Funcionarios de Justicia se encierran en varios juzgados para exigir que el Gobierno negocie su subida salarial

Varios grupos de funcionarios de Justicia se han encerrado este miércoles en sedes judiciales de Madrid, Barcelona, Murcia, Cartagena y Navarra como una nueva medida de presión al ministerio que dirige Pilar Llop, al que reprochan que no les llame para negociar el conflicto laboral abierto desde abril. Según ha informado Comisiones Obreras, el personal de Justicia, en huelga indefinida desde el 22 de mayo, celebraba asambleas en juzgados de toda España y en estas cinco ciudades han decidido permanecer allí “de forma continuada e indefinida”. “No hay ninguna intención de sentarse a negociar. Ven que el barco se hunde y seguimos en la misma situación”, lamenta en declaraciones a EL PAÍS Luis Calero, responsable de Justicia de CC OO. “Seguimos en la misma situación, la gente en huelga y el Gobierno y el Ministerio negándose a buscar una salida al conflicto”, añade el representante de los trabajadores.

Los sindicatos CC OO, CSIF, STAJ y UGT habían convocado este miércoles asambleas por toda España para informar sobre las nuevas medidas de presión acordadas por el comité de huelga, como manifestaciones en Madrid programadas para el 27 de junio y 13 julio; manifestaciones en todas las capitales de provincia el 29 de junio y contactos con los partidos políticos para que se pronuncien y asuman las reivindicaciones si llegan al Gobierno. Además, los trabajadores están ciñendo su jornada laboral a la “ejecución estricta” de las funciones que la ley atribuye a cada cuerpo de funcionarios, exigiendo la presencia de jueces y letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en las actuaciones que determina la ley y que hasta ahora, aseguran, asumían los funcionarios.

El iniciado ahora es el segundo encierro que protagonizan los funcionarios de Justicia, después de que cinco miembros del comité de huelga permanecieran en el Ministerio de Justicia tres días, del 6 al 9 de junio para intentar forzar una negociación después de que la reunió a la que le había convocado el departamento de Llop acabara sin acuerdo. El conflicto entre los funcionarios de la Administración de Justicia y el Gobierno está enquistado desde el pasado abril, cuando los trabajadores empezaron a movilizarse para reclamar un incremento salarial de entre 350 y 450 euros al mes, en la línea con el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y los letrados de la Administración de justicia (los antiguos secretarios judiciales) que puso fin a dos meses de huelga indefinida por parte de ese cuerpo.

Los 45.000 funcionarios de justicia dependen orgánicamente del Gobierno central, aunque la mayoría de las comunidades autónomas tienen transferida la gestión de la Justicia (todas excepto Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla). No obstante, los sindicatos han centralizado su reclamación en dos cuestiones que son competencia directa del Ministerio: el complemento general del puesto (una retribución de carácter básico que se fija por los Presupuestos Generales del Estado y que está ligada a las funciones que realiza el funcionario) y la Ley de Eficiencia Organizativa que tramitaba el Gobierno y que se ha quedado en el aire con la disolución de las Cortes tras la convocatoria de elecciones para el 23 de julio. Los sindicatos cifran en más de un 80% el seguimiento de la huelga, mientras los datos de Justicia (solo sobre los trabajadores de los órganos centrales y de las comunidades sin las competencias transferidas) situaron el seguimiento este martes en el 22,85% de la plantilla.

En un comunicado, los sindicatos recuerdan que, tras 65 días de movilizaciones, solo se han producido tres reuniones, lo que supone, según denuncian, “una actitud incomprensible, irresponsable e ilegal del Ministerio de Justicia, amparada por el de Hacienda y el presidente del Gobierno, que están demostrando que no les importa ni la prestación de este servicio público ni las condiciones laborales del personal que lo atiende”.