La muerte de Iliass, grabada en el centro de menores y sin culpables cuatro años después

Ningún protocolo de contención de ningún centro de menores dice que para sujetar a un chico furioso se le deba tumbar boca abajo en un camastro mientras un vigilante le pone una rodilla en la cabeza y se la aplasta contra una almohada durante cuatro minutos (de reloj) y, al mismo tiempo, otros cinco vigilantes sujetan al menor y le esposan las manos a la espalda y le fijan las piernas con correas. Así lo hicieron, sin embargo —y así lo registraron las cámaras— con Iliass Tahiri (18 años recién cumplidos). El chico murió en esas circunstancias el 1 de julio de 2019 en el centro de menores Tierras de Oria (Almería), que gestiona la empresa Ginso (Asociación para la Gestión y la Integración Social) desde que ganó el concurso de la Junta de Andalucía en 2015, y pese a acumular denuncias, incidentes y muertes aplicando esa clase de técnicas en otros centros de España. Más de cuatro años después, la muerte de Iliass Tahiri sigue sin culpables y ahora el juez y el fiscal pretenden que se juzgue el caso como “un delito leve” y no como un “homicidio imprudente”, como lo calificó inicialmente la Fiscalía. “No queremos las indemnizaciones que nos han ofrecido, queremos justicia”, dice la familia del fallecido.

El juzgado de Purchena ha archivado la causa dos veces, primero en junio de 2020 y, tras un recurso y una reapertura, de nuevo la sobreseyó en mayo de 2022, cuando también fue recurrido por la defensa de la familia y posteriormente reabierto. Entendían los jueces —ha habido ya varios llevando el asunto— que el centro y los vigilantes aplicaron el protocolo establecido (denunciado y rechazado por el Defensor del Pueblo y el Consejo de Europa) y que se trataba, por tanto, de “una muerte violenta accidental”, como recogía el informe del forense Juan Luis Sánchez Blanque. El forense atribuía la muerte a que la maniobra de inmovilización practicada era incompatible con una posible dolencia cardiaca que padecía Iliass y que desaconsejaba la aplicación de ese tipo de inmovilizaciones. Es decir, frente a la muerte compatible con “asfixia” que señaló el informe preliminar de la autopsia, el forense se centraba en que existía un riesgo añadido en el caso del joven de sufrir una parada cardiorrespiratoria si se le realizaban ese tipo de contenciones mecánicas, y tampoco hacía referencia al uso de una fuerza extralimitada.

“Mi hijo no murió, lo mataron”, ha repetido una y otra vez la madre de Iliass, Khadija, desde Algeciras, donde vive y donde lleva todo este tiempo hundida en una profunda depresión, “sin ganas de nada, ni de ir al psicólogo”, según dice su otro hijo, Abdel.

Aunque no han variado los hechos, la Fiscalía ha pasado de considerar que debe juzgarse un delito de homicidio imprudente procesando a los responsables de la empresa Ginso y de la Junta de Andalucía —como solicitó el fiscal Carlos Castresana en junio de 2019—, a entender ahora que debe “transformarse” en un “juicio por delito leve”, según un escrito emitido por el representante del ministerio público esta misma semana. “Entendemos que la conducta desarrollada por los investigados podría ser constitutiva de imprudencia menos grave. En tal caso, estaríamos ante un delito de homicidio por imprudencia menos grave tipificado en el artículo 142.2 del Código Penal, y castigado con la pena de multa de tres meses a 18 meses”, dice este último escrito de la Fiscalía. En esta causa han sido investigadas 13 personas, entre la dirección del centro, educadores, personal de seguridad, servicios médicos y representantes de la Consejería de Justicia.

Ángel Gómez San José, el abogado de la familia de Iliass, lleva todos estos años presentando recursos al ritmo de ese vaivén de autos judiciales y escritos. Primero contra los archivos de la causa, que ha logrado evitar después de que la Audiencia Provincial de Almería le diera la razón. La última vez el pasado 24 de abril, cuando el citado tribunal resolvió que “la maniobra produjo la muerte del menor, por lo que debió de realizarse de manera incorrecta, habiendo una imprudencia por parte de quienes la ejecutaron”, y que al menos debía celebrarse un juicio oral para juzgar a tres de los vigilantes implicados en la inmovilización del chico: Julián R. C., Antonio S. S. y José B. M.

“Pero se olvidó de uno, justamente del que le pone la rodilla en la cabeza a Iliass durante cuatro minutos, José L. L., por lo que tuve que solicitar una aclaración del auto para que volvieran a incluirlo entre los investigados”, asegura el abogado. El vigilante José L. declaró en su día ante los investigadores de la Guardia Civil —y así consta en el atestado— que su función durante la inmovilización era “estar pendiente de los cuidados del interno en su cabeza, con el fin de sujetársela hacia un lado para evitar la asfixia, el vómito y permitir que el joven pudiera respirar”. El vídeo, en el que en ningún momento se percibe que Iliass oponga resistencia alguna, muestra cómo el vigilante, nada más colocar a chico boca abajo en la cama, apoya su rodilla sobre una zona próxima a la cabeza del chico y la mantiene ahí durante cuatro minutos, mientras el resto de vigilantes se emplea en atarle las extremidades. Solo cuando retira la pierna de su cabeza comienza a comprobar José L. si el chico respira y si tiene pulso y empieza a ponerse nervioso.

Gómez San José acaba de presentar otro recurso más, en este caso “de reforma” para que sea el juzgado quien decida también la calificación del delito, “ni el juez instructor, ni el fiscal, que ya quieren que se juzgue como delito leve”, dice. “Para nosotros era, es y será un homicidio imprudente”. Mientras se resuelven esos últimos recursos, Khadija y Abdel tendrán que seguir esperando justicia.