13 minutos dentro de la ley

El 2 de julio de 2019, EL PAÍS informó de la muerte de Iliass Tahiri en un centro de menores de Almería gestionado por Ginso, una asociación sin ánimo de lucro fundada por un empresario (“¿No suena raro que un arquitecto con empresas de construcción cree una asociación sin ánimo de lucro con la que consigue contratos de obra?”. “No, y es legal”). Fuentes de la investigación dieron esta información entonces: “Tras permanecer atado más de media hora, todo indica que el chaval ha muerto de un infarto, no presenta signos de violencia”. Pocas cosas más peligrosas que un “todo indica”. Desplaza la sospecha sin un solo hecho: siga por ahí, no le digo por qué, fíese de mí. El periódico recordaba entonces que en otro centro de menores gestionado por la misma asociación en la Comunidad de Madrid, en 2011, se produjo la muerte de otro chico, Ramón Barrios, por “un cuadro clínico de excitación previa al fallecimiento como desencadenante de una muerte con causa indeterminada y sin signos de violencia”, según el informe forense; “varios ataques de angustia y después un ataque al corazón”, dijo el Gobierno madrileño. Tenía 19 años.

En los últimos tiempos se ha hecho mención a denuncias tanto de jóvenes recluidos y de extrabajadores, a abusos como los difundidos en 2015 (dos menores atados boca abajo en una cama) en esos centros gestionados por Ginso mediante concesión. Ese año, 2015, la Policía Nacional condecoró a Ginso con la Cruz de la Orden al Mérito Policial. Todo archivado, todo resuelto entre eufemismos: son protocolos de contención, métodos de sujeción mecánica. Prácticas legales. Por ahí se iba la muerte de Ilias Tahiri, ya archivada por la juez tras descartar el forense la asfixia que sí aparecía en un informe preliminar (“signos muy evidentes con livideces extensas de color azul oscuro”), señalar que tardó en ser inmovilizado cuatro minutos y concluir que la causa probable de la “muerte violenta accidental” fue una “arritmia cardiaca”. Tenía 18 años.

El vídeo que publicó este martes la periodista Patricia Ortega Dolz en EL PAÍS demuestra que Iliass Tahiri fue introducido esposado en una habitación por seis personas que lo ataron a la cama y se colocaron encima de él con uno de ellos presionándole con la rodilla una zona cercana a la cabeza. Que no tardaron cuatro minutos en inmovilizarlo porque no había nada que inmovilizar: la víctima no opuso resistencia. Que estuvieron 13 minutos encima de él. Y que cuando se fueron sacando de encima, el chico estaba muerto.

La noticia pone el foco sobre muertes anteriores, como la de Barrios de 2011, y sobre abusos denunciados sistemáticamente y mayormente olvidados. El vídeo demuestra asuntos igualmente incómodos: no sólo la muerte, sino la impunidad que la rodea. Uno sabe que vive en un Estado de derecho porque el crimen tiene un precio: al criminal se le castiga; a la víctima, o su familia, se le hace justicia. Esto demuestra el vídeo: que han fallado uno a uno –desde los centros estatales puestos en manos privadas hasta la justicia– todos los eslabones que debían garantizar a los padres de Iliass Tahiri el esclarecimiento de la muerte de su hijo. Esto también demuestra el vídeo: que no sabemos lo que pasa cuando no hay imágenes, o cuando las hay y se destruyen. Y en ese lugar al que no llega la justicia, ni las imágenes de un vídeo, ni el periodismo que las publica, se quedan las familias de los muertos con informes llenos de eufemismos, personal conjurado para contar la misma versión y la seguridad de que unas muertes se archivan antes que otras dependiendo de si se producen o no bajo la tutela del Estado, si tu familia tiene recursos o no, si tu madre habla o no español, o si tu vida importa tan poco como para achacársela al corazón cuando tienes 18 años.