El cortijo de Queipo de Llano en Camas, siguiente objetivo de las asociaciones memorialistas

El pasado sábado, alrededor de 200 personas marcharon desde la plaza del Ayuntamiento de Camas (Sevilla) hasta el cercano cortijo de Gambogaz para reclamar que esta finca, propiedad de los descendientes del general franquista Gonzalo Queipo de Llano, pase a manos del Estado. Era la tercera marcha con esta petición desde 2018, pero la primera después de que, el 2 de noviembre, se ejecutara la salida de los restos del militar golpista de la basílica de la Macarena. Aquella victoria de las asociaciones memorialistas se produjo gracias a la nueva Ley de Memoria Democrática; y ahora estos mismos grupos se van a centrar en reclamar la expropiación de esta finca agrícola en la que Queipo empleó a prisioneros de guerra. La Plataforma Gambogaz intenta explorar la vía Meirás —el pazo gallego de la familia Franco que el Estado recuperó en 2020—, exigiendo la expropiación del cortijo. Los dos casos, sin embargo, no son idénticos.

“Seguimos la estela de Meirás, pero en Gambogaz no podemos aferrarnos a su carácter de bien público, porque antes de que Queipo se lo apropiara siempre fue de titularidad privada. Por eso nos hemos centrado en demostrar el origen público del dinero con el que supuestamente se compró”, indica Bonifacio Cañibano, investigador de la plataforma. Y en esas pesquisas se ha avanzado considerablemente. La escritura de compraventa del cortijo, firmada en la Nochebuena de 1937 por Queipo de Llano ante el notario Fulgencio Echaide Aguinaga, amigo suyo, se había convertido en el elemento clave para conocer el origen del dinero. A diferencia de la escritura de Meirás, la de Gambogaz es un documento inaccesible para los investigadores porque la ley establece que deben pasar 100 años para consultar los archivos notariales privados. Sin embargo Cañibano asegura que ha podido leerla y sostiene que “es más relevante lo que no existe en esa escritura que de lo que se da fe en ella”.

En ese acto se certificaba la adquisición de buena parte del cortijo a Manuel Nevada Camacho, representante de la General Motors en Cádiz, que había comprado la finca el 26 de julio de 1936 a María Lastra, viuda del dueño de todo Gambogaz, José Vázquez. Ahogado en deudas y después de haber pasado cuatro meses en la cárcel, Camacho era un hombre frágil, con una situación absolutamente desesperada, cuenta el investigador. “Era la víctima propicia para obligarle a vender una propiedad que daba muchos beneficios”, señala.

El día de la firma de la compraventa, sin embargo, Camacho no estuvo presente. “Queipo no quería testigos, más allá de su círculo de confianza”, interpreta Cañibano. En la escritura que él ha podido consultar aparece como representante de Camacho el banquero Miguel Aramburu (compañero de Queipo en la Academia de Caballería de Valladolid); el director del Banco de España en Sevilla, Vicente Barba Farrugio; el auditor de guerra Francisco Bohórquez —exhumado junto con el general golpista de la Macarena―; y el presidente de la Diputación de Sevilla Joaquín Benjumea. El cortijo le costó supuestamente a Queipo 1,5 millones de pesetas, que pagó con dinero de una cuestación popular. “En el documento se dice que Queipo entrega a Barba Farrugio las 750.000 pesetas de la hipoteca, pero no se dice cómo se pagó: en metálico, con un cheque... a diferencia de la compra del pazo de Meirás, donde quedó todo acreditado”, subraya Cañibano.

Sin rastro de la hipoteca

Y en este punto la ausencia de documentos se convierte en el mejor indicio de esa adquisición irregular, según la plataforma memorialista. “No existe documento que confirme que ese pago se efectuó, no está la escritura de la cancelación de la hipoteca y tampoco el apunte contable en el Banco de España de haber recibido las 750.000 pesetas. Solo la escritura de un notario genuflexo y colaborador en el golpe”, señala Cañibano. “No hay documentos y por eso la familia de Queipo tampoco puede reivindicar la propiedad del cortijo, porque no hay ningún título que lo acredite”, insiste.

En ese mismo acto de compraventa se constituyó la Fundación Benéfica Social Agraria Gonzalo Queipo de Llano, a la que se transfirió la propiedad de Gambogaz. En la escritura se recoge que, dado el carácter benéfico de la institución, Camacho —que no estaba presente y estaba acuciado por las deudas― hacía una donación voluntaria de 150.000 pesetas y el Banco de España otras 100.000. También con ese argumento de que se trataba de una fundación benéfica, los acreedores de Camacho pagaron el 10% y el 16% del principal de sus deudas para la fundación. Es decir, no solo no cobraron lo que se les debía, sino que incluso tuvieron que pagar. Este acto insólito evidencia, para el investigador, cómo la constitución de la fundación y el acto de compraventa fueron una mera pantalla para camuflar que en realidad le estaban regalando el cortijo a Queipo.

