El PP se pelea con el poder adquisitivo de las pensiones

Las pensiones han sido el epicentro de una gran batalla política entre el PSOE y el PP desde hace más de 30 años. Pero, sobre todo en el último tiempo, las grandes decisiones marcan una línea divisoria muy clara entre los dos grandes partidos. Se trata de una cuestión muy sensible que afecta a 10 millones de votantes, y en la que el PP se ha enredado los últimos días con la idea de que siempre han defendido la actualización de las pensiones al IPC, algo que los datos empíricos desmienten.

Felipe González y José María Aznar ya se golpeaban muy duro con este asunto en los noventa, cuando el PSOE alentaba el temor de que una llegada del PP al poder pudiera suponer un recorte fuerte en las pensiones. Para intentar evitar esa polémica tan cruda, se creó el Pacto de Toledo en 1995. Aznar presumió de llegar al poder y mantener el poder adquisitivo de las pensiones. José Luis Rodríguez Zapatero también lo hizo, incluso muy por encima del IPC en 2009, cuando un desplome de los precios imprevisto hizo que las pensiones ganaran 1,7 puntos de poder adquisitivo. Las mínimas mejoraron hasta 30 puntos su poder adquisitivo en los seis primeros años de Zapatero. Pero llegó la crisis, el “me cueste lo que me cueste” de 2010 y Zapatero congeló la mayoría de las pensiones ese año —solo subieron las mínimas y no contributivas un 1%—.

Eso marcó para siempre al PSOE y aún hoy lo sigue utilizando Alberto Núñez Feijóo. Lo cierto es que el PP evitó siempre ese titular demoledor que hundió a Zapatero y nunca congeló las pensiones, pero las subió tan poco —la mayoría de los años un 0,25%, una cuasicongelación— que hizo que perdieran mucho más poder adquisitivo que con el PSOE. Y sobre todo hizo algo mucho más de fondo políticamente: mientras el presidente socialista había tomado una medida puntual, forzado por una crisis muy brusca, el PP hizo una reforma permanente que conducía prácticamente a las pensiones a subir siempre un 0,25% y perder poder adquisitivo todos los años que la inflación estuviera por encima de esa cifra.

Nada más llegar Rajoy, los pensionistas empezaron a perder. El PP hizo ajustes muy duros en casi todos los sectores —sanidad, educación— desde el primer día y subió mucho los impuestos desde el primer Consejo de Ministros, pero presumió de salvar a los pensionistas de su ajuste al subir las pensiones un 1%. Con esa subida, los pensionistas perdieron un 1,4% de poder adquisitivo, al ser la subida inferior al IPC, que se situó, de media, en el 2,4%, según datos oficiales del INE que pueden consultarse aquí. Ese año, la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoció en rueda de prensa en el Consejo de Ministros que el Ejecutivo no podía hacer frente a un incremento en línea con los precios. “Hoy se ha conocido el dato del IPC, no es el definitivo, sino el anticipado, que se sitúa en el 2,9%. Con esas cifras y habida cuenta del estado de las cuentas públicas, el Gobierno no puede hacer frente por la situación de la tesorería de la Seguridad Social a una actualización del 1,9%”, dijo Sáenz de Santamaría.

En 2013, las pensiones volvieron a perder: la subida fue del 2% para los jubilados que ganaban menos de 1.000 euros —la mayoría, con lo que estos ganaron poder adquisitivo― al ser la inflación, en la media anual real, del 1,4%. Sin embargo, los que ganaban más de 1.000 euros tuvieron una subida del 1% y perdieron, por tanto, poder adquisitivo. Y ahí llegó el momento políticamente decisivo: Rajoy aprobó una reforma que en la práctica hacía que siempre subieran las pensiones un 0,25%, porque las hacía depender de la situación de las cuentas de la Seguridad Social, casi siempre con problemas, y de las proyecciones futuras en un país en pleno envejecimiento. Y así fue. En 2014, 2015 y 2016, las pensiones subieron solo el 0,25%, aunque no hubo pérdida porque no hubo mucha inflación. Incluso en algunos años hubo deflación y ese 0,25% implicaba ganar un poco. Pero el sistema llevaba a pérdidas importantes en cuanto volvieran las vacas gordas. Y así fue. En 2017, un año ya de bonanza, el incremento de estas prestaciones fue de nuevo del 0,25%, con lo que la pérdida del poder de compra fue del 1,8% (la inflación en la media anual real fue del 2%).

