Europa da el primer paso para avalar las pruebas que acorralan a miles de narcos
La Abogacía General del TJUE respalda el uso judicial de millones de conversaciones encriptadas interceptadas a traficantes en el sistema de mensajería Encrochat
La lucha mundial contra el tráfico de drogas ha recibido este jueves un importante respaldo. La Abogacía General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anunciado que, según su criterio, las fuerzas de seguridad y las Fiscalías de la UE pueden utilizar la ingente cantidad de conversaciones obtenidas a través de Encrochat, un sistema de mensajería encriptada que miles de delincuentes usaron durante años para comunicarse y que Francia consiguió intervenir en la primavera de 2020. La validez como prueba de todo ese material, convertido en el hito más importante de la batalla contra el narco del último lustro, se encuentra muy cuestionada: las defensas de los sospechosos y algunos penalistas han alegado que su obtención fue ilegal, fruto de una interceptación masiva e indiscriminada de las comunicaciones sin respaldo judicial. Pero, de momento, todos sus intentos de tirar abajo las causas no han prosperado.
Los investigadores miraban desde hace meses con recelo a la sede del TJUE en Luxemburgo y, precisamente, desde allí les ha llegado algo de viento a favor. Aunque la decisión de la Abogacía General no es vinculante —ya que el tribunal de la UE estudiará ahora el caso para emitir su dictamen—, su criterio suele tener un enorme valor. Así, a través de un texto hecho público este jueves, la abogada general Tamara Cápeta ha comunicado que este organismo da el visto bueno al uso de las conversaciones de Encrochat. Considera que, como los tribunales franceses validaron la intervención de esa plataforma de mensajería, las autoridades del resto de países “deben atribuir a dicha actuación procesal el mismo valor que le atribuirían a nivel interno”. Es decir, adelante con su utilización como prueba.
“El que los sistemas de Derecho Penal de los Estados miembros difieran no significa que un sistema proteja los derechos fundamentales de los sospechosos y acusados mientras que otro los viola”, apunta la Abogacía General, que se ha manifestado de esta forma al pronunciarse sobre la cuestión prejudicial que un tribunal de Berlín elevó en 2022 al TJUE sobre Encrochat, para preguntarle sobre la validez como prueba de una “injerencia” de las comunicaciones de tal calibre y características. “Por el contrario, la cooperación judicial en materia penal en la Unión se basa en la premisa de que todos los Estados miembros respetan los derechos fundamentales. Aunque cabe demostrar en un caso concreto ante el tribunal competente que esa premisa no se cumple, ello no puede poner en entredicho el principio de confianza mutua [...] y otros instrumentos de cooperación en materia penal”, ha apostillado el organismo.
Esta historia comienza en 2017: las fuerzas de seguridad sospechaban que los narcos habían encontrado un nuevo medio para comunicarse y las autoridades francesas se fijaron en Encrochat, que tenía sus servidores en el país galo y que se presentaba como una plataforma que garantizaba el anonimato y la no trazabilidad de sus clientes. Sus usuarios se hacían con móviles previamente encriptados y pagaban una suscripción (Europol, agencia policial de la UE, cifraba su precio en 1.500 euros al semestre) por un sistema que solo funcionaba entre terminales que tuvieran instalado el mismo programa. “Los mensajes podían eliminarse automáticamente y los usuarios podían borrar inmediatamente todos los datos almacenados en el aparato utilizando un código PIN especial o tecleando de manera consecutiva una contraseña incorrecta”, recuerda la Abogacía General. Una función perfecta por si eran detenidos.
Tras meses de trabajo, en la primavera de 2020, Francia infiltró un programa informático de tipo troyano en Encrochat, que les permitió extraer 115 millones de “conversaciones delictivas” de 60.000 usuarios diferentes, según Europol. Fue la gran revolución en la lucha contra el crimen organizado, ya que sería la primera gran plataforma encriptada intervenida, a la que seguirían después otras como Sky ECC y Anom. Y no solo se interceptaron los chats en curso hasta junio de 2020 —cuando la propia plataforma detectó el hackeo y emitió una alerta para que sus clientes destruyeran los dispositivos—, sino que se pudo acceder a las memorias de los móviles y recuperar conversaciones anteriores, así como documentos y fotos que se intercambiaban. Los pormenores de la operación, que contó con aval judicial, nunca han trascendido: se declararon secreto militar.
Los investigadores galos comenzaron a analizar todos esos datos, y los han reenviado desde entonces a otros países para que emprendan sus propias investigaciones. La cooperación ha permitido abrir causas por todo el mundo. En España, a final de 2022, la Fiscalía Antidroga sumaba ya 69 procedimientos con “evidencias” procedentes de esas redes cifradas. Según Europol, solo las pesquisas derivadas de Encrochat han permitido detener en todo el planeta a más de 6.500 delincuentes (casi 200 de ellos catalogados de “alto valor”); e intervenir más de 730 millones de euros en efectivo (otros 150 millones en cuentas bancarias); y casi 300 toneladas de cocaína, cannabis y heroína.
Cercados por el material desencriptado, las defensas de muchos sospechosos se centraron entonces en los entresijos jurídicos. Si conseguían tumbar la validez de la prueba, los sumarios se desharían. Y los recursos empezaron a sucederse. En una causa abierta en la Audiencia Nacional por Encrochat, el abogado de un presunto traficante exponía así la tesis que más se repite para intentar echar abajo todas las pesquisas: “La Gendarmería Francesa encontró una manera de penetrar en dicho servidor, accediendo a todos los mensajes de miles de usuarios, sin discriminar de ningún modo a qué personas investigaba. Se trata de una captación masiva, indiscriminada y prospectiva de todos los mensajes de todos los usuarios, lo que implica una investigación desproporcionada y contraria a la ley, sin que las autoridades francesas hayan explicado cuál fue la operativa empleada, basándose en razones de secreto de Estado”.
Pero, hasta ahora, la justicia ha avalado las intervenciones. Francia y el Reino Unido han dictado condenas; y la Corte de Casación gala ha concluido que la ley nacional respalda la técnica usada en la operación para intervenir Encrochat. En España no se ha dictado ninguna sentencia al respecto, pero la Audiencia Nacional ha emitido varios autos donde acepta la información proveniente de esas plataformas y afirma que, en base al acuerdo entre ambos países de “reconocimiento mutuo” de sus legalidades, se admite la documentación aportada por las autoridades del país vecino que contiene esos chats —aunque en una resolución reciente se acepta la petición de un investigado de “esclarecer el procedimiento de obtención”—.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad siguen explotando todo ese material encriptado para combatir al narco. Una información que ha resultado clave en importantes despliegues. Por ejemplo, en la Operación Jumita-Aelaa, en junio de 2021, que permitió desmantelar una trama que llegó a controlar el puerto de Algeciras (Cádiz) para facilitar la entrada de grandes cantidades de droga. La Guardia Civil intervino entonces 16,5 millones de euros en fajos de billetes, así como 1,6 toneladas de cocaína.
La última operación conocida tuvo lugar el pasado 17 de octubre, cuando los Mossos d’Esquadra participaban en una operación, junto a la Guardia di Finanza italiana, que se saldaba ese día con 78 detenidos ―20 de ellos en España― y la desarticulación de un grupo criminal al que se relaciona con más de seis toneladas de cargamentos de cannabis y hachís interceptados entre 2019 y 2021. La red se valía de Encrochat y Sky para organizar el traslado de la droga en grandes camiones desde Marruecos a España y, desde aquí, al norte de Italia.
