El vídeo de la muerte de un joven en un centro de menores no muestra que este opusiera resistencia

La grabación de la cámara de seguridad registró la intervención de seis personas durante 13 minutos

En vídeo, la muerte del joven de 18 años el pasado 1 de julio en el centro de menores de Tierras de Oria.

El vídeo que registró la muerte del joven Iliass Tahiri (18 años, 90,4 kilos de peso y 1,78 de estatura) la tarde del 1 de julio del año pasado en el centro de menores Tierras de Oria de Almería no muestra que el joven opusiera resistencia. La grabación de la cámara de seguridad, de 13 minutos, no había sido publicada íntegra hasta ahora porque formaba parte de un sumario secreto en el juzgado único de Purchena. El caso se investigó y archivó el pasado mes de enero, tras calificar los hechos de “muerte violenta accidental”. La familia recurrió el auto de la juez Teresa Inés Sánchez Gisbert.

La grabación está formada por dos secuencias de algo más de seis minutos y medio cada una. En ella se ve cómo seis personas (un responsable del centro y cinco guardias de seguridad) introducen al chico ―esposado con las manos en la espalda― en una pequeña habitación, lo colocan boca abajo en una pequeña cama y le atan pies, manos y abdomen mientras le mantienen inmovilizado colocándose encima de él, que se encuentra en todo momento boca abajo. Según su contenido, la maniobra de inmovilización no dura cuatro minutos (“de 14.46 a 14.50”) como recogía el informe del forense Juan Luis Sánchez Blanque, incluido en el sumario de la causa al que tuvo acceso EL PAÍS, que señalaba que a esa hora el chico “deja de moverse y de oponer resistencia”.

En el visionado completo del vídeo, no se percibe que el joven oponga resistencia de ningún modo en ningún momento. Sí se ve que uno de los agentes de seguridad del centro ―una vez tumbado el chico boca abajo y maniatado en la cama― coloca su rodilla y le oprime con su peso en alguna zona próxima a la cabeza, y se mantiene así buena parte del tiempo (13 minutos) que dura la aplicación del controvertido “protocolo de contención mecánica”. Cuando progresivamente se van retirando los responsables de seguridad de su cuerpo, tratan de comprobar si tiene pulso. Illias Tahiri, un chico conflictivo que había pasado ya por varios centros de menores y a quien ya se le había aplicado con anterioridad esa clase de protocolos “antisuicidios”, estaba ya muerto.

En la parte final de la última secuencia del vídeo, se ve al responsable-tutor del centro llamar por teléfono, presumiblemente a la doctora que minutos más tarde, según consta en el sumario al que tuvo acceso EL PAÍS, comprueba que el joven no respira (15.04 horas) y ordena que le desaten y que comiencen unas infructuosas técnicas de reanimación en un pasillo.

Boca abajo

El doctor Sánchez Blanque dedica varios folios de su prolijo informe a la posición del cuerpo de Iliass Tahiri y cómo pudo influir esa postura en el óbito. Dice el forense que la autopsia refleja un “fracaso cardiorrespiratorio”, pero se decanta finalmente por una “arritmia cardíaca” como “causa más probable” de la muerte, y descarta la asfixia que reflejaba el informe preliminar: “Signos asfixíacos generales muy evidentes con livideces extensas de color azul oscuro”. Aunque sí refleja en su informe: “Gran edema agudo de pulmón, congestión y numerosas esquimosis de Tardieu [manchas asociadas a la sofocación, la asfixia y la anoxia]”.

“Con carácter general, la posición del menor en la cama será de decúbito supino (boca arriba), salvo que por prescripción médica u otras circunstancias justifiquen o aconsejen la posición de decúbito prono (boca abajo)”, reza el texto del protocolo de contención mecánica del centro de internamiento de menores Tierras de Oria (Almería).

La posición del fallecido, contraria al resto de protocolos de contención como subraya el forense, es clave para determinar cuánto pudo influir en la muerte del chico. Y determinar si se trata de “una muerte violenta accidental”, como se concluye en el auto de archivo de la causa de la juez Teresa Inés Sánchez Gisbert del pasado 29 de enero o, por el contrario, de un posible “homicidio”, como defiende el abogado de la familia, Carlos Rolin, en el recurso presentado posteriormente.

La juez, sin embargo, no entra a valorar en su auto el protocolo aplicado, sino que se limita a analizar si se actuó de acuerdo con el mismo o no. Pero el abogado de la familia cuestiona, al igual que el forense, el citado protocolo, creado por la misma asociación para la gestión social (Ginso) responsable del centro. “Una adaptación específica a las características del centro del que rige para todos los centros de la Junta de Andalucía”, aclaró en su día un portavoz de la asociación a este diario.

Se trata de uno de los cuatro centros de internamiento que gestiona esa polémica organización, que acarrea denuncias, incidentes y más de una muerte tras la aplicación de este tipo de medidas. Ginso ganó el concurso público para la gestión de este centro almeriense de la Junta de Andalucía en 2015.

El diario local ‘La Comarca’ publicaba este lunes la carta de dimisión del director del centro, Manuel Madrid Saavedra, quien ordenó la aplicación del citado protocolo. La presentó el pasado 5 de junio y va dirigida al vicepresidente de Ginso, Enrique Tuñón Serrano. En la escueta misiva puede leerse: "Mi dimisión y cese en mi puesto de trabajo por motivos personales, familiares y por agotamiento físico y psicológico y para salvaguardar el trabajo y buena imagen de mi centro, de los trabajadores y de mi asociación”.

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