Arranca el macrojuicio contra el narco en el Estrecho: 20 acusados quedan libres por falta de pruebas y otros 62 pactan con la Fiscalía

Entre la visión de una sala judicial con los banquillos de acusados repletos y el mismo espacio casi vacío tan solo han pasado algo más de dos horas. En ese lapso, los 157 acusados con los que arrancó el que ya es uno de los mayores juicios por narcotráfico del país, en la sección en Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz, se han quedado en apenas 68 investigados. La primera de las más de 30 sesiones previstas ha acabado por aligerar la concurrencia —distribuida en dos plantas tras una reforma de 150.000 euros— después de que la Fiscalía Antidroga haya retirado la acusación para 20 de los encausados por falta de pruebas, haya acordado 62 acuerdos de conformidad y siete personas más no se hayan presentado. Entre los que seguirán adelante, al menor de los hermanos Castaña, Antonio Tejón, conocido como uno de los reyes del hachís y acusado de liderar una mafia capaz de organizar alijos desde Vila Real de San Antonio (Portugal) a Málaga.

El abogado Manuel Morenete llegaba este lunes a la sede en Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz con una mezcla de escepticismo e “incertidumbre”. Le costaba trabajo creer que el juicio en el que defiende a cinco de esos 157 acusados por fin se fuese a celebrar. Pero pudo arrancar, aunque fuese con algo más de hora y media de retraso con respecto a la hora prevista. Los investigados se enfrentaban, en suma, a 2.000 años de prisión en penas y a unos 16.000 millones de euros en multas por delitos que van de la organización criminal y contra la salud pública, a contrabando, posesión de armas y atentado contra un agente de la autoridad. Hasta 49 de los investigados habían recibido una petición fiscal de seis años y nueve meses de cárcel y otros 108, de hasta cinco años y seis meses. Tejón es el que se expone a una mayor condena: 15 años de prisión y 104 millones de euros de multa.

Pero esa petición inicial de la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar, dada a conocer en enero de 2022 en su escrito de calificación, ha quedado reducida nada más arrancar la primera sesión. La fiscal Macarena Arroyo ha retirado a 20 de los encausados la acusación por no existir pruebas consistentes contra ellos. La alegría era tan evidente en algunos que hasta uno de ellos ha abandonado la sala frotándose las manos. Además, la fiscalía ofreció en las semanas previas acuerdos de conformidad a todos los encausados localizados —siete están en paradero desconocido y declarados en rebeldía— . Así que buena parte de la sesión de este lunes se está empleando en llamar al estrado a aquellos que han aceptado, para que reconociesen los hechos y, posteriormente, abandonasen la sala. Aunque aún no se han abordado los detalles de las conformidades acordadas con la fiscal, hay acuerdos que van desde los cuatro años por narcotráfico, de tres años y nueve meses y otras de dos años o menos, según explican desde el Ministerio Fiscal. Estas últimas hacen que los encausados tengan más fácil eludir la prisión, si no tienen antecedentes.

Los acuerdos no han librado a los 150 investigados localizados de desfilar este lunes por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial en Algeciras. La mayoría de supuestos asalariados de Antonio Tejón han llegado a pie a la sede ubicada en la avenida Virgen del Carmen, blindada por agentes de la policía. De hecho, tras las sucesivas redadas de detenciones de OCON Sur —el mando de la Guardia Civil para la lucha contra el narco en Andalucía— en el verano de 2020, solo quedan ya cuatro personas en prisión. Una de ellas, es el propio Castaña, que ha llegado a la Audiencia en un furgón policial. Era el caso también de Óscar R., uno de los acusados a los que el abogado Manuel Morenete defiende y que lleva en prisión desde la explotación de la denominada operación Dismantle, acusado de ser uno de los lugartenientes de la mafia. “Estamos deseando que el juicio comience porque lleva mucho en prisión preventiva. Es el adelanto de una pena y una barbaridad porque estamos convencidos de que puede salir absuelto”, ha explicado el letrado, antes del inicio de la sesión.

La operación Dismantle es de las primeras macrooperaciones que llega a juicio, en el marco del refuerzo policial puesto en marcha por el Ministerio de Interior desde la segunda mitad de 2018. Pese a que la instrucción del Juzgado de Instrucción Número 5 de Algeciras fue ágil, la causa pronto se topó con el problema de encontrar una sala, hasta el extremo de que en septiembre del año pasado se tuvo que prorrogar la prisión de los que seguían en la cárcel. Los retrasos provocaron la queja pública de los abogados de la defensa en noviembre e incluso de Alberto Ruiz, entonces juez decano de Algeciras, que ya alertó que las demoras podrían provocar tener que aplicar reducciones de pena por dilaciones indebidas. Al final, la Junta de Andalucía —con competencias en materia de sedes judiciales— optó por mantener el juicio en la Audiencia de Algeciras, pero invirtiendo 150.000 euros en adaptaciones y medios tecnológicos que han hecho viable que el juicio se celebre en dos plantas y cuatro salas en total. En la inferior, han acabado ubicados parte de los acusados que han seguido por pantallas lo que ocurría en la sala superior, la más amplia, en la que están los magistrados, los tres fiscales, los abogados de las defensas y parte de los acusados. A la los medios les ha tocado seguir las sesiones de forma telemática.

“Para todos esto es novedoso”, ha explicado a la sala la magistrada presidenta del tribunal, Nieves Marina. Para este lunes solo estaba previsto tratar una parte de unas cuestiones previas y conformidades que ocuparán parte de la semana y que, habitualmente, se resuelven en apenas las primeras horas de los juicios. No será la única singularidad. Está previsto que las más de 30 sesiones que se celebrarán entre los meses de abril, mayo y junio se celebren por bloques, relacionados con los alijos incautados y los hechos investigados, en el que irán declarando acusados que no han aceptado la conformidad inicial y los testigos vinculados a estos. Los que han llegado a acuerdo no tendrán que sentarse en el banquillo hasta el final, previsto para el 26 de junio, si no surgen retrasos.

A Tejón y los suyos se les atribuye una capacidad “incesante” de introducir hasta 9.000 kilos de hachís desde Marruecos, pese a que el propio capo estaba en prisión y a que todo el país estaba confinado por la pandemia, tal y como detalla Arroyo en su escrito de calificación. A la organización se la considera artífice de una red de transporte de droga que implicaba a las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga y zonas fronterizas de Portugal. Los hombres de Tejón le visitaban en la cárcel, supuestamente, para organizar unos movimientos que estaban respaldados en una logística de narcoembarcaderos, lanchas, drones, tractores, todoterrenos y hasta pesqueros.

Esta causa se suma a una larga lista de causas pendientes y condenas que tiene el menor de los dos hermanos Castaña, a quienes se les atribuye junto a su hermano una fortuna de unos 30 millones de euros. Tejón suma ya dos penas por narcotráfico y otras dos por atentado contra agentes de la autoridad, en sentencias que van de 2014 a 2020. En ese haber no está el juicio de la operación Ronal, el primero de los grandes juicios contra los recientes desmanes de los narcos del Estrecho y que quedó en nada el pasado mes de noviembre. La sentencia 280/22 de la Sección en Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz acabó por absolver a la mayoría de los 16 investigados en esa operación, entre los que también se encontraba el mayor de los Tejón, Isco, que solo acabó condenado a algo más de tres años de prisión por tener cinco kilos de hachís en su casa. Aquel veredicto fue todo un jarro de agua fría para investigadores y fiscalía, pero también un duro tirón de orejas para la policía, ya que los magistrados dejaron clara la falta de pruebas que pudiese vincular a los investigados con los alijos que se les imputaban.