Once altos mandos señalan al general de la Guardia Civil acusado de amaños en el ‘caso Cuarteles’

Las pruebas sobre la presunta implicación del teniente general de la Guardia Civil ya retirado Pedro Vázquez Jarava en el amaño de contratos destapado en el caso Cuarteles se acumulan. Al menos 11 altos mandos del instituto armado han asegurado a los agentes de Asuntos Internos que los interrogaron que Vázquez Jarava contactó entre 2016 y 2017 directamente con ellos o a través de subordinados para sugerirles que adjudicaran decenas de obras de mantenimiento de cuarteles al constructor Ángel Ramón Tejera de León, Mon, según detalla un informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento policial, fechado hace un año aunque no había transcendido hasta ahora, recalca que Vázquez Jarava recibió de este empresario numerosas dádivas e, incluso, que compartió con él, en al menos dos ocasiones, unos días de vacaciones en hoteles de lujo supuestamente pagados por este último. Las pesquisas salpican ya a 13 comandancias y han puesto bajo sospecha 193 contratos con un valor estimado de 3,3 millones de euros.

La investigación, que dirige una jueza de Madrid, ha revelado que el teniente general ―que entre 2015 y 2018 fue el responsable de la Subdirección General de Apoyo, uno de los puestos de mayor poder dentro de la Guardia Civil al gestionar los recursos financieros y patrimoniales de la institución― mantuvo una estrecha relación con el empresario coincidiendo con el periodo en el que cuatro empresas administradas por este último (Impermecork, Angrasurcor, Canarycork y Solocorcho) registraron “un incremento exponencial y aparentemente inusual en la adjudicación de obras” en comandancias. Solo en un año, 2016, recibieron 80 contratos por un valor cercano a 1,4 millones de euros.

Las pesquisas apuntan a que el general, que está imputado por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y malversación, aprovechaba su puesto de responsable financiero del instituto armado para facilitar fondos extras a las comandancias para que estas acometieran obras menores de pintura e impermeabilización en los acuartelamientos. Posteriormente, indicaba a sus responsables que contratasen para ello a las empresas de Tejera de León.

Hasta ahora, al menos 11 altos mandos del instituto armado han confirmado este modus operandi en sus declaraciones ante Asuntos Internos, según consta en el informe policial. Los dos de mayor graduación son los generales que estaban al frente de la Guardia Civil en Extremadura y la Comunidad Valenciana. En la primera comunidad se amañó el contrato de rehabilitación del cuartel de Fuente de Cantos, y en la segunda, los de Torreblanca y La Vall d’Uixó (ambos en Castellón). A ellos se suman los testimonios de los coroneles que encabezaban en aquellos años las comandancias de Badajoz, Castellón, A Coruña, Alicante, Valladolid y Murcia; y los tenientes coroneles de las de Albacete, Alicante y Ávila. Este último ha sido imputado en la causa.

Las declaraciones de cinco de ellos ―los responsables de la Guardia Civil en Alicante, A Coruña, Albacete, Ávila y Valladolid― son coincidentes. Así, el coronel de la Comandancia de Alicante, ya retirado, aseguró que Vázquez Jarava, al que conocía personalmente, lo telefoneó porque unas empresas “disponían de un producto único y novedoso para combatir las humedades” que consistía en inyectar corcho en las fachadas. El coronel no recordaba si en aquella conversación el general le citó expresamente alguna empresa, pero aseguró que poco después recibió la visita del empresario amigo del general.

“Método novedoso”

Un relato similar hizo el coronel de Valladolid. Este alto mando no pudo recordar quién lo llamó desde la Subdirección General de Apoyo, pero sí que lo hizo en nombre de Vázquez Jarava y que le anunciaron que “querían realizar unas pruebas con un método novedoso que aplicaba proyección de corcho” y que recibiría 10.000 euros para sufragar las obras. En este caso le dieron el nombre de la empresa Solocorcho, en cuya representación se presentó Tejera de León. El informe policial destaca que, en realidad, el sistema propuesto para impermeabilizar las fachadas no era novedoso, ya que se comercializaba desde mediados de 2011 y ya se utilizaba en cuarteles de la Guardia Civil desde 2014.

El teniente coronel responsable de la comandancia de Ávila también aseguró que fue Vázquez Jarava quien le recomendó que contratase a Tejera de León “al tratarse de un empresario especialista en impermeabilización de fachadas y de cubiertas que quería probar un nuevo producto que sería recomendable”. Según añadió este mando, el entonces subdirector de la Guardia Civil “tenía interés en que se testeara cómo era esa impermeabilización para futuras actuaciones” en otras instalaciones.

“Darse a conocer”

Por su parte, el coronel jefe de la Comandancia de Murcia declaró que, a finales de 2016, recibió una llamada del general para comentarle que iban “a descentralizar una partida presupuestaria” para esta región “para la impermeabilización de cubiertas y la reparación de fachadas de los acuartelamientos”. El alto mando aseguró que, en esa primera llamada, su superior no mencionó a ningún empresario, pero sí en una posterior, en la que le comentó que conocía a un contratista que iría a visitarlo “para darse a conocer”.

Ese empresario resultó ser Tejera de León, quien se adjudicó las obras tras ofertar el mismo producto con corcho “que garantizaba su durabilidad”. El empresario se hizo finalmente con los contratos, aunque el coronel recuerda que “hubo que estar detrás del contratista” para que terminase las obras en el plazo acordado. El coronel añadió que, tras constatar que no cumplía con los plazos, “se decidió no volver a adjudicarle obras”, añadió.

El testimonio del cabo responsable del cuartel de Navarredonda de Gredos (Ávila) también apunta en este sentido al afirmar que los trabajadores enviados por una de las empresas del constructor para impermeabilizar la fachada y la cubierta lo hicieron “sin ningún tipo de material de pintura” y que tuvo que ser el propio agente el que les ayudara a adquirirla e, incluso, a alquilar la maquinaria, “ya que no disponían de ningún material”. Ese contrato estaba presupuestado en 50.000 euros. Pese a estas deficiencias, el constructor hizo trabajos en otros 26 acuartelamientos de esta provincia.