La dilación perpetua de la justicia: algunas causas tardan en resolverse el doble que hace 10 años

El relato que presuntamente urdió Raúl Díaz Cachón para hacer creer a la familia de su mujer, Romina Celeste Núñez, que ella se había ido de casa tras una discusión se vino abajo en pocos días. El hombre presuntamente mató y descuartizó a su esposa el 1 de enero de 2019 en Lanzarote y entró en prisión preventiva el día 13 de ese mes. Pero la eficacia con la que arrancó la investigación se fue desinflando hasta perderse del todo en un galimatías de informes periciales, estudios psicológicos y pruebas eternas que, cuatro años después, han obligado a poner al sospechoso en libertad tras haber cumplido el tiempo máximo que un acusado puede pasar encarcelado a la espera de sentencia. El caso de Lanzarote es el último que ha saltado a los medios como ejemplo de retrasos judiciales de difícil justificación, pero las llamadas “dilaciones indebidas” son uno de los atenuantes más habituales que acaban reduciendo el castigo en los procedimientos penales y uno de los motivos más recurrentes de queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según los datos del órgano de gobierno de los jueces, la duración media de los procedimientos se ha duplicado en la última década en algunos organismos, desde los juzgados de primera instancia e instrucción encargados de los procedimientos penales a varias de las salas del Tribunal Supremo más afectadas por la imposibilidad de cubrir las vacantes mientras no se renueve el Consejo. La Sala Primera, de lo Civil, encargada entre otros asuntos de los casos relacionados con los contratos entre particulares y bancos, tardaba en 2012 una media de 11,1 meses en resolver un recurso. En 2021, último año del que hay datos, la espera superaba ya los dos años. Algo parecido ocurre en la Sala Cuarta, la de lo Social, la que tiene la última palabra sobre los pleitos entre empresas y trabajadores y de la que depende en muchas ocasiones la indemnización que pueda cobrar un empleado despedido o la posibilidad de que un trabajador recupere su puesto. En 2012, la espera se demoraba una media de 10,5 meses; en 2021, más de año y medio (18,5 meses), un tiempo que según miembros del órgano es ya muy superior en la actualidad, cuando la sala tiene vacantes cinco de sus 13 plazas.

En el caso del Supremo, los datos indican un aumento exponencial del tiempo de respuesta en los dos últimos años, lo que, al margen del aumento de la carga de trabajo vinculada a situaciones concretas (por ejemplo, los conflictos entre clientes y bancos por las cláusulas suelo y los gastos de las hipotecas) parece directamente relacionado con la imposibilidad legal de cubrir las plazas de magistrados que se jubilan, fallecen o se marchan de forma voluntaria mientras el CGPJ, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, no se renueve. Pero en otros órganos, la situación, según jueces, abogados y otros representantes del sector, es más “endémica”.

En muchos casos, tiene que ver con la carga de trabajo que soportan algunos juzgados, muy superior a la que debería recaer sobre ellos según los módulos acordados por el consejo y el Ministerio de Justicia. En otros, sin embargo, el retraso puede deberse directamente a la falta de diligencia del juez o de otos miembros del juzgado. Es lo que ha denunciado la abogada de la familia de la mujer presuntamente descuartizada en Lanzarote. En una queja a la que ha tenido acceso EL PAÍS, dirigida al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que sea remitida al CGPJ, la letrada denuncia la actitud “relajada” del Juzgado de Instrucción 1 de Arrecife y lamenta que tanto el juez como la Fiscalía acabaran “entrando en el juego” de las maniobras “dilatorias” de la defensa. El TSJ canario, en una investigación puesta en marcha tras la excarcelación del acusado, ha señalado de inicio al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Las Palmas, dependiente de la Consejería de Justicia, por tardar más de dos años en elaborar y enviar al juzgado un informe pericial. Pero la queja presentada por la abogada de la familia de la víctima permitirá también activar la acción disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces para que decida si la actuación judicial merece una sanción.

Los retrasos injustificados son la causa más habitual de apertura de expediente por parte de la autoridad disciplinaria del Poder Judicial. En 2021 se interpusieron por esta razón ocho sanciones muy graves (castigadas con separación de la carrera judicial y suspensión temporal de funciones) y tres con falta grave (multas de entre 1.500 y 600 euros). Aunque el órgano esté en funciones desde hace más de cuatro años, sus miembros aseguran que actúa “como el primer día”. “La prórroga en el mandato no repercute en una menor actividad disciplinaria. La comisión se reúne cada 15 días, el promotor de la acción disciplinaria trabaja en ello a tiempo completo, la oficina de quejas está a pleno rendimiento”, defiende un vocal que pertenece a esta comisión, que atribuye la mayoría de los retrasos a un problema “sistémico” provocado por el déficit de juzgados y la sobrecarga de trabajo.

Las asociaciones judiciales comparten este diagnóstico, aunque sí encuentran vínculos entre el bloqueo en la renovación del CGPJ y las dilaciones en los tribunales. “Desde 2018, el consejo está en situación de provisionalidad, por lo que no han puesto en marcha ningún proyecto ambicioso destinado a mejoras específicas que sí podría contribuir a paliar estos retrasos”, señala Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria. El juez advierte, además, de que la interinidad que pesa sobre el órgano de gobierno de los jueces puede ser un lastre para sentarse a negociar, con el ministerio o los gobiernos autonómicos, la ampliación de medios y recursos. Edmundo Rodríguez, de Juezas y Jueces para la Democracia, insiste en este punto. “No hay impulso ni una política concreta desde el consejo que nos diga qué hay que priorizar y, al final, todo influye”, señala, aunque coincide con los vocales del CGPJ en que el bloqueo del órgano no influye en su actuación disciplinaria.