'Caso Púnica'

La Audiencia Nacional reabre la investigación sobre el exalcalde de Alcobendas

El tribunal ve “indicios de criminalidad” en la actuación del exregidor y una colaboradora

El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, en un acto de campaña del PP de su ciudad, en 2019.
El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, en un acto de campaña del PP de su ciudad, en 2019.Jesús Hellín / Europa Press

La Sala de lo Penal número cuatro de la Audiencia Nacional ha decidido reabrir la investigación en el caso Púnica contra el exalcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa (PP) y la directora de comunicación del regidor, Teresa Alonso-Majagranzas. Se trata de una disposición sobre el recurso de apelación que presentó el Ministerio Fiscal contra el auto dictado el día 9 de febrero de 2021. En él, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso, decidió archivar la investigación, al concluir que de las pesquisas realizadas no se desprendían indicios suficientes de que García Vinuesa tuviera la “corrupta voluntad” de desviar fondos públicos en su propio beneficio. En concreto, para pagar de manera ilegal a las empresas de Alejandro De Pedro, el experto informático de la trama de corrupción, la mejora de su imagen en internet.

Ahora, la Audiencia sí ve “indicios de criminalidad” en la actuación de los investigados y le reprocha al juez García-Castellón “lo precipitado de la decisión de sobreseimiento provisional adoptada”. La Audiencia reclama además que continúen las pesquisas sobre García de Vinuesa y Alonso-Majagranzas, porque encuentra “indicios racionales de criminalidad en la actuación de los investigados”, pero excluye a la gerente del Patronato Sociocultural de esta localidad, Yolanda Sanchís, cuya causa queda sobreseída.

La causa investigaba si García Vinuesa y su colaboradora pagaron, en 2011, cuando el primero era alcalde de Alcobendas, trabajos de reputación online tras desviar fondos de un patronato del Ayuntamiento mediante facturas con conceptos falsos. Un informe de la Guardia Civil cifró en 69.051 euros ese supuesto desvío. Tras ser imputado en noviembre de 2020, el exalcalde renunció al cargo de Comisionado para las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid que ocupaba en ese momento.

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