La Fiscalía pide reabrir la causa por la muerte en el centro de menores de Almería

La Fiscalía de Almería se suma al recurso de apelación de la familia del joven Iliass Tahiri, fallecido en el centro de menores infractores de Tierras de Oria (Almería) el pasado 1 de julio, cuando seis vigilantes lo inmovilizaban boca abajo en una cama. El Fiscal cuestiona el protocolo de contención y su aplicación, en contra de la juez, que archivó el caso en enero como “muerte violenta accidental”. Y abre la puerta a que se contemple, al menos, un delito de “homicidio imprudente”.

Iliass Tahiri —de 18 años, 94 kilos de peso y 1,78 cm de estatura— murió aprisionado por seis vigilantes de seguridad del centro de Oria, que administra desde 2015 la Asociación para la Gestión y la Integración Social (Ginso). La entidad acarrea incidentes, denuncias y otros dos casos de muertes —archivadas por los jueces— tras la aplicación de medidas de contención. El vídeo de 13 minutos que registró la actuación de los vigilantes fue publicado por EL PAÍS, y en contra de lo declarado por los investigados en la causa, no muestra que el joven opusiera resistencia alguna para ser atado.

Tras hacerse público el contenido de esas grabaciones de las cámaras de seguridad y después de que el Defensor del Pueblo solicitara el pasado martes la abolición de las medidas de contención mecánica en esos centros de menores, el fiscal Carlos Castresana Fernández se desmarca de la decisión de la juez. Y se adhiere al recurso contra el archivo que presentó la madre del fallecido, que entendía que podía existir un delito de “homicidio imprudente”.

El ministerio público cuestiona abiertamente el protocolo aplicado por la entidad Ginso, contrario a todas las recomendaciones sanitarias y regimentales nacionales e internacionales por contemplar la opción de colocar (discrecionalmente) boca abajo a las personas inmovilizadas. Y responsabiliza a los gestores y a la dirección del centro por haberlo practicado y mantenido, “a sabiendas” y en contra de las advertencias previas del Defensor del Pueblo y del Consejo de Europa.

Tras un análisis de casi 20 folios, concluye el fiscal: “Entendemos que concurren todas las condiciones exigidas por nuestro Código Penal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo para imputar el resultado de la muerte de Iliass Tahiri a las personas que a sabiendas de los riesgos inherentes a su decisión, y pese a haber sido advertidos expresamente, aprobaron y dispusieron la aplicación del Protocolo de contención mecánica del centro de Oria”.

No obstante, el fiscal advierte de que “mantiene la posición procesal sostenida hasta ahora, en el sentido de considerar que de la información disponible en la causa no se desprende en este momento la existencia de delito imputable a las personas que figuran como investigadas, empleados de Ginso, que administra por concesión de la Junta de Andalucía el centro en Oria”.

El director del centro en cuestión, Manuel Madrid Saavedra, presentó su dimisión en una escueta carta el pasado 5 de junio por “motivos personales y agotamiento físico y psicológico, y para salvaguardar la buena imagen” del centro, de los trabajadores y la asociación. Madrid Seaavedra no consta entre los investigados por la Guardia Civil, aunque autorizó (“por teléfono”, según los implicados) la medida de contención aplicada a Iliass Tahiri.

El escrito de la Fiscalía entra de lleno en el protocolo y su aplicación. Y lo hace en contra del criterio de la juez Teresa Inés Sánchez Gisbert, que en su auto de archivo sostuvo: “Sin perjuicio de que es contrario a las recomendaciones, no es menos cierto que dicho protocolo estaba vigente en el momento de los hechos y que su contenido no ha sido objeto de análisis en la presente instrucción, limitada a verificar su correcta aplicación por parte de los investigados”.

Ahora el ministerio público pide la reapertura del caso, una ampliación de la investigación y la depuración de responsabilidades de quienes elaboraron, impusieron y aplicaron el protocolo de Ginso, que gestiona otros centros en Madrid y Almería. Y reclama que, mientras y “con vigencia inmediata”, el juzgado ordene al centro la suspensión de la aplicación de esa medida de contención física del menor interno.

En su informe del pasado miércoles, el Defensor del Pueblo ya exigía a la Junta de Andalucía que cautelarmente suspendiera la aplicación de esas medidas en todos los centros de menores. Los responsables políticos de la Junta han optado en todo momento por “mantenerse al margen”, por “respeto” al procedimiento judicial.