La Fiscalía pide a Llarena que vuelva a citar a Clara Ponsatí

La Fiscalía considera que el Tribunal Supremo debe citar otra vez a la exconsejera de la Generalitat Clara Ponsatí, que plantó a los fiscales y al instructor Pablo Llarena el pasado 24 de abril. Llarena la había citado ese día para tomarle declaración como investigada por un delito de desobediencia después de que la exconsejera y actual eurodiputada por Junts, que estaba fugada de la Justicia española desde noviembre de 2017, fuera detenida tras entrar en España a finales de marzo. En un escrito dirigido al magistrado, los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena reclaman que se le cite otra vez, pero que antes se pacte con ella la fecha para que no pueda volver a alegar que tiene una cita ineludible por su cargo de eurodiputada, como hizo en la ocasión anterior. En el mismo escrito el ministerio público se opone a la petición de Ponsatí de suspender la causa por tener un procedimiento abierto en el Parlamento Europeo sobre sus privilegios e inmunidades, algo que considera “inadmisible e inaplicable”.

La petición de los fiscales responde al escrito que envió Llarena a las partes después de que Ponsatí no se presentara ante el Supremo el día que había sido citada. El juez la había convocado para comunicarle su procesamiento por desobediencia unos días después de que la eurodiputada fuera detenida en Barcelona y dejada en libertad tras comparecer ante un juez de guardia. La exconsejera de Educación, que ha sido estos años una de las voces más significadas de los prófugos del procés, volvió a España tras garantizarse que no se arriesgaba a entrar en prisión porque el delito de sedición por el que inicialmente estaba procesada fue eliminado del Código Penal tras una reforma acordada entre el Gobierno y ERC.

En el escrito enviado al Supremo, los fiscales señalan que hay que “compatibilizar” los derechos de Ponsatí como diputada europea con “sus obligaciones procesales”, para lo que proponen que su defensa que comunique al Supremo “el calendario previsto de asistencias al Parlamento Europeo en las próximas semanas”. Los fiscales recuerdan que Ponsatí puede volver a ser detenida en España para garantizar que presta declaración, aunque sería puesta en libertad inmediatamente después.

El ministerio público rechaza la pretensión de la defensa de la exconsejera, que pidió que la pieza quedara en suspenso hasta que la justicia europea se pronuncie definitivamente sobre su inmunidad. Los fiscales recuerdan que la norma que regula las inmunidades de los europarlamentarios establece que estos tendrán en su país el mismo blindaje que los diputados nacionales y, en el caso español, la inmunidad no rige cuando el parlamentario adquiere esta condición cuando ya está procesado por un delito, como fue el caso de Ponsatí. “Dado que no se necesita suplicatorio ni autorización del Parlamento Europeo para continuar el procedimiento penal contra la procesada, la suspensión del proceso que interesa la recurrente es inadmisible e inaplicable en este caso”, señala la Fiscalía que, citando una sentencia del Supremo de 2001, concluye: “La inmunidad parlamentaria, declara (...) no se puede concebir como un privilegio personal, es decir, como un derecho particular de determinados ciudadanos que se vieran así favorecidos respecto del resto, ni tampoco como expresión de un pretendido ius singulare y no ha sido establecida por el constituyente para generar zonas inmunes al imperio de la Ley”.