La intervención en Galicia del mayor laboratorio de cocaína de Europa confirma que los narcos quieren producir en el continente europeo

Hace tiempo que los agentes de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional seguía la pista a narcotraficantes asentados en Gran Canaria a quienes ya habían detenido en alguna ocasión. Lo que no se esperaban es que estuviesen montando la infraestructura para crear “el mayor laboratorio de procesamiento de pasta de cocaína de Europa”, en palabras de Antonio Martínez Duarte, el jefe de esa unidad, que viene luchando contra el narco desde hace más de medio siglo. La intervención de la nave y el chalé de Pontevedra donde montaron una suerte de industria de fabricación de cocaína constata la tendencia de los narcotraficantes a dejar las selvas e instalar sus laboratorios en Europa, “para abaratar costes y rebajar riesgos”, según analizan los responsables de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO). Los narcotraficantes no tenían relación con los narcotransportistas gallegos, aunque sí se han valido de la infraestructura preexistente en la región.

Durante casi un año —la operación comenzó en octubre de 2022— los agentes han ido siguiendo los pasos de los dos narcos canarios, que ahora han sido detenidos, y han analizado sus viajes a México, donde presumiblemente se ubican los jefes de la organización, que colaboraba estrechamente con enlaces colombianos. Algunos de estos últimos se ubicaban en Madrid, donde tenía el grupo su base de financiación e inicialmente, en un chalé de Colmenar Viejo, la guardería de los productos químicos.

Almacenaron, poco a poco, comprando a través de empresas interpuestas en pequeñas cantidades, un total de 25.000 litros de sustancias químicas utilizadas para la transformación de la pasta de coca en cocaína de gran pureza. La pasta de coca la exportaron desde Colombia hasta Portugal, adonde llegó incrustada en una suerte de gigantescas hélices utilizadas en la maquinaria de las canteras para romper piedras. “Para sacarla de ahí tuvieron que utilizar radiales y martillos mecánicos”.

Ese primer proceso lo realizaban en una nave de un polígono industrial pontevedrés. Después transportaban las rocas de pasta sustraída hasta una casa de campo aislada a unos diez kilómetros, donde se encontraban “encerrados y en régimen de esclavitud” seis “cocineros” colombianos, traídos expresamente desde la selva, para llegar a producir 200 kilos de cocaína al día durante un mes, según las estimaciones policiales. A todos ellos se les habían retirado sus teléfonos y documentación para evitar filtraciones o que pudieran escaparse, y han sido detenidos junto a dos ciudadanos mexicanos que hacían las veces de “notarios” de esta operación, es decir, de informadores de la evolución del proceso para los jefes de la organización.

Los narcotraficantes usaron a un empresario español —que también ha sido arrestado— afincado en Bilbao y amigo de los canarios para alquilar la nave y la casa de Pontevedra. En total, la policía ha detenido a 18 personas en esta actuación: once en Galicia, una en el País Vasco, cuatro en Madrid, y dos en las Palmas de Gran Canaria, además de incautarse de 1.300 kilos de base de cocaína, 150 kilos de coca ya procesada y 25.000 litros de productos químicos, “evitando también un desastre medioambiental ya que su destino final era el río más próximo”, han advertido los agentes.

En la operación han participado, junto a la Policía Nacional, la Polícia Judiciária de Portugal y la Dirección Antinarcóticos (DIRAN) de Colombia bajo la dirección, coordinación y supervisión de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional. El juez ha enviado a prisión a todos los detenidos. Asimismo, ha ordenado el bloqueo de 17 propiedades —por un valor aproximado de 1.700.000 euros— y 37 productos financieros, a la espera de cuantificar el valor de los mismos.

“La organización criminal desarticulada tenía un alto nivel de sofisticación y sus miembros, que contaban con un claro reparto de funciones, empleaban fuertes medidas de seguridad, tales como el uso de apodos, la utilización de vehículos lanzadera, el uso de disfraces de transportistas o el sometimiento de sus comunicaciones a un estricto protocolo de seguridad”, reza la nota policial. Según los agentes, “tan solo salían por una ventana para fumar”.

