Adiós al clan de ‘Los suecos’ en la Costa del Sol

En 2018 un grupo de veinteañeros procedentes de los países nórdicos irrumpió en la Costa del Sol. Llegaron con una violencia rara vez vista en España que sorprendió incluso a los agentes policiales más experimentados. Con el tiempo, los investigadores les bautizaron como el clan de Los suecos y, finalmente, lograron detenerlos. El que se considera como su núcleo duro está formado por dos parejas de hermanos que fueron juzgados durante la pasada primavera en Málaga. Uno de ellos confesó dos asesinatos y los otros tres revelaron ser sus cómplices. Ahora esta banda de sicarios se da por desmantelada para siempre. Dos de ellos —los Abdul Karim, suecos— cumplen condena en la cárcel. Y otros dos —los Mekky, daneses criados en Suecia— han sido ya expulsados del país y tienen prohibido volver en una década. Uno de ellos es su líder, Amir Mekky, que el mismo día que se preparaba para salir en libertad fue detenido para, posteriormente, ser extraditado a Suecia. Allí cumple prisión preventiva acusado de “tráfico de drogas y posesión de armas”, según relata la fiscal Lisa Åberg, encargada de su caso, nacido de la operación policial que intervino millones de conversaciones encriptadas en la aplicación Encrochat y ha revolucionado la lucha contra el narco.

La investigación para acabar con este clan fue rápida. Arrancó en mayo de 2018 después de que un pistolero asesinara a David Ávila, alias Maradona, en San Pedro Alcántara (Marbella). Justo cuando la víctima salía de la comunión de su hijo y se subía al coche con su familia, un motorista bajaba de una Yamaha T-Max blanca y le disparaba varias veces. Lo mató en el acto. Tres meses después, en agosto, Sofian Ahmed Barrak, alias El Zocato, recibía nueve tiros a bocajarro en la puerta de su casa, en Estepona. Alguien le esperaba escondido tras unos contenedores y, cuando salió de la vivienda, de madrugada, le asesinó. Tres de los que se consideró entonces autores de ambos sucesos fueron detenidos en noviembre de ese año. Faltaba Amir Mekky, que cayó en verano de 2020 en Dubái. La instrucción y la fecha de juicio se retrasó tanto que dos de ellos superaron los cuatro años de prisión preventiva, el máximo en España y quedaron en libertad antes de juicio. Antes, otro de los integrantes, Karim Abdul Karim, había sido juzgado y condenado a 34 años de prisión por cuatro delitos de intento de asesinato, organización criminal, tenencia de explosivos, falsedad documental, daños continuados y maltrato animal tras poner dos bombas en una casa de Benahavís y en una nave industrial de San Pedro Alcántara.

Los cuatro acudieron como principales acusados de los asesinatos de Maradona y El Zocato en un juicio que se celebró en abril en la Audiencia Provincial de Málaga en presencia de un jurado popular. El fiscal solicitaba de inicio la prisión permanente revisable para ellos, así como distintas penas para otros cuatro cómplices. El transcurso del juicio dio un giro de guion cuando saltaron las primeras dudas sobre las pruebas recopiladas durante la investigación. (Lo avisaba el abogado Gonzalo Boyé días antes al asegurar que poseía “un camión de pruebas” para desmontar la hipótesis policial). Así, de manera paralela a las sesiones, las partes establecieron un diálogo que acabó en acuerdo en el que todas las partes salían ganando. El fiscal, porque conseguía que los acusados se declarasen culpables de los hechos y evitaba una posible absolución. Las defensas, porque obtuvieron penas muy bajas para sus clientes —gracias a las atenuantes de confesión y reparación del daño— que, además, eludían la posibilidad de la prisión permanente revisable. Y la acusación familiar porque lograba respirar con la culpabilidad, una indemnización para la familia y una orden de alejamiento. La policía también ganaba: los condenados no pueden regresar a España en un plazo de diez años “contados desde la fecha de expulsión”, como recoge la sentencia.

“Es mejor que no estén aquí, pero el problema es que si no son ellos, serán otros. La situación sigue siendo muy complicada en la Costa del Sol”, cuenta un experto policía con años de experiencia en la zona. “Es muy importante que ya no estén aquí, donde ya no podrían hacer nada. Y, además, están lejos de los familiares de las víctimas, como se pretendía”, añaden desde la Fiscalía de Málaga, que reconocen que el caso fue difícil de abordar. Fuentes jurídicas subrayan el arduo trabajo policial y la fórmula final del acuerdo, que reconocen como un éxito del fiscal del caso, Carlos Tejada. “Fue un procedimiento complejo, con mucha presión mediática y social por cómo ocurrieron los hechos. Todas las partes buscaron cerrar el tema de la mejor manera posible”, explican las mismas fuentes. “Por sus aristas, peculiaridades y dudas es uno de los casos más complicados que he tenido en mis 30 años de ejercicio como abogado”, añade Óscar Alario, abogado que representó a Fakry Mekky.

Ahmad Abdul Karim confesó ser el autor de los dos crímenes y recibió una condena de doce años de prisión. Tenía como plazo de ingreso voluntario en la cárcel hasta el 29 de junio, así que un día antes lo hizo en la prisión de Alicante. Allí estará solo unos meses. Antes de ser juzgado había acumulado cuatro años en prisión preventiva y cuando cumpla el quinto será expulsado del territorio español, como recoge la sentencia. Entonces quedará en libertad. Su hermano Karim Abdul Karim —que confesó ser cómplice en el asesinato de Maradona— fue condenado a casi cuatro años de prisión, periodo que ya había cumplido en preventiva, aunque sigue en la cárcel por el caso de los explosivos y no podrá abandonarla, al menos, hasta que se cumplan dos tercios de los 35 años que le impuso el tribunal. Fakhry Mekky, sentenciado a 42 meses y 14 días de prisión —tiempo que ya había superado en prisión provisional— por el mismo asesinato, también ha abandonado ya el país, según confirman fuentes jurídicas.

Su hermano Amir Mekky y líder de la banda —condenado a dos años, diez meses y quince días como cómplice del asesinato de El Zocato, periodo que también había superado en prisión preventiva— se disponía a quedar en libertad cuando fue detenido y extraditado a Suecia —con permiso de las autoridades danesas— donde a principios de agosto fue encarcelado de forma preventiva. Se le acusa de tráfico de drogas en un caso liderado por la fiscal Lisa Åberg, que pretende incluir en la acusación provisional cuatro delitos más por narcotráfico y posesión de armas, según ha confirmado a EL PAÍS la propia Åberg. Está pendiente de respuesta de la Audiencia Nacional, donde subrayan que, a su vez, esperan autorización de Dinamarca “que es el país que accedió a extraditarlo a España”. Sea como sea, no podrá volver a España en mucho tiempo. La Costa del Sol dice así su adiós al clan de Los Suecos.