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Doce años de prisión para el miembro del clan de ‘Los Suecos’ condenado por el asesinato de dos personas en Marbella

Siete personas más de la organización implicadas en el caso cumplirán bajas penas de prisión gracias a un acuerdo entre las partes y tras aplicar atenuantes

Nacho Sánchez
Defensas niegan que acusados mataran a un hombre tras la comunión de su hijo
La sala de la Audiencia Provincial de Málaga este miércoles, donde se celebra el juicio contra los cuatro acusados de dos asesinatos en la Costa del Sol en 2018.Daniel Pérez (EFE)

El jurado popular ha declarado culpables este miércoles, por unanimidad, a ocho miembros del clan de Los Suecos por participar en dos asesinatos en la Costa del Sol en 2018. Uno de ellos, Ahmed Abdul Karim, ha sido condenado por ser el autor material de los disparos que acabaron con las vidas de David Ávila, Maradona, cuando este salía de la comunión de su hijo, y Soufian Mohamed, Zocato, a las puertas de su casa, así como responsable de un delito de tenencia ilícita de armas. En el veredicto también se condenado por colaboración en el asesinato a su hermano, Karim Abdul Karim, y a Fahkry Mekky, mientras que a Amir Mekky le ha considerado colaborador en el delito de tenencia de armas. Han resultado culpables tres de las cuatro personas que compraron, recogieron y trajeron hasta Marbella el vehículo que sirvió para escapar del primer crimen, y otra más que facilitó sus datos para alquilar el coche con el que se planeó el segundo. Es el punto final de un juicio que se ha desarrollado durante algo más de dos semanas en la Audiencia Provincial de Málaga y durante el cual los acusados admitieron los hechos. Los condenados han renunciado a recurrir la sentencia.

Las penas son las mismas que la Fiscalía y la acusación particular solicitaron la semana pasada, después de llegar a un acuerdo con las defensas, y descartan sus pretensiones iniciales de prisión permanente revisable para los cuatro principales investigados, que son dos parejas de hermanos. A los colaboradores les han caído condenas de entre un año y diez meses a tres años y ocho meses. Uno de ellos, Karim Abdul Karim, ya está en la cárcel por una condena de 34 años —que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó el martes— por la colocación de dos artefactos explosivos en Marbella y Benahavís. Y otro, Amir Mekky, lleva en prisión preventiva dos años y medio, casi el mismo tiempo de su condena, por lo que se espera que sea liberado pronto. Fuentes policiales han explicado que antes será detenido y enviado a Suecia en virtud de una Orden Europea de Detención publicada por un juzgado de la ciudad sueca de Malmö la semana pasada. Del resto, ninguno entrará en prisión salvo el pistolero, ahora en libertad provisional, que afrontará 12 años, de los que ya ha cumplido cuatro, como Fahkry Mekky. Se ha acordado que cuando llegue al quinto año sea expulsado a Suecia.

Detrás del hecho de que la Fiscalía llegara a pedir prisión permanente revisable y, finalmente, haya pedido 12 años hay muchos factores que ayudan a entender un juicio que comenzó con un traspié. En primer lugar, Suecia y Dinamarca, países de procedencia de los acusados, pusieron como condición que no se les juzgara por organización criminal, rebajando así el número de años de cárcel previstos por el Fiscal. A esto se suma, que hacía semanas que se gestaba un acuerdo entre las partes. Para la Fiscalía era básico conseguir que quienes se sentaban en el banquillo asumieran su culpabilidad, como hicieron. Para las defensas, el pacto era una buena salida ante la posibilidad de la prisión permanente revisable. Para la acusación particular, se convertía en una oportunidad de asegurarse la condena, porque desconfiaban de que las pruebas fuesen concluyentes. “En el Derecho Penal todo debe estar muy bien demostrado porque, en caso de duda, hay que absolver”, recuerda Octavio García, catedrático de la Universidad de Málaga.

Exponer esa culpabilidad no era sencillo. Y la duda, la que lleva a un jurado popular a la absolución de un acusado, era fácil de generar por las defensas. “No hay ADN ni huellas dactilares, no hay nada que le vincule”, decía el abogado Óscar Alario, que representa a Fahkry Mekky. La incertidumbre se ha comprobado en distintas sesiones, como en la que se mostraron los vídeos de la ruta que el autor de los disparos a Maradona, en San Pedro Alcántara el día 12 de mayo de 2018, tomó hasta esconder la moto en la urbanización Cortijo del Mar, en Estepona. Las cámaras de la zona captaron un vehículo blanco que podría, o no, ser el mismo. Tampoco se encontró el arma o las armas utilizadas para los asesinatos.

Atenuantes

Tras el acuerdo, los letrados pidieron disolver el jurado popular. Sin embargo, el Fiscal, Carlos Tejada, insistió en mantener un mínimo de testimonios que permitiera a los miembros del tribunal conocer cómo ocurrieron los hechos. Pasaron así de escuchar durante ocho horas a los abogados defensores, que salieron en tromba resaltando la inocencia de sus defendidos, a ver cómo estos confesaban los hechos sin inmutarse. El reconocimiento ha ejercido de atenuante en la pena que solicitó tanto el fiscal como la acusación particular. También lo ha hecho el pago de la indemnización —120.000 euros para la familia de Zocato y 80.000 para la de Maradona— lo que, según fuentes jurídicas, a veces supone la diferencia “entre ingresar o no en prisión”. En el caso del pistolero, también se rebaja la pena porque actuó bajo “obcecación o ira” tras las desavenencias con sus víctimas. Cuando el fiscal preguntó al pistolero si existían enfrentamientos personal con Zocato, respondió: “Sí, es correcto”. Mismas palabras que utilizó para confirmar que le disparó entre ocho y nueve veces a bocajarro en agosto de 2018. Y que en mayo de ese año también presionó cinco veces el gatillo para matar a Maradona.

La hipótesis policial planteó, de hecho, que Zocato había encargado la muerte de Maradona por una deuda relacionada con el narcotráfico. Luego no pagó a los sicarios y estos, por decisión propia, lo mataron a él. Nada de ello ha quedado demostrado en el juicio, que tras pasar de puntillas por los hechos no ha indagado en el contexto. Eso sí, el saludo —triste pero afectuoso— de ambas viudas a la puerta del juzgado desmonta, al menos en apariencia, cualquier rivalidad. Sea como sea, ambas familias también ganarán distancia con los ocho acusados, ya que en la condena prevista se incluye una orden de alejamiento a más de 500 metros y la expulsión del país de todos ellos. Los cuatro que afrontarán una pena menor de dos años han solicitado la suspensión de la condena, también porque la mayoría ha cumplido ya varios meses de prisión preventiva.

En Suecia, ahora, no saben qué hacer. La primera reacción, en cuanto supieron que Amir Mekky podía volver, fue lanzar una orden europea de detención. Fuentes policiales explicaron que lo más probable es que sea detenido en prisión y luego enviado a Suecia. Fuentes jurídicas aseguran que las causas por las que se les busca no tienen mucho recorrido, lo que le permitiría mantener una hoja de servicio limpia en Suecia, donde siempre ha sido absuelto de cada causa en la que se ha visto envuelto.

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