Posteriormente, siempre en nombre de la fundación, el militar franquista se fue haciendo con el resto de las tierras y viviendas del cortijo adquiriéndoselas a los herederos de José Vázquez a través de amenazas o permutas de terrenos que nunca se ejecutaron, según la investigación de la plataforma. Lo sabe bien José Manuel Vázquez, nieto de Ignacio Vázquez Reina, uno de los herederos de Gambogaz. “En mi familia siempre hubo mucho miedo. Queipo se presentó en la casa y les amenazó con que, si no vendían, el hermano de mi abuelo, que estaba en la guerra, pasaría a la primera línea del frente. Ese mismo día se quedaron también con su parte pese a que no estaba presente”, dice. Vázquez, abogado, se ha dedicado, junto con otros hermanos y primos, a rastrear los registros de la propiedad en busca de toda la documentación. Él también está interesado en que Gambogaz pase a manos del Estado, como ha ocurrido con Meirás.

“Siempre iba con el pistolón en el cinto”

José Manuel Vázquez nunca ha podido pisar el cortijo que perteneció a su familia. Quien sí lo hizo, cuando tenía 15 años, es Floreal Reina, que trabajó allí en el verano de 1950 recogiendo la gavilla que soltaban las trilladoras. “Nos venían a buscar a Camas. Cogían a los más jóvenes, porque nos quejábamos menos”, cuenta. “Nos daban seis pesetas y medio kilo de pan”. Reina recuerda la estampa de Queipo paseándose a caballo. “Era muy delgado y siempre iba con el pistolón al cinto. Con nosotros no se relacionaba para nada”, rememora. Los que lo hacían eran los capataces y los manijeros, muchos de ellos presos republicanos que trabajaban y vivían en el cortijo. “A muchos los conocíamos porque eran de Camas”, cuenta Reina. “Gambogaz fue un verdadero campo de concentración”, añade Cañibano.

Sin documentos públicos que acrediten la compraventa, para poder explorar la vía Meirás es necesario justificar que el origen del dinero era público y que procedía del Banco de España. “Todas las operaciones se realizaron en un momento de confusión total [en plena guerra civil] donde las delegaciones del Banco de España tenían total autonomía, al no tener que rendir cuentas a la sede central”, explica Cañibano, que cree que Queipo se valió de ese “agujero negro”. El investigador señala a Aramburu, a Barba Farrugio y al delegado del Banco de España en Cádiz, Carlos Jiménez la Iglesia, que fue quien concedió las hipotecas a Camacho, como los cerebros detrás del expolio de Gambogaz.

La supuesta suscripción popular tampoco consta en ningún papel. Si con Meirás la cuestación popular —y forzada― para la compra del pazo quedó perfectamente documentada , en el caso de Gambogaz se enmascaró la adquisición con la forma de un regalo de Sevilla a “su libertador”. El problema es que no hay rastro documental de la colecta. “En aquella época se dejaba constancia de todas, pero de esta no hay pruebas, aunque hemos confirmado que existió”, indica Cañibano. Duró siete días, del 11 de julio al 18 de julio del 37 y, de acuerdo con el historiador Paul Preston, se recaudaron 100.000 pesetas, una cantidad que no hubiera servido para cubrir los 1,5 millones por los que estaba escriturado el cortijo. “La colecta, como la fundación, fue una forma de Queipo para camuflar su enriquecimiento”, afirma el investigador, que recuerda que Queipo, entonces, disponía de una cuenta en el Banco de España donde se ingresaba dinero de multas y tenía plenos poderes sobre su delegación en Sevilla.

Una propiedad muy dividida

Carlos Babío, miembro de la plataforma Pazo de Meirás, señaló el viernes, durante unas jornadas organizadas por la Plataforma Gambogaz, que las claves para conseguir recuperar el pazo fueron la investigación, la divulgación y la movilización social. En el caso del cortijo camero, solo el Ayuntamiento se ha alineado en favor de la expropiación, pero el resto de administraciones siguen de perfil. La nueva Ley de Memoria Democrática tampoco allana el camino, porque únicamente recoge la expropiación de bienes públicos. “Nos gustaría que al menos el Estado pudiera ayudarnos a poner toda la documentación que tenemos en pie”, indica el investigador.

Vázquez es más pragmático. Gambogaz ahora es un cortijo ruinoso. La propiedad está dividida en tantas partes que lo que puedan obtener por el alquiler de las tierras no parece tan rentable. “Han perdido la opinión pública y esto caerá por su propio peso. Está en un punto muerto. Lo más sencillo sería que el Estado negocie con ellos el traspaso, porque ni siquiera una expropiación les beneficiaría”, abunda. Vázquez recuerda que la finca está en terrenos inundables y catalogada como bien de interés cultural, lo que condiciona también el valor. “El caserío no puede valer más de uno o dos millones de euros, tal y como está”, calcula. Más allá de cómo se acabe resolviendo la situación, lo esencial es que termine siendo público. “No queremos solo devolver Gambogaz al pueblo, Gambogaz es la punta del iceberg de todos los expolios que se realizaron durante el franquismo”, afirma Cañibano.