En 2018, año de crecimiento, el PP planteó de nuevo el 0,25% con los Presupuestos, pese a la inflación del 1,5% prevista. Pero el PNV forzó a Rajoy a cambiarlo y le exigió que se olvidara de su ley y las subiera el 1,6% si quería su apoyo. Era una época de grandes movilizaciones en toda España de los pensionistas contra la ley de Rajoy, especialmente en el País Vasco. El PNV lo logró, y esos Presupuestos salieron porque se subían las pensiones un 1,6%.

Rajoy, que estaba convencido de que las pensiones no debían subir con el IPC —aún lo piensa, y ha declarado públicamente varias veces que rechaza la reforma socialista que lo blinda: le llegó a decir a Pablo Casado que él tendría que arreglarlo cuando llegara al Gobierno— defendió por esos días su pacto con el PNV, que para él no desvirtuaba el fondo. “Yo no me he cargado la reforma de 2013 porque las pensiones no subirán al IPC. Lo que dijimos en 2013 es que las pensiones no deberían subir en función del IPC, y lo creo”, insistió Rajoy, que defendía que algunas tenían que subir por encima —mínimas y viudedad— y otras por debajo, la mayoría. Pero en realidad lo que hacía su reforma es que casi todas iban sistemáticamente al 0,25%.

Poco más de una semana después de aprobar esos Presupuestos pactados con el PNV con la subida del 1,6%, triunfó la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Y el Gobierno, primero con Magdalena Valerio al frente y después con José Luis Escrivá, empezó a trabajar en la derogación de esa ley de 2013 para poder garantizar por ley que las pensiones siempre se actualizaran con el IPC. La reforma llega en 2021, pactada en principio con empresarios y sindicatos, que protagonizaron un gran acto en La Moncloa en julio, aunque luego la patronal se descolgó porque no estaba de acuerdo con subir las cotizaciones.

En medio de todo ese giro radical sobre las pensiones, de un sistema que conducía a una subida sistemática del 0,25% —algo que habría sido demoledor cuando llegaron las inflaciones disparadas después de la pandemia— el PP rechazó sistemáticamente todas las reformas del PSOE y Unidas Podemos con la idea de que ponían en riesgo la sostenibilidad del sistema. El PP incluso presentó una enmienda a la totalidad a la reforma de las pensiones de 2021 con esa idea de que no era sostenible. Ese texto defendía la reforma de 2013, la del 0,25%, y decía que el Gobierno no proponía una alternativa viable.

Ya en 2023, el propio Feijóo, cuando viajó a Bruselas para verse con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, y Paolo Gentiloni, comisario de Economía, fue rotundo en la rueda de prensa criticando la reforma de las pensiones del Gobierno, que el PP volvió a rechazar en su segunda parte, ya con el nuevo líder al frente. Incluso llegó a alabar lo que estaba haciendo Francia, un ajuste durísimo con protestas masivas en la calle. “Contrasta el interés por la sostenibilidad de las pensiones y la tensión social que está viviendo el Gobierno francés, que está haciendo exactamente lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno español. Seguro que uno de los dos [gobiernos] se equivoca. Y me da la sensación de que nos estamos equivocando [en España], aplazando un debate que es imprescindible”, sentenció en Bruselas en marzo.

Feijóo hablaba entonces de la disposición transitoria de la norma, pactada con Bruselas, por la que se acordó una evaluación en 2025 para ver si cuadran las cuentas. En el PP, muy críticos con la reforma de Sánchez, aunque ahora en plena campaña hayan aparcado ese asunto para insistir en que siempre han defendido la revalorización de las pensiones conforme al IPC —algo que desmienten los datos aportados— admiten en privado que en 2025, si ellos están en el Gobierno, llegará el momento de la verdad de las pensiones. Y ahí se verá si los populares vuelven al consenso interno alrededor de la reforma de Rajoy de 2013, que siguen defendiendo en sus posiciones en el Congreso, o cambian y ahora asumen la revalorización por ley que ha sancionado el actual Gobierno, como señala su líder en las entrevistas.