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El Gobierno y los independentistas tratan de rebajar la tensión y volver a la negociación

Pese al texto aprobado en el Parlament que condiciona la investidura a que Sánchez “trabaje por el referéndum”, las dos partes defienden que no se ha roto nada y seguirán hablando

Míriam Nogueras pasaba ante la bancada del Ejecutivo en funciones, el viernes en el Congreso de los Diputados.
Míriam Nogueras pasaba ante la bancada del Ejecutivo en funciones, el viernes en el Congreso de los Diputados.Álvaro García

Después de la tempestad, las olas empiezan a bajar. La palabra más repetida en los comentarios de pasillo en el Congreso, e incluso en las declaraciones públicas del viernes, al día siguiente del momento de mayor tensión entre el Gobierno y los independentistas en la compleja negociación para la investidura de Pedro Sánchez, era “responsabilidad”. La pedía Salvador Illa, líder del PSC y hombre de confianza de Pedro Sánchez, para gestionar la política sobre Cataluña. La reclamaba Yolanda Díaz, vicepresidenta y líder de Sumar. Ambos, obviamente, se la exigían a los independentistas, después de que aprobaran en el Parlamento catalán una resolución en la que condicionan la investidura a que el Gobierno se comprometa a “trabajar para crear las condiciones efectivas para la celebración de un referéndum”.

Pero también la reclamaba Gabriel Rufián, portavoz de ERC, que trataba de ahuyentar el fantasma de la repetición electoral, que volvió a recorrer el Congreso y al que rápidamente se apuntó el popular Alberto Núñez Feijóo, el más interesado en una segunda oportunidad. “Yo pediría a todo el mundo responsabilidad, calma y discreción. Hace cuatro años así fue, y creo que es bueno menos comunicados y más negociar. Creo que sería enormemente irresponsable dar otra bala a la ultraderecha”, remató Rufián, que pedía a los otros esa calma. También lo hizo el PNV. Incluso Bildu, que exigía “responsabilidad” a todos para evitar una repetición electoral. “Si tenemos que ir a elecciones, iremos, pero tenemos la obligación de evitarlo”, resumía Illa en una entrevista en la Cadena Ser.

Alberto Núñez Feijóo, entre Elías Bendodo y Cuca Gamarra, el viernes a su salida del Congreso tras el debate de investidura.
Alberto Núñez Feijóo, entre Elías Bendodo y Cuca Gamarra, el viernes a su salida del Congreso tras el debate de investidura.Álvaro García

Al margen de las declaraciones públicas, en privado, tanto en los pasillos del Congreso como entre los dirigentes independentistas consultados, se percibe una clara sensación: aunque el jueves ―tras la decisión de ERC y Junts de registrar la resolución sobre el referéndum y la reacción del PSOE y el PSC de lanzar un comunicado duro que aclaraba que por ahí no hay espacio de negociar― parecía que se hubieran roto los lazos, todo ello no ha sido más que un “incidente”. En realidad, no se ha roto nada que impida que la negociación siga adelante. Y así lo califican desde el Ejecutivo, pero también los independentistas, que quieren reducir la importancia de las consecuencias prácticas de una resolución que, según señalan, no es muy diferente a otras aprobadas en debates de política general (y en muchísimas jamás ejecutadas) anteriormente.

El problema es el momento en el que ha llegado este incidente, que ha hecho que el PSOE y el PSC, que se habían mantenido en silencio todas estas semanas para evitar complicar la negociación, se vieran forzados a aclarar que por el camino de la amnistía sí hay espacio, pero por el del referéndum, no.

Sánchez, que en el debate de investidura de Feijóo no intervino y concedió todo el protagonismo al diputado por Valladolid Óscar Puente, apelará de nuevo al diálogo y a la convivencia este sábado en un mitin en La Rinconada (Sevilla). El objetivo es rebajar la tensión creciente de los últimos días con ERC y Junts. Los socialistas creen que ya han dejado muy claros sus límites para cerrar cualquier especulación de que puedan aceptar un referéndum. Y ahora conviene volver a la negociación donde estaba, centrada en la amnistía, y evitar a toda costa una repetición electoral que en el PSOE creen que perjudicaría aún más a los independentistas que a ellos. Por eso, confían en que todo se reconduzca.

