El exministro Campo pide no participar en los debates sobre la ley de amnistía en el Constitucional

Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez y hoy es magistrado del Tribunal Constitucional, ha expresado su intención de no participar en las deliberaciones sobre los recursos a la ley de amnistía y a su tramitación que se presenten ante el órgano de garantías. Con ello, busca salvaguardar la “imparcialidad” del tribunal, según fuentes de la institución. Como titular de Justicia, cargo que ocupó entre enero de 2020 y julio de 2021, Campo tramitó en junio de 2021 los indultos a los condenados en la causa penal del procés. En el informe con el que justificó aquella medida de gracia, su departamento sostuvo que los indultos eran plenamente legales, pero que una amnistía —que implica borrar los delitos, no solo perdonar las penas— sería “claramente inconstitucional”.

La ley de amnistía aún no ha sido aprobada, pero dos particulares han presentado ya sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por el inicio de su tramitación en el Congreso de los Diputados. Aunque estos recursos previos serán previsiblemente rechazados por el tribunal, antes de que eso ocurra es necesario realizar una serie de trámites, como nombrar a los ponentes que redactarán la respuesta a esas impugnaciones, y una de las ponencias había correspondido a Campo. Es por ello que el exministro ha comunicado al presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que se abstendrá en este caso y no asumirá, por tanto, la redacción de la ponencia ni intervendrá en la deliberación.

Campo y Conde-Pumpido han considerado, según las mismas fuentes, que la abstención se circunscriba de momento al recurso de amparo cuya ponencia correspondió al exministro. Más adelante, cuando la ley esté aprobada y se presenten los recursos de inconstitucionalidad ―como el que ya ha anunciado el PP― o las consultas por parte de los tribunales que la tendrán que aplicar, se volverá a replantear si el Constitucional acepta o rechaza que Campo se aparte de la resolución de los respectivos casos.

El Tribunal Constitucional tiene en este momento una mayoría progresista: 7 magistrados progresistas frente a 4 conservadores. Con la abstención de Campo la relación de fuerzas quedaría en 6-4, un margen mucho menor, aunque el presidente Conde-Pumpido, del sector progresista, tendría voto de calidad en caso de empate.

El tribunal ha informado este jueves de que el recurso de amparo en el que Juan Carlos Campo debía ser ponente “se encuentra todavía en una fase preliminar de subsanación de defectos procesales”. El comunicado señala que “en su momento, y si procede continuar adelante, el pleno resolverá sobre la solicitud [de recusación] del magistrado”.

Las solicitudes de abstención de los magistrados suelen admitirse automáticamente, por respeto a su voluntad. Ahora bien, esa costumbre tiene sus excepciones en casos en los que se considera que la abstención no es plenamente razonable u obedece a un prurito o afán de apariencia de neutralidad innecesario. Este mismo año, por ejemplo, el Constitucional rechazó la abstención de la magistrada Concepción Espejel, que solicitó no participar en las deliberaciones de la sentencia sobre la ley del aborto. El tribunal consideró que el hecho de que Espejel hubiera participado con criterios críticos en el debate sobre dicha ley doce años atrás en el Consejo General del Poder Judicial era un antecedente sin relevancia suficiente para provocar su ausencia de la discusión en el órgano de garantías.

Uno de los recursos de amparo presentados por particulares contra la tramitación de la ley de amnistía reclamaba ya la recusación de Campo y de otros dos magistrados progresistas: el presidente, Cándido Conde-Pumpido, y la magistrada Laura Díez, que también formó parte del Gobierno de Pedro Sánchez —como directora general del Ministerio de la Presidencia— hasta mayo de 2022. Fuentes del Constitucional dan por seguro que ni Conde-Pumpido ni Díez se abstendrán.

Las mismas fuentes consideran que estos primeros recursos no tienen en la práctica ninguna posibilidad de prosperar. El motivo es que se trata de peticiones de amparo frente a decisiones que afectan a un hipotético futuro texto legal, que no forma parte todavía del ordenamiento jurídico.