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Las dudas de la “muerte accidental” de Iliass Tahiri en un centro de menores

Las imágenes de la inmovilización del joven marroquí en un centro de Almería contradicen los informes de un caso archivado por el juzgado

Patricia Ortega Dolz

Los 637 folios del sumario secreto sobre la investigación de la muerte, el 1 de julio de 2019, del joven Iliass Tahiri en el centro de menores de Tierras de Oria (Almería) llevaron al forense y a la juez a concluir que se trataba de “una muerte violenta accidental” y a archivar la causa en enero pasado. Sin embargo, el vídeo publicado este miércoles íntegramente por EL PAÍS, en el que se ve cómo los guardas de seguridad aplican a Tahiri la llamada “contención mecánica prolongada” y a continuación este muere, contradice informes y declaraciones que forman parte de la investigación dirigida desde el juzgado único de Purchena por la juez Teresa Inés Sánchez Gisbert. La familia del joven ha recurrido el archivo.

Iliass Tahiri, de 18 años, 90,4 kilos de peso y 1,78 de estatura, nacido en Tetuán (Marruecos) y residente en Algeciras, era un chico problemático, diagnosticado y tratado de un “trastorno de la personalidad de tipo antisocial grave”, según el forense Juan Luis Sánchez Blanque. Había pasado ya por otros dos centros de menores y estaba pendiente de un juicio por amenazar con un arma blanca a una psicóloga. Antes de eso, fue un chico con “un progenitor violento”, consumidor de drogas (desde pegamento a cocaína) desde los 10 años, y que “sufrió acoso escolar”, según consta en los informes de sus psicólogos y psiquiatras. Entró en el centro de menores de Oria el 2 de mayo de 2019 y salió, muerto, el 1 de julio.

El protocolo. “Con carácter general, la posición del menor será de decúbito supino (boca arriba), salvo que por prescripción médica u otras circunstancias justifiquen la posición de decúbito prono (boca abajo)”, dice el protocolo de la Asociación para la Gestión y la Integración Social (Ginso). La entidad ganó el concurso de la Junta de Andalucía para gestionar el centro de menores de Tierras de Oria en 2015, pese a tener un historial de denuncias, incidentes y muertes tras la aplicación de este tipo de medidas de contención en otros centros.

El vídeo de la muerte de Tahiri muestra cómo el chico entra en la sala sujetado por varios vigilantes de seguridad, esposado con las manos en la espalda y con el cuerpo hacia adelante, y es colocado directamente boca abajo sobre una pequeña cama. Ninguno de los informes médicos sobre Iliass Tahiri recomienda que se le coloque boca abajo si se le va a inmovilizar, una actuación a la que ya había sido sometido en otras ocasiones.

El forense, que descarta la asfixia como motivo de la muerte (recogida en el informe preliminar de la autopsia), basa en esa postura la razón del fallecimiento: una “arritmia cardiaca”. Y recuerda en su informe que eso mismo ha sucedido “en muchos casos”, por lo que esa posición está desaconsejada en todas las publicaciones médicas y regimentales.

“Violencia extrema”. El responsable de Interior del centro asegura en su informe entregado a la Guardia Civil que intentaron colocar al chico boca arriba pero que “era tal su resistencia” que tuvieron que colocarlo boca abajo. Lo seis vigilantes que participaron en la maniobra de inmovilización subrayan que hubo “violencia extrema” por parte del joven durante la aplicación de las medidas. Describen “patadas”, una “fuerte resistencia”, “sin dejar de moverse”, “poca colaboración por parte de Iliass”... Pero nada de eso se ve en el vídeo. Iliass Tahiri apenas se mueve. Sí se ve, en cambio, cómo se colocan los vigilantes sobre su cuerpo, incluida su cabeza. Minutos después, muere.

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Pendiente de la cabeza. El vigilante José Lorente López declara ante los investigadores que su función durante la inmovilización era “estar pendiente de los cuidados del interno en su cabeza, con el fin de sujetársela hacia un lado para evitar la asfixia, el vómito y permitir que el joven pudiera respirar”. El vídeo muestra cómo un vigilante, nada más colocar a Iliass boca abajo en la cama, apoya su rodilla sobre una zona próxima a la cabeza del chico y la mantiene ahí durante una buena parte del tiempo que dura la controvertida maniobra, mientras el resto se emplea en atarle las extremidades. Solo cuando retira la pierna de su cabeza comienza a comprobar si el chico respira y si tiene pulso.

“Zona contusiva”. El forense, en su análisis externo de la cabeza del joven ya fallecido, señala una “zona contusiva en zona parietal izquierda, de color rojizo violáceo, amplia y redondeada de cuatro centímetros de diámetro”. Pero en su análisis del vídeo no se refiere a esa rodilla del vigilante encargado de sujetar la cabeza, sino que se limita a decir la hora en la que empieza la maniobra (14.46), en la que el chico deja de moverse (14.50) y cuando terminan de colocarle las ataduras (14.56). Además, añade: “Los daños descritos en la cabeza no tienen ninguna repercusión a nivel óseo o cerebral, únicamente encontramos congestión inespecífica y edema cerebral”. El forense no alude a que esa posición y ese peso sobre su cabeza y contra el colchón pudiera generarle asfixia al chico, como hacía el informe preliminar: este constataba “signos de asfixia generales”; “no se descarta la compresión abdominal o la sofocación con almohada/colchón en esta muerte”.

10 fotogramas y una “actuación correcta”. Los agentes de la Guardia Civil concluyen que la actuación del personal del centro fue “correcta, utilizando las cuerdas como dice el protocolo”. Y en el análisis de los vídeos grabados por las cámaras del centro incluyen hasta 10 fotogramas de la grabación, pero en ninguno de ellos se ve a los vigilantes sobre el cuerpo del joven Tahiri, como muestra la grabación íntegra. La juez archivó el caso al considerar que se trató de un fallecimiento “accidental” y que los trabajadores aplicaron “correctamente el protocolo vigente”; el archivo de la causa juzgaba que quedó “patente” a lo largo de la instrucción la “necesidad” y la correcta aplicación de esta medida prolongada de sujeción, “garantizando la integridad física del interno fallecido” y en cumplimiento de la principal finalidad que tienen estas medidas de sujeción: “Impedir actos de violencia o lesiones del interno contra sí mismo”.

La familia del joven ha decidido recurrir el sobreseimiento al entender que de las imágenes se puede concluir que hay indicios suficientes de un delito de homicidio.

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Sobre la firma

Patricia Ortega Dolz
Es reportera de EL PAÍS desde 2001, especializada en Interior (Seguridad, Sucesos y Terrorismo). Ha desarrollado su carrera en este diario en distintas secciones: Local, Nacional, Domingo, o Revista, cultivando principalmente el género del Reportaje, ahora también audiovisual. Ha vivido en Nueva York y Shanghai y es autora de "Madrid en 20 vinos".

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