Intercambio de propuestas sin acuerdo en la primera reunión entre los funcionarios judiciales y el ministerio

La primera reunión entre el Ministerio de Justicia y los funcionarios judiciales, que están en huelga indefinida desde el 22 de mayo para reclamar mejoras salariales y laborales, ha terminado este martes sin acuerdo tras más de ocho horas. El departamento que dirige Pilar Llop recibió a los trabajadores con la petición de dejar las negociaciones hasta después de las elecciones del 23 de julio, a lo que los sindicatos se negaron y, tras tres horas de desencuentros, las dos partes optaron por hacer un receso a la vuelta del cual Justicia presentaría por escrito su propuesta. En la sesión de la tarde las posturas siguieron enquistadas y el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, dio por terminada la reunión y se levantó de la mesa. Los funcionarios se han negado a marcharse y, según miembros del comité de huelga, van a permanecer en la sede del ministerio “como medida de presión” hasta ser de nuevo recibidos por un “interlocutor válido”.

A la primera reunión con los funcionarios han asistido el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, pero no ha participado ningún miembro del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que sí estuvieron presentes en la fase final de la negociación con los Letrados de la Administración de Justicia y con los jueces y fiscales, ambas cerradas con acuerdo tras un largo proceso.

Tras el primer acercamiento de la reunión de la mañana, en la de la tarde ambas partes intercambiaron sus propuestas. Primero entregó la suya el Gobierno, consistente en un escrito en el que se comprometía a continuar después de las elecciones el diálogo iniciado ahora. El Ministerio ha explicado a los funcionarios que la convocatoria de elecciones generales y la disolución de las Cortes ha implicado que decaigan todos los proyectos legislativos que se encontraban en tramitación parlamentaria, entre ellos el de Eficiencia Organizativa, al que los funcionarios han vinculado su protesta. Justicia se ha comprometido a negociar el nuevo Anteproyecto de Ley, antes de que empiece a tramitarse en el Congreso en cuanto se constituyan las nuevas Cortes Generales y se forme un nuevo Gobierno.

El comité de huelga rechazó la propuesta de Justicia y, según fuentes d ela negociación, reprochó al ministerio que no hubiera recogido ninguna de las reclamaciones que los trabajadores han formulado desde le inicio de la huelga y entregó por escrito las suyas. Entre otros aspectos, los sindicatos piden el “reconocimiento profesional” de los distintos cuerpos de la Administración de Justicia; el compromiso de negociar cualquier nueva ley que pueda afectar a las condiciones de trabajo, como, según los funcionarios, ocurría con la Ley de Eficiencia Organizativa; e incrementos salariales de entre 350 y 430 euros al mes. Justicia no ha aceptado esta petición y en un comunicado difundido al término de la reunión ha lamentado “el grave perjuicio” la huelga está ocasionando a la ciudadanía y a otros profesionales. El ministerio que dirige Llop advierte de que, en el actual contexto, “se hace inviable alcanzar cualquier acuerdo que pudiera vincular a gobiernos autonómicos que se encuentran en funciones y sobre la base de un Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa que ha decaído”. “Desde el Ministerio se reitera el convencimiento de que el momento que atravesamos exige de un ambiente sosegado y estable, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico, en el que la ciudadanía pueda formar su voluntad adecuadamente, por lo que es responsabilidad de todos favorecer esas condiciones”, añade Justicia.

Los funcionarios de justicia, un colectivo formado por 45.000 personas, dependen orgánicamente del Gobierno central, aunque la mayoría de las comunidades autónomas tienen transferida la gestión de la Justicia (todas excepto Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla). No obstante, los sindicatos han centralizado su reclamación en dos cuestiones que son competencia directa del ministerio: el complemento general del puesto (una retribución de carácter básico que se fija por los Presupuestos Generales del Estado y que está ligada a las funciones que realiza el funcionario) y la Ley de Eficiencia. Los sindicatos cifran en más de un 80% el seguimiento medio diario de la huelga, mientras los datos de Justicia (solo sobre los trabajadores de los órganos centrales y de las comunidades sin las competencias transferidas) sitúan el seguimiento este martes en el 25,81% de la plantilla.

El acuerdo salarial que reclaman los trabajadores está en la línea con el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y los letrados de la Administración de justicia (los antiguos secretarios judiciales) que puso fin a dos meses de huelga indefinida por parte de ese cuerpo. Ese pacto está en el trasfondo de la huelga iniciada ahora por los funcionarios judiciales. Pero entre un conflicto y otro se coló la amenaza de huelga de los jueces y fiscales y el Gobierno se centró en este asunto para evitar la protesta de un poder del Estado en plena campaña electoral. Además, la revisión de retribuciones de jueces y fiscales está regulada por ley y se estaba incumpliendo desde hace 20 años.