El abogado conservador Vicente Guilarte asume la presidencia del Poder Judicial por plazo indefinido

El vocal conservador Vicente Guilarte será a partir de este jueves el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para un plazo indefinido, porque es imposible pronosticar cuándo se renovará el órgano de gobierno de los jueces, que lleva ya cuatro años y medio con el mandato caducado. Guilarte sucede en el cargo al magistrado progresista Rafael Mozo, quien se jubiló ayer al alcanzar los 72 años. La sucesión en favor de Guilarte se produce por aplicación de los acuerdos que tomó el propio Consejo cuando dimitió su anterior presidente, Carlos Lesmes, en el sentido de que el cargo fuera asumido por el magistrado de mayor edad, siempre que quedara vacante durante el tiempo en que permanezca en su actual situación de falta de renovación.

Guilarte, en todo caso, tenía que adoptar una importante decisión para asumir la presidencia del órgano de gobierno de los jueces, consistente en abandonar las actividades que ha seguido desarrollando en paralelo a su cargo de vocal del Poder Judicial. Tales actividades se refieren a su labor como abogado en ejercicio —será el primer letrado en alcanzar la presidencia del Consejo desde que el órgano fue creado por la Constitución de 1978— y a la tarea docente como catedrático de Derecho Civil. Un vocal del Consejo puede desempeñar estas ocupaciones porque no le afecta el régimen de incompatibilidades aplicable a los miembros de la Comisión Permanente del Consejo.

Dicho órgano es de facto el brazo ejecutivo del Poder Judicial y sus siete integrantes tienen dedicación exclusiva. La permanente está encabezada por el presidente del Consejo, lo que implica que tenga, a su vez, el mismo régimen de incompatibilidades que el resto de sus miembros. Algunos vocales dudaban de si Guilarte aceptaría abandonar sus actividades como abogado y docente, y por ello propusieron que el asunto se aclarara en un pleno del Poder Judicial. Sin embargo, en la reunión de este martes no hubo necesidad de debate alguno. Cuando la sesión llegó a este punto del orden del día, el último del pleno, el propio Guilarte se anticipó a cualquier consideración sobre el relevo en la presidencia y dijo aceptar el cargo en aplicación de la previsión legal de que lo ocupe el magistrado más antiguo, y añadió que lo asumía con todas sus consecuencias, es decir, con compromiso de observancia del régimen de incompatibilidades.

Ahora queda por ver qué implicaciones tendrá el cambio de presidente, a tres días de la jornada electoral y en un contexto en el que el Poder Judicial sigue sin renovarse cuatro años y medio después de que en diciembre de 2018 terminara su mandato legal. Es importante tener en cuenta que en la persona de Guilarte el Consejo va a tener un presidente del sector conservador que sucede a otro, Rafael Mozo, del grupo progresista.

El Consejo del Poder Judicial tiene muy mermadas sus funciones, sobre todo tras la reforma legal que le prohíbe, mientras siga en funciones, llevar a cabo nombramientos discrecionales de magistrados del Tribunal Supremo y de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, Audiencias Provinciales y Audiencia Nacional. Pero como órgano de gobierno de los jueces mantiene una relevante posición institucional y ejerce funciones de organización del aparato judicial y de orientación legislativa, como ocurre con sus informes preceptivos, aunque no vinculantes, sobre determinadas leyes. Ayer mismo el Consejo aprobó el informe favorable al anteproyecto de ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en este caso por unanimidad de sus ahora ya dieciséis miembros, cinco menos de los previstos legalmente, por jubilaciones, dimisiones y un fallecimiento, ocurridos con el mandato ya prorrogado.

Fuentes del propio Poder Judicial destacan que, pese a su pertenencia al sector conservador, Guilarte ha demostrado independencia de criterio y autonomía personal. Su acceso al órgano de gobierno de los jueces se vio favorecido por su proximidad y la de miembros de su familia con el expresidente Mariano Rajoy (PP). Guilarte fue abogado del Colegio de Registradores de la Propiedad, al que pertenece el exmandatario popular.

La controversia saltará con toda probabilidad si Guilarte introduce cambios sensibles en la organización del Consejo. El principal sería, de entrada, el que pudiera afectar a su comisión permanente. Algunos vocales no ven con buenos ojos que el nuevo presidente pueda pretender llevar a cabo cambios en dicha comisión, que no perciben dietas por desplazamientos y asistencia a reuniones del pleno, como el resto de vocales, sino el salario correspondiente a un alto cargo de un órgano del Estado.

Guilarte mantiene una relación especialmente estrecha con los vocales que componen la comisión disciplinaria, y en el Consejo se especula con que quiera rodearse de colaboradores procedentes de esta instancia. De proponerse, relevos de este tipo no serían pacíficos, en parte porque las normas internas del Consejo prevén que la comisión disciplinaria actúe con vocación de permanencia de sus integrantes. En el Poder Judicial todos esperan, en suma, a que Guilarte empiece a mostrar sus cartas, si no esta semana, desde luego la próxima, cuando ya se conozcan los resultados de las elecciones generales del 23-J y las altas instituciones del Estado puedan planificar sus próximas actuaciones con mayor información sobre el contexto político en que van a desempeñar su labor en los próximos meses, o tal vez años.