Se reanuda el macrojuicio del narco después de que un acusado amenazara a su abogado

La primera semana del macrojuicio a la banda del narco Antonio Tejón, alias Castaña, ha concluido con sobresalto. Uno de los encausados de los 157 que forman parte de la lista de investigados ha provocado la suspensión temporal de la vista después de que amenazase a su abogado de oficio. El incidente ha hecho que el letrado haya renunciado a su defensa y eso, a su vez, ha llevado a magistrada que preside el tribunal de la Sección en Algeciras de la Audiencia Provincial a paralizar el juicio para buscar a un nuevo abogado que representase al acusado. Al final, otros tres profesionales ya presentes en el juicio para representar a otros clientes han asumido esa defensa y la sesión se ha podido reanudar tras casi una hora de parón.

El encontronazo se ha producido durante el receso de la que ya es la cuarta sesión de las más de 30 previstas en una macrocausa que está previsto que dure hasta finales de junio. Justo en el momento en el que el tribunal que preside la magistrada Nieves Marina estaba deliberando parte de las cuestiones previas planteadas, el acusado ha amenazado e insultado a su abogado asegurando que ya “le cogería en la calle”, según ha asegurado otro de los letrados presentes en el tenso momento. El investigado subió a la sala superior —la abultada cifra de acusados ha obligado a distribuir el juicio en cuatro salas separadas por dos plantas— en estado de agitación y nerviosismo e incluso ha precisado atención médica.

Tras el receso, el abogado ha manifestado su intención de no continuar la sesión, algo que la Fiscalía que preside Macarena Arroyo ha dicho entender, ya que ha estado presente en el momento de la falta. Eso ha provocado que la magistrada Marina suspendiese la vista durante más de una hora para garantizar la búsqueda de un nuevo letrado, algo que solicitó que se hiciese mediante petición al Colegio de Abogados, con la idea de garantizar una defensa efectiva al investigado. La exhortación hubiese provocado una previsible suspensión durante días o semanas. Sin embargo, la decisión de tres abogados ya presentes en el juicio ha librado a la macrocausa de sumar nuevos retrasos.

El macrojuicio es uno de los mayores de España por narcotráfico. Procede de la Operación Dismantle, desarrollada en el verano de 2020 por OCON Sur, el mando de la Guardia Civil —creado para luchar contra el narco del Estrecho desmantelado el pasado mes de septiembre—, ahora en tela de juicio por la investigación de su máximo responsable, el teniente coronel David Oliva. Durante los días que duró la redada acabaron detenidas 157 personas acusadas de pertenecer a una red urdida por el menor de los dos hermanos Castaña, considerados los “reyes del hachís” en el Campo de Gibraltar. A todos los investigados se les considera artífices de introducir hasta 9.000 kilos de hachís por distintos puntos de la costa andaluza y del sur de Portugal. A Tejón, con hasta dos condenas por narcotráfico, es a quien se le presenta el peor horizonte procesal, ya que la Fiscalía le pide hasta 15 años de prisión y 104 millones de euros de multa.

Meses en llegar

Los abultados números de acusados y abogados hicieron que el juicio haya tardado meses en llegar y que haya obligado a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía a realizar una inversión de más de 150.000 euros en obras y medios tecnológicos en la sección algecireña de la Audiencia Provincial. También ha llevado a situaciones atípicas, como que las cuestiones previas que habitualmente se resuelven en las primeras horas hayan consumido hasta cuatro jornadas. También a que el juicio haya quedado dividido en bloques temáticos asociados a cada uno de los acusados. En la de este jueves, la Fiscalía se ha opuesto a todas las cuestiones planteadas por las defensas, que iban desde la petición de libertad de Tejón hasta nulidades de pruebas. Además, los acusados, incluido el propio Castaña, se han acogido a su derecho a no declarar hasta la llegada de los respectivos bloques que le incriminan.

El juicio se retomará la semana del 24 de abril. Para ese entonces, declarará el medio centenar de acusados que quedan presentes en la causa, después de que hasta 70 investigados optaran por aceptar conformidades con la Fiscalía. Aunque aún no se han revelado en las vistas, sus penas acordadas van desde los dos años —que les pueden librar de entrar en prisión— a los cuatro, en función de su grado de responsabilidad. Además, el Ministerio Fiscal ha retirado la acusación a 25 de los encausados por falta de pruebas consistentes contra ellos. A eso se suman otras siete personas que no se han presentado al juicio y que han sido declaradas en rebeldía.