El fiscal retira la petición de prisión permanente para ‘los suecos’ por el asesinato de dos rivales en Marbella

El juicio al denominado clan de Los Suecos ya está cerca de su fin. Tras 10 sesiones en las que el caso se ha ido desinflando poco a poco, este viernes el fiscal, Carlos Tejada, ha anunciado ante el tribunal las penas que solicita para cada uno de los ocho acusados de los asesinatos de David Ávila, Maradona, en mayo de 2018 en Marbella, y de Soufian Mohamed, Zocato, en agosto de ese mismo año en Estepona. Para el autor confeso de los disparos, Ahmed Abdul Karim, la fiscalía ha demandado 12 años de prisión, a pesar de que la petición inicial era de prisión permanente revisable, como también ocurría con los otros tres cabecillas del grupo. Son su hermano Karim Abdul Karim, para el que se piden tres años, ocho meses y 10 días de cárcel; y Fahkry Mekky, al que se exigen tres años y seis meses. También Amir Mekky, al que la policía considera cabecilla del grupo, para el que el ministerio fiscal ha pedido dos años, 10 meses y un día. Justo ayer, un juzgado de Malmö, ciudad de Suecia de donde proceden los cuatro, lanzó una orden de detención contra él por tráfico de drogas, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, y deberá ser entregado a las autoridades suecas en cuanto sea liberado de la cárcel.

Este paso no es el último paso del juicio. Aún falta que el jurado popular dé su veredicto, previsto a mediados de la semana que viene. Después, será el turno de que el juez haga firme su sentencia. Esa ejecución conllevará que todos sean expulsados del país, pena accesoria solicitada por el fiscal. También los cuatro cómplices, que de hecho ya están en Suecia y cuyo papel en los hechos es más secundario. Para ellos se piden un año, diez meses y 15 días de prisión, y sus defensas han solicitado que se suspenda la pena si hay veredicto de culpabilidad al ser menor a dos años, con la idea de que tampoco deban estar entre rejas en su país de origen. Sí seguirán encarcelados, en España, Karim Abdul Karim —que cumple condena por la colocación de dos explosivos en la Costa del Sol—, su hermano Ahmed y Amir Mekky, al que quedan un par de meses para completar la pena pedida. Fuentes policiales explican, eso sí, que al estar ya en vigor la nueva orden europea de arresto lanzada ayer desde Suecia, sus derechos serán leídos en la cárcel y será enviado su país a corto plazo.

La rebaja en las penas solicitadas por el fiscal se basa en dos aspectos clave. El primero, que las autoridades suecas y danesas pusieron como condición para que los acusados fueran juzgados en España que se eliminara el delito de organización criminal, una agravante de importancia. Sin él, el número de años de cárcel estaba destinado a reducirse mucho, pero, sobre todo, cambiaba la forma en que se afrontaba el propio juicio: ya se debían considerar los asesinatos por separado, no como parte de un plan organizado por un grupo de personas como mantenía la hipótesis policial. De hecho, los principales acusados se han repartido su participación en los asesinatos y solo el pistolero asume los dos. La segunda, la existencia de atenuantes, que han tenido mucho peso. Así, se ha considerado el reconocimiento de los hechos —todos los acusados confesaron durante el juicio— y la restitución del daño —han pagado 120.000 euros a la viuda de Zocato y 80.000 a la de Maradona—. En el caso del asesino, la obcecación o ira, ha ejercido de tercera atenuante.

Todo ello ha ido tomando forma en las conversaciones que la acusación particular, defensas y fiscalía han mantenido desde hace semanas para llegar a un acuerdo. La fiscalía ha conseguido que todos vayan a ser condenados —salvo que el jurado popular diga lo contrario, algo que sería excepcional si se tiene en cuenta que todos los acusados asumieron su culpa— y que la pena conlleve expulsión del país. La idea siempre fue que ningún miembro del clan pudiera seguir ejerciendo ninguna actividad en España, para alivio policial y enfado de las autoridades suecas. Al otro, las familias recibirán indemnización y se aseguran que los integrantes del clan no se les acerquen a menos de 500 metros bajo el riesgo de quebrantar la orden de alejamiento que también se ha solicitado para ellos. Las defensas han evitado que los principales acusados afrontaran la prisión permanente revisable.

Lo que ha quedado probado durante el juicio es que el 12 de mayo de 2018 Ahmed Abdul Karim disparó al menos cinco veces a Maradona (que murió casi en el acto) cuando este se subía a su coche, recién terminada la comunión de su hijo en la iglesia de la Virgen de Rocío en San Pedro Alcántara, en Marbella. El asesino, vestido de negro y con casco integral del mismo color, escapó luego con su motocicleta Yamaha T-Max hasta la urbanización Cortijo del Mar, en Estepona, donde la escondió con la ayuda de su hermano Karim y Fahkry Mekky, que tenía allí alquilado un apartamento. Por este caso, a Ahmed se les solicitan cuatro años de prisión por un delito de asesinato, a su hermano tres años, ocho meses y diez días como cómplice de asesinato y a Mekky otros tres años y seis meses por ese mismo delito. Para otras tres personas, el fiscal pide un año, diez meses y 15 días también como cómplices por adquirir en Alemania y transportar hasta España el vehículo con el que se cometió al crimen “a sabiendas de que se utilizaría para hechos ilícitos”, según ha contado el fiscal.

También se ha probado que el 20 de agosto del mismo año Amir Mekky, al que la policía considera cabecilla del grupo, quedó en Puerto Banús con Soufian Mohamed para entretenerlo y dar tiempo a Ahmed Abdul Karim a preparar ese segundo asesinato. Este llegó en bicicleta hasta las inmediaciones de la casa de su víctima, que ya de madrugada llegó a su vivienda y, tras volver a salir con el móvil encendido minutos después, recibió nueve disparos a bocajarro que acabaron con su vida. Para el autor de los disparos se piden ocho años de prisión por un delito de asesinato, mientras que a Mekky se le requieren dos años, diez meses y un día como cómplice. Otra persona, que facilitó su identidad para alquilar un coche con el que se realizaron labores de vigilancia sobre el fallecido, podría afrontar un año, diez meses y 15 días de prisión.