde los sindicatos desconvocaron el jueves por la tarde cinco jornadas de huelga para protestar por el traspaso de los trenes de Rodalies a la Generalitat de Cataluña, informa Efe. En la Administración General del Estado también ha tenido un eco casi nulo, ya que hicieron huelga 1.956 empleados públicos, el 1,33% del total.

La huelga tampoco ha tenido incidencia en el sistema educativo, según coinciden fuentes de la escuela pública, la enseñanza concertada, administraciones educativas autonómicas y federaciones de familias. En Andalucía, por ejemplo, la Consejería de Educación ha cifrado en 71 los docentes en huelga de casi 108.000 que tiene la enseñanza pública, es decir, el 0,07%. Una portavoz de Escuelas Católicas, la principal patronal de la enseñanza concertada, afirma, a falta de datos, que “la sensación es de normalidad”, y un responsable autonómico de la misma organización asegura que en su territorio no está teniendo “ninguna repercusión”. Los directores de institutos públicos de diversas comunidades autónomas ofrecen respuestas similares. Solo una, de Madrid, asegura que en su centro han secundado la huelga en torno al 5% del alumnado, todos de Bachillerato y FP (aunque sospecha que más bien “para estudiar los exámenes de la semana que viene”), y ningún docente, informa Ignacio Zafra. Tampoco en la enseñanza universitaria ha habido un seguimiento significativo, a pesar de que Revuelta, el frente juvenil de Vox, había llamado a la “huelga general estudiantil”. La situación este viernes era de normalidad en la Universidad Complutense o la Autónoma de Madrid o incluso en centros privados propiedad de entidades católicas como la CEU-San Pablo o la Francisco de Vitoria, informa Elisa Silió.

Quienes sí han hecho huelga, siguiendo instrucciones de la dirección de Vox, son sus cargos públicos, como su grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia, aunque sin ausentarse de plenos y reuniones de junta de gobierno “para no perjudicar a los electores”, según fuentes el partido. No está claro si se les descontará la jornada de huelga como a los trabajadores.

Solidaridad no ha conseguido que ningún sindicato u organización social ajena a Vox se haya sumado a su huelga general. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lo descartó tras recibir un FAX en el que se le invitaba a hacerlo y la Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos (Asaje), mantuvo contactos con Solidaridad, pero no se decidió a apoyar el paro. Ambas organizaciones, que se han mostrado críticas con los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas, tienen unos 200.000 adherentes cada una.

Además de la huelga general, el brazo sindical de Vox ha convocado manifestaciones ante las sedes del PSOE en todas las capitales de provincia. La de Madrid ha partido del Arco de la Victoria, en el barrio de La Moncloa y ha llegado hasta la calle Ferraz. Han participado en la protesta unas 3.000 personas, según la Delegación del Gobierno, con gritos como “¡Patria! ¡Trabajo! ¡Solidaridad!” o “No habrá paz para Ferraz”. Tra la marcha de los dirigentes de Vox, han tomado el protagonismo los grupos falangistas, que han cantado el Cara al Sol y han dado vítores a José Antonio Primo de Rivera. Pasadas las 11 de la noche, la concentración ha empezado a disolverse sin incidentes.

Solidaridad asegura contar con 250 delegados sindicales, aunque al Ministerio de Trabajo solo le constan 170; en cualquier caso, menos del 0,1% de los casi 300.000 que hay en España. Más difícil es saber con cuántos afiliados cuenta. Solidaridad asegura que son más de 16.000. Sin embargo, en su asamblea anual del año pasado solo votaron 140, a pesar de que podían hacerlo telemáticamente. En la de este año el sindicato ya no ha informado de cuántos afiliados han participado.

Solidaridad es la más opaca de las organizaciones que conforman el entramado de Vox. Al contrario que UGT y Comisiones Obreras, a los que continuamente acusa de corrupción, el sindicato de Vox no ha hecho públicas sus cuentas desde que se creó en 2020, a pesar de que su secretario general se comprometió a auditarlas, ponerlas en el portal de transparencia y a disposición del Tribunal de Cuentas.

En realidad, ni siquiera los afiliados al sindicato tienen a su disposición las cuentas, sino que deben solicitarlas por escrito al secretario general, personalmente o por correo certificado, antes de la asamblea en la que se aprueban. EL PAÍS ha pedido formalmente las cuentas de los ejercicios económicos ya cerrados sin obtener hasta ahora respuesta.

Aunque inicialmente hubo dudas sobre la legalidad de la huelga general —dado su carácter político y la falta de representatividad del sindicato convocante—, el Ministerio de Trabajo la ha dado por buena, tras pedir que se corrigieran defectos formales del escrito inicial. El departamento que dirige Yolanda Díaz alega que “en España las organizaciones sindicales legalmente constituidas pueden convocar huelga”, aunque sean minoritarias, “porque la regulación es muy respetuosa con ese derecho”. Entre otros precedentes, se cita la huelga feminista convocada por la CNT el 8 de marzo de 2018.