Justicia convoca al comité de huelga de los funcionarios para intentar llegar a un acuerdo que acabe con la protesta

El Ministerio de Justicia ha dado esta tarde el primer paso para iniciar una negociación con los funcionarios judiciales, que se movilizan desde abril y mantienen huelga indefinida desde el 22 de mayo para reclamar mejoras salariales y laborales. El departamento que dirige Pilar Llop ha convocado al comité de huelga el próximo 6 de junio para lo que será la primera reunión entre ambas partes desde que los funcionarios iniciaron su protesta, según han informado representantes de los trabajadores. La convocatoria se ha producido después de que, por la mañana, los funcionarios anunciaran un endurecimiento de sus medidas de presión dirigidas a la ministra de Justicia, a la que acusan de guardar un “indolente silencio” frente a su protesta.

Los funcionarios presentaron este jueves un escrito en el Ministerio en el que exigían que se convoque de forma “inmediata” al comité de huelga para buscar una salida al conflicto. Y advertían: si el Gobierno no atiende su reclamación, presentarían una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra Llop y el Secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical. Según los representantes de los trabajadores, el ministerio está incumpliendo el deber que establece el artículo 8.2 del decreto de relaciones laborales (comúnmente conocido como “Decreto de huelga de 1977″) de convocar al comité de huelga durante la duración de la protesta. “Creemos que la actitud antisindical de estos responsables políticos raya la prevaricación”, aseguraban los trabajadores en una nota conjunta de los cuatro sindicatos que promueven la protesta (CSIF, STAJ, CC OO y UGT).

Los funcionarios de justicia, un colectivo formado por 45.000 personas, dependen orgánicamente del Gobierno central, aunque la mayoría de las comunidades autónomas tienen transferida la gestión de la Justicia (todas excepto Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla). No obstante, los sindicatos han centralizado su reclamación en dos cuestiones que son competencia directa del ministerio que dirige Pilar Llop: el complemento general del puesto (una retribución de carácter básico que se fija por los Presupuestos Generales del Estado y que está ligada a las funciones que realiza el funcionario) y la Ley de Eficiencia Organizativa que tramitaba el Gobierno y que se ha quedado en el aire con la disolución de las Cortes tras la convocatoria de elecciones para el 23 de julio. Los sindicatos cifran en más de un 80% el seguimiento de la huelga, mientras los datos de Justicia (solo sobre los trabajadores de los órganos centrales y de las comunidades sin las competencias transferidas) sitúan el seguimiento este jueves en el 24,82% de la plantilla.

Los sindicatos reclaman un incremento salarial de entre 350 y 450 euros al mes, en la línea con el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y los letrados de la Administración de justicia (los antiguos secretarios judiciales) que puso fin a dos meses de huelga indefinida por parte de ese cuerpo. Ese pacto está en el trasfondo de la huelga iniciada ahora por los funcionarios judiciales. Pero entre un conflicto y otro se coló la amenaza de huelga de los jueces y fiscales y el Gobierno se centró en este asunto para evitar la protesta de un poder del Estado en plena campaña electoral. Además, la revisión de retribuciones de jueces y fiscales está regulada por ley y se estaba incumpliendo desde hace 20 años.

Pero los damnificados de esa negociación, que acabó con acuerdo, han sido los funcionarios. Justicia pospuso los contactos hasta solucionar el otro conflicto, más tarde anunció que dejaría pasar los comicios del 28 de mayo y, después, el fin precipitado de la legislatura volvió a dejar en el aire las conversaciones con los funcionarios. “Cada día que pasa sin convocatoria de reunión, queda patente el nulo interés de este ministerio por una justicia que se hunde y su clasismo y rancio corporativismo que le lleva a negar el diálogo y la negociación a 45.000 empleados públicos mientras que sí lo hace con la élite judicial”, denunciaron los sindicatos en la nota difundida este jueves.

Además de la amenaza de denuncia hacia la ministra y su secretario de Estado, los sindicatos han anunciado otras medidas con las que pretenden elevar la presión sobre el Ejecutivo. Van a dirigir un escrito al secretario general de Justicia, a los secretarios de Gobierno y secretarios coordinadores “advirtiendo que no se va a aceptar ninguna presión para que un funcionario realice funciones que no están recogidas en la ley mientras que no se retribuyan adecuadamente y para que no se realice sin su presencia ninguna actuación que tenga que ser firmada por el/la LAJ [los letrados de la Administración de Justicia]”. Esta, la asunción de labores que no les corresponden a ellos, sino a los letrados, es uno de los argumentos de los funcionarios para exigir un incremento salarial. “En caso de tener conocimiento de alguna presión sobre esta cuestión se denunciará en la instancia correspondiente”, aseguran.