El ministro que tramitó los indultos del ‘procés’ se va sin tiempo de culminar sus proyectos estrella

Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 60 años) deja el Ministerio de Justicia 19 días después de culminar uno de los encargos más delicados del Gobierno de Pedro Sánchez: la tramitación de los indultos de los nueve líderes independentistas condenados por sedición. Pero en la agenda de este doctor en Derecho y juez de carrera figuraban muchos otros proyectos fundamentales para el Ejecutivo que ahora se quedan a medias y tendrá que abordar la nueva ministra, Pilar Llop. Entre ellos, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya va con más de dos años y medio de retraso, pero también la reforma de los delitos de rebelión y sedición, y el Plan Justicia 2030, un proyecto de remodelación integral de la administración de justicia que contempla, a su vez, una de las reformas legales de mayor envergadura: la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

Campo y su equipo han compaginado en el último año y medio el avance en estos proyectos con la gestión de la pandemia de la covid-19, que obligó a sacar adelante sobre la marcha un paquete de reformas normativas, organizativas y tecnológicas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en los tribunales. Las peculiaridades de la administración de justicia, con las competencias divididas entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial, dificultan tradicionalmente la toma de decisiones consensuadas, un mal al que Campo intentó hacer frente durante la pandemia a golpe de videoconferencias semanales con todos los operadores jurídicos para determinar desde qué servicios eran esenciales y debían seguir pese al estado de alarma, a cómo garantizar las medidas sanitarias en las sedes judiciales o quiénes debían acudir a su puesto de trabajo y quiénes y cómo podían teletrabajar.

El hasta ahora ministro llegó al Gobierno en enero de 2020 con un bagaje que mezclaba los tribunales con la política. Como juez, ha desarrollado casi toda su carrera en Cádiz, donde fue magistrado de la Audiencia Provincial. Su plaza actual, lograda poco antes de llegar al ministerio, está en la Audiencia Nacional. Como político, Campo ha ocupado desde los años noventa altos cargos en la Junta de Andalucía y en el Gobierno central, donde antes de ser ministro fue secretario de Estado de Justicia en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2009 y 2011.

También fue vocal del CGPJ entre 2001 y 2008, cuando el órgano estaba presidido por Francisco Hernando. En aquel Consejo coincidió con Enrique López, que entonces ya era considerado un juez próximo al PP y sus postulados. Pese a sus diferencias ideológicas, entre Campo y López, actual consejero de Justicia de Madrid y responsable nacional de esta área en el partido de Pablo Casado, surgió una amistad que mantienen hoy y que durante un tiempo pareció que iba a poder servir para desenquistar la renovación del Consejo. Sin embargo, los vetos y las condiciones cambiantes del PP para sellar un pacto han impedido al hasta ahora ministro cerrar con éxito una de las tareas que con más determinación asumió al llegar al Gobierno.