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El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a la izquierda, y el líder del PSC, Salvador Illa, en el Parlament el viernes.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a la izquierda, y el líder del PSC, Salvador Illa, en el Parlament el viernes.kike rincón

Conscientes de la pelea por el liderazgo del independentismo entre ERC y Junts, la llamada el viernes en el PSOE era a la calma y a la prudencia. Lo decían muy pendientes del calendario: el domingo se cumplen seis años del referéndum ilegal secesionista del 1 de octubre de 2017, una fecha muy simbólica para el independentismo. Y que, según los pronósticos del PSOE, puede avivar las posiciones de máximos de republicanos y los de Carles Puigdemont. Por eso, la prioridad ahora es rebajar el ruido.

La relación entre ERC y Junts pasa por un momento delicado. La aprobación de las resoluciones sobre la amnistía y la autodeterminación en el Parlament tienen la evidente lectura en clave nacional de maniobra de tensión del pacto con los socialistas, pero no se puede dejar de lado la gran conclusión del debate de política general: la herida de la ruptura del Govern aún supura y que la nueva realidad aritmética del Congreso, en la que ERC ya no es el socio exclusivo, solo ha servido para alimentar la rivalidad de dos formaciones que ya piensan en los comicios catalanes de 2025.

“El pánico de ERC es quedar fuera de juego en las negociaciones”, cree una voz autorizada de Junts que conoce muy de cerca a los liderados por Oriol Junqueras. Los republicanos pasan por un momento complicado de digerir: ni sus cuotas más altas de poder institucional en la historia les han servido para poder mantener el liderazgo político en Cataluña y siguen sin recomponerse de dos derrotas electorales. Tras la salida de Junts del Ejecutivo, el año pasado, los republicanos viven a merced del apoyo del PSC —que lidera las encuestas electorales— y los comunes. ERC perdió el 64% de los puntos que sometió a votación en el debate.

Y para más inri, en las filas republicanas ven cómo cala cierto discurso emitido desde Junts que minimiza el logro de los indultos, la derogación de la sedición y los otros cambios en el Código Penal. Sin esos pasos, no se cansan de repetir los dirigentes de ERC, no se podría ahora hablar de amnistía y se refugian en la idea de que es el que abre paso en los terrenos indómitos el que se lleva peores heridas. Pero la sombra de Puigdemont es muy larga y da una pátina de más exigencia a la negociación.

Votación de las mociones

En Cataluña, la votación de las mociones se encuadra en el momento actual de la lucha doméstica y le restan trascendencia en la conversación del eje nacional. La petición de avanzar en las condiciones con las que se celebraría un eventual referéndum, defiende un miembro de la dirección de ERC, no es nueva. De hecho, también hace un año, el llamado “acuerdo de claridad” sobre ese punto, inspirado en el caso canadiense, fue precisamente la propuesta estrella que Aragonès defendió en el mismo debate. En Junts sentó especialmente mal que el jefe del Govern usara el martes ese momento de solemnidad política para pedir que, a cambio del sí a Sánchez, este se comprometa a que en la legislatura se avanzara en las condiciones para permitir la votación sobre la independencia. Un avanzar que, recuerdan, no implica ni una fecha ni un calendario.

“Junts no se ha movido del discurso del presidente Puigdemont del día cinco de septiembre en Bruselas”, dice por su parte una de las primeras espadas del partido, dando a entender que la vía de una negociación que posiblemente es tan incierta y volátil como el día uno sigue abierta.“Habría sido un desastre no salir al menos con un texto de mínimos en el Parlament sobre los dos temas. Ya está y, ahora, test de estrés para el PSOE” añade otro diputado. Y en ambas formaciones reconocen lo evidente: que ambos van a la suya en las negociaciones, con el consecuente riesgo de pisarse las mangueras.

Nadie se baja de momento de sus posiciones, pero ahora viene el trabajo discreto de los negociadores para buscar un punto intermedio que pueda servir a todos. Algunos recuerdan que en 2020, cuando también parecía imposible, el PSOE y ERC pactaron un acuerdo de investidura que incluía la creación de una mesa de diálogo en el que se decía que “las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de la consulta a la ciudadanía de Cataluña, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”. Esta alambicada redacción, que hablaba de votar un acuerdo, y no una discrepancia, y evitaba la palabra referéndum, pero también Constitución, fue el punto de encuentro que permitió que Sánchez fuera presidente por dos votos ese año. Cuatro años después, las cosas son más complejas y hay más actores, con ERC y Junts en una clara competencia entre ellos, pero de nuevo casi todos los protagonistas confían en lograr un acuerdo y evitar las elecciones. Garantías no hay ninguna, y todo se puede romper, pero los incentivos para el acuerdo también son importantes porque todos ganan algo con él. Y pueden perder mucho con las elecciones.

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