Un juzgado de Zamora envía al Supremo la investigación a Baltar, el líder del PP de Ourense, por exceso de velocidad

La investigación abierta sobre el expresidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, por un posible delito de contra la seguridad vial se dirimirá, previsiblemente, en el Tribunal Supremo. Baltar fue sorprendido en abril circulando a 215 kilómetros por hora al volante de un coche oficial por la A-52, a la altura del municipio de Asturianos, en la provincia de Zamora. El caso recayó primero sobre el Juzgado de lo Penal 1 de Zamora, pero este se ha inhibido a favor del Tribunal Supremo tras acreditar que el que fuera líder del PP orensano es ahora senador. El alto tribunal tendrá que confirmar en los próximos días si asume la competencia para investigarle.

El exceso de velocidad ya le costó en parte a Baltar su puesto en la diputación de Ourense, del que dimitió en junio para facilitar que la entidad tuviera un presidente del PP, según argumentó tras dejar el cargo. El PP perdió la mayoría absoluta en la provincia en las elecciones municipales del 28-M y, para mantener el poder, dependía de un pacto con el partido independiente Democracia Ourensana, dirigido por Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de la capital provincial. Pero los escándalos en torno a Baltar, con la investigación por un supuesto delito contra la seguridad como ejemplo más reciente, complicaban el pacto y el líder popular dio un paso al lado.

Antes del 28-M, Baltar había hecho todo lo posible, y conseguido con éxito, por demorar hasta después de las elecciones una posible condena por exceso de velocidad. El caso debía haberse visto en un juicio rápido el 9 de mayo ante el Juzgado de Instrucción 1 de Puebla de Sanabria, pero su abogado, a través de distintas maniobras, logró la suspensión, al expresar su disconformidad con la pena de unos 1.800 euros de multa y un año sin carné solicitada por la Fiscalía, lo que obligó a la jueza a derivar el asunto a los juzgados de lo penal de Zamora para su enjuiciamiento. Allí se fijó la vista para el 31 de ese mes, pero se aplazó de nuevo, esta vez por la huelga de los funcionarios de justicia. Su elección como senador vuelve a demorar la investigación, ya que al estar aforado debe ser el Supremo el que decida si le abre una causa.

La normativa establece que la infracción por exceso de velocidad en vías interurbanas es un delito contra la seguridad del tráfico si se supera en más de 80 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida por el reglamento. No obstante, existe un margen de error en los radares que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es de un 5% en los radares fijos, y de un 7% en los radares móviles. En el caso de la A-52, donde fue interceptado Baltar, el máximo es 120 kilómetros por hora y el radar era fijo, por lo que el límite de velocidad para no entrar en los márgenes del ámbito penal era de 210 kilómetros por hora y lo rebasó en cinco.