Medidas de seguridad

Con las primeras gestiones policiales, los agentes evidenciaron un gran número de movimientos entre Las Palmas y la Península —y también, concretamente, entre Madrid y Pontevedra—, si bien los investigados formaban varias células de actuación para reducir el contacto entre ellas y evitar levantar sospechas. Asimismo, averiguaron que la organización disponía de un chalet en la localidad madrileña de Colmenar Viejo que utilizaba para el almacenaje de una gran cantidad de productos químicos y otros útiles.

En la organización criminal existía un claro reparto de funciones. Los colombianos suministraban los medios humanos en forma de “cocineros” o químicos del laboratorio, mientras que los mexicanos aportaban los conocimientos técnicos para la correcta extracción de la coca base, que era transportada oculta en máquinas trituradoras de piedra de grandes dimensiones (concretamente en dos cilindros metálicos que forman parte de sus componentes). Además, también eran los encargados de supervisar que la coca base procedente de Colombia fuera convenientemente procesada. Los individuos españoles se ocupaban del grueso de la operación; es decir, de la gestión del transporte de la sustancia desde el país de origen (Colombia) hasta su recepción en Pontevedra para su correspondiente tratamiento en el laboratorio, de cuya instalación también se encargaban, y la posterior distribución del producto final por todo el territorio nacional.

Durante el pasado mes de octubre, los investigadores observaron un aumento exponencial de las actividades de la organización. Nuevamente, y tras un tiempo prudencial, comenzaron a mover los productos químicos, la maquinaria y los útiles necesarios para el establecimiento del laboratorio. Esto se llevó a cabo bajo unas fuertes y estrictas medidas de seguridad, entre ellas, el uso de vehículos lanzadera y la fijación de puntos de observación para detectar la posible presencia policial.

En este momento, los agentes consiguieron ubicar el punto exacto de lo que ha resultado ser el mayor laboratorio de procesamiento de clorhidrato de cocaína desmantelado en Europa has. Se trataba de un chalet de grandes dimensiones, localizado en un municipio pontevedrés, alejado de otras viviendas y rodeado de una gran parcela. Además, pocas semanas después, detectaron la presencia de tres varones de origen sudamericano que habían sido introducidos bajo fuertes medidas de seguridad.

Paralelamente, los investigadores tuvieron conocimiento de que el entramado pretendía importar desde Colombia una máquina de triturar piedra de grandes dimensiones a través del puerto portugués de Leixões (en Matosinhos, cerca de Oporto). Para ello, recurrieron a un empresario vasco que creó una empresa ad hoc con el objetivo de asegurar la entrada de la sustancia estupefaciente oculta en el interior de dos cilindros mecánicos que componían la trituradora de piedra. Es en estos momentos cuando la investigación adquirió carácter internacional. Gracias a la cooperación policial con las autoridades portuguesas, que iniciaron pesquisas sobre las actividades de la organización investigada en su país, se detectaron constantes viajes y reuniones de varios de sus miembros con personas vinculadas al puerto portugués.

Un desembolso de dos millones

Todos los miembros de la organización sometían sus comunicaciones a un estricto protocolo de seguridad. Cada uno de ellos tenía asignado un apodo y estaba completamente prohibido que usasen sus nombres de pila. En estas comunicaciones cobraban especial relevancia “los señores”, que eran los jefes del laboratorio y los encargados de dar instrucciones y órdenes, desde sus lugares de origen, a sus subalternos en España. Eran precisamente estas personas las que habrían desembolsado una cantidad aproximada de dos millones de euros para establecer el laboratorio clandestino.

Por otra parte, para financiar los elevados costes de las actividades, los miembros de la llamada “oficina” que la organización criminal internacional tenía en nuestro país se encargaban de realizar entregas de dinero en metálico. Para ello, se valían de diferentes ubicaciones y personas.

Tras finalizar el proceso de producción de la primera partida de droga, la organización comenzó a preparar su distribución valiéndose de una furgoneta de reparto de una conocida empresa de mensajería. Simulando la recogida de cuatro bultos, transportaron 100 kilos de cocaína que los agentes incautaron al interceptar dicho vehículo en la entrada de la Comunidad de Madrid.