España e Italia comparten intereses europeos en las antípodas ideológicas

Pocos viajes más complejos habrá hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el que lo ha llevado a Roma para verse con su homóloga italiana, Giorgia Meloni. Ambos dirigen Ejecutivos de coalición. Aquí acaban los parecidos de sus gobiernos: uno lo forman socialdemócratas y grupos políticos a su izquierda; otro, la ultraderecha —Hermanos de Italia y la Liga—, respaldada por Forza Italia, el centroderecha. Además, para mayor desasosiego de Sánchez, según como salga este experimento transalpino, bendecido por el Partido Popular Europeo, puede extraerse una lectura española si la suma del PP y de Vox, aliados de Meloni, lograra mayoría en las elecciones de noviembre.

En cambio, los intereses de España e Italia en la Unión Europea —que no necesariamente la agenda o los tiempos— se acercan en muchos puntos, especialmente en los asuntos económicos, energéticos o migratorios. “En el trazo grueso, en el punto de partida, sí hay coincidencias. Está por ver la concreción”, apuntan fuentes comunitarias, que añaden que el Ejecutivo de Meloni apenas ha dejado ver un poco de su postura en temas que van a ser clave durante la presidencia española de la UE en el segundo semestre del año: revisión de reglas fiscales, reforma del mercado eléctrico, incremento de tipos de interés, migración, ayudas para las transiciones medioambiental y digital… Y, sobre estos temas, los planes de recuperación, un asunto en el que los dos países se juegan mucho. Estos son algunos de sus desafíos.

Fondo de Recuperación. El éxito del mayor plan de inversión puesto en marcha por la UE en su historia (más de 720.000 millones de euros hasta 2026) depende del buen hacer de España e Italia. Unos datos para apoyar esta afirmación: a ambos les corresponde cerca de la mitad de los recursos presupuestados y 103.000 millones de los 150.000 millones repartidos hasta ahora han ido a ellos.

La capacidad de absorción de esa ingente cantidad de recursos preocupa en Madrid y Roma. La semana pasada, el Gobierno italiano pactó con Bruselas un mes adicional en el examen para recibir el tercer pago de su plan de recuperación (19.000 millones), mientras que España recibía en febrero los 6.000 millones de su tercer tramo. El ministro de Asuntos Europeos italiano, Raffaele Fitto, uno de los que más claro ha hablado, ha reconocido que es “matemáticamente imposible” que Italia cumpla todos los objetivos del plan. Esto ha llevado al titular de Economía, Giancarlo Giorgetti, a pedir renegociar lo pactado por el anterior primer ministro, Mario Draghi: “Estamos realizando un análisis para tener una imagen precisa de la viabilidad global de las intervenciones previstas para mejorar, en la medida de lo posible, los aspectos más problemáticos y, en su caso, revisar los planes iniciales”.

Cerca de la mitad de la financiación del plan de recuperación pasa por los ayuntamientos, que en teoría deberían haber contratado en los últimos meses a personal específico para gestionar los fondos entrantes. En la práctica, las administraciones locales no han logrado dar con una fórmula para contratar personal y gestionar los proyectos.

La decisión de Draghi de pedir de una vez las subvenciones y los créditos del Fondo de Recuperación explica que a estas alturas Italia haya recibido cerca de 67.000 millones y España 37.000 millones pese a haber ingresado un pago más y tener el aplauso de la Comisión.

Revisión de reglas fiscales. Tanto España como Italia son dos países con una deuda abultada, por lo que la vuelta sin más al antiguo Pacto de Estabilidad les repele a ambos Ejecutivos. Los dos necesitan bastante margen para reducir su deuda, mucho más Italia, que debe una cantidad equivalente al 147% de su PIB frente al 113% de España. Pero en ambos casos hay mucha distancia para alcanzar el 60% que marca el Pacto de Estabilidad. La reforma en marcha plantea dejar a los países la capacidad de individualizar sus planes de ajuste y combinarlos con la inversión pública que necesitan para no perder el tren de la doble transición digital y verde, lo que era y es un principio en el que coinciden Madrid y Roma. También en que esté lista antes de fin de año. Falta todavía que la Comisión presente su propuesta legal y ahí llega el turno de los detalles, donde habrá que ver cómo se concreta la posición italiana, que ha perdido protagonismo con Meloni respecto del que tuvo Draghi.

Roma pide que las nuevas reglas fiscales “se basen más sobre el crecimiento que sobre la estabilidad”. En la comparecencia después del encuentro con Sánchez en Roma, Meloni reafirmó esta postura con la mirada dirigida al presidente español buscando su complicidad, mientras este asentía. La líder italiana también recordó que el país transalpino espera que una reforma del Pacto de Estabilidad llegue antes de finales de año y ofreció su disponibilidad a Madrid para trabajar sobre ello durante la presidencia española del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023.

Subida de tipos de interés. Por el mismo motivo que en la revisión de las reglas fiscales, España e Italia están en la misma orilla de damnificados por la subida de tipos de interés: el alto volumen de deuda de ambos países. El incremento del precio del dinero aumenta el coste de pagarla y pone en apuros al presupuesto público y, por extensión, al sector privado. No obstante, el tamaño de la deuda y las dudas que suscitó la caída de Draghi y la llegada de Meloni al Gobierno pusieron muy por delante en la línea de fuego a Italia. De ahí que la propia primera ministra haya pedido al BCE “evitar hacer elecciones perjudiciales y gestionar bien la comunicación sobre las elecciones que se toman, ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de generar fluctuaciones en los mercados que truncan la labor diaria de los gobiernos”.

Respuesta a los subsidios estadounidenses en la transición verde. La primera parte de esta batalla se resolvió en marzo. En ella las posiciones española e italiana estaban casi alineadas: reclamaron más agilidad para dar las ayudas de Estado, eliminar burocracia y elevar los límites. A mitad de año, con la revisión del presupuesto plurianual de la UE (21-27) se abre la segunda parte: la creación de un fondo de soberanía para financiar proyectos en esta transición. Ahí España mantiene una posición discreta, considera que con el Fondo de Recuperación tiene recursos suficientes; Italia se ha mostrado más partidaria de que se aumente el presupuesto total de la UE para ese fondo al pedir que se acuerden instrumentos de financiación “que no se limiten a garantizar una mayor flexibilidad en las ayudas de Estado”.

Migración. Fuentes comunitarias consideran que debe haber sido un tema “prioritario en la agenda” de los abordados entre Sánchez y Meloni. Ambos países son receptores claros de inmigrantes. Los dos piden “solidaridad” entre los socios europeos, es decir, que los Veintisiete acojan a recién llegados. No obstante, Roma sitúa en muchas ocasiones el foco sobre los rescates en alta mar y las ONG que los llevan a cabo. Italia, junto a Grecia, Malta y Chipre, firmaron una carta reclamando a la UE una política coordinada. España, en cambio, no lo hizo. El Ejecutivo de Sánchez se alinea con la Comisión cuando dice que salvar vidas en el mar “es una obligación” del Derecho Internacional. Y apunta a que la política migratoria también debe focalizarse sobre los países de origen para ordenar los flujos y evitar la presión en las fronteras.