El juez del ‘caso Púnica’ vuelve a desimputar a la exconsejera madrileña Lucía Figar

Manuel García-Castellón, magistrado instructor de la Audiencia Nacional, ha vuelto a desimputar en el caso Púnica a Lucía Figar (PP), consejera de Educación de la Comunidad de Madrid durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. El juez ha tomado esta decisión ocho días después de que la Sala de lo Penal le obligase a reabrir la causa contra la ex alto cargo del partido conservador, a la que se investiga desde 2015 por pagar con fondos públicos a una de las empresas de la trama para elaborar trabajos de reputación en internet a su favor.

La Sala de lo Penal corrigió la pasada semana al juez, que archivó en octubre la causa contra Figar en la línea de investigación de las pesquisas centrada en la financiación irregular del PP de Madrid (Pieza 9), cuando ella se encontraba realmente imputada en la Pieza 10, sobre los trabajos de reputación online. El tribunal tomó esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción; que, además de detectar el error, considera que existen suficientes indicios de que la exconsejera impulsó y autorizó el pago de estos servicios para beneficiarse personalmente.

Pero García-Castellón no comparte esa tesis. Basándose en las comunicaciones interceptadas, el juez admite que existía una “buena relación” entre Lucía Figar y el empresario Alejandro de Pedro, encargado de los trabajos de reputación. Sin embargo, el magistrado incide en que no se ha “acreditado” que los servicios contratados por Educación “tuvieran un carácter exclusivamente laudatorio” de la dirigente del PP, “como si fuera un ente separado de su cargo o de la institución que representaba”.

En su resolución de este martes, además de archivar la causa contra Figar, el instructor también desimputa a Ignacio García de Vinuesa, exalcalde del PP en Alcobendas (Madrid); a Teresa Alonso-Majagranzas, exdirectora de comunicación de ese municipio; a Pablo Balbín, ex jefe de prensa de la Consejería de Educación; a Manuel Pérez, exviceconsejero de Educación; y a Luis Sánchez, exdirector de la Fundación para el Conocimiento Madri+d. “Al no haber resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos por los que se les ha llamado como investigados”, apunta el dictamen de García-Castellón.