La mayoría de los socios rechaza una solución sin Unidas Podemos para el ‘solo sí es sí’

“Yo me voy a hacer la estatua”. El portavoz de uno de los partidos que apoya habitualmente al Gobierno en el Parlamento contó a otro de los socios del Ejecutivo que esa iba a ser su disposición frente a la reforma de la ley del solo sí es sí que enfrenta al PSOE con su socio de coalición, Unidas Podemos. Lo hizo tras recibir una llamada de la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, en la que le pedía su apoyo a la proposición de reforma de la lLey de Libertad Sexual. No es el único que piensa de esa manera. “Este marrón lo han generado ellos, los dos partidos de la coalición, y a nosotros nos lo tienen que dar resuelto”, insisten a este periódico varios portavoces de las formaciones aliadas.

EL PAÍS ha contactado con los responsables de los grupos parlamentarios del bloque progresista que ha sostenido al Gobierno en esta legislatura. Todos ellos coinciden en que hay que corregir los fallos corroborados en la ley y el problema de alarma social generado por las más de 400 rebajas de penas acordadas por los jueces. Pero ninguno de los portavoces aclara cómo hacerlo.

PNV y PDeCAT avanzan su “disposición muy favorable” hacia la iniciativa del PSOE. ERC, EH Bildu y Más País-Compromís abogan por el acuerdo, pero sin dejar atrás a Unidas Podemos y al Ministerio de Igualdad.

Son días de llamadas cruzadas, conversaciones a varias bandas y charlas llenas de inquietud y malestar entre los socios del Gobierno en el Congreso. La legislatura parecía encaminada hacia su recta final, con una larga precampaña y con algunos réditos políticos que el Ejecutivo pensaba explotar. Ese era el plan cuando se aceleró en diciembre la tramitación de varias leyes simbólicas y presuntamente conflictivas, con lo que se pretendía evitar discusiones internas durante los últimos meses de mandato. Acababa de aprobarse en tiempo y forma el tercer Presupuesto del Estado, sin excesivos escollos. Entre los más de 190 proyectos y decretos legislativos impulsados durante la legislatura, salió adelante la ley trans, la de eutanasia, la reforma laboral, la de impuestos a la banca, el sector energético y las grandes fortunas, la nueva legislación de memoria democrática, la de rtata de seres humanos, la de igualdad de trato, el ingreso mínimo vital o la revalorización de las pensiones.

Quedan algunos compromisos relevantes por cumplir, como la reforma en profundidad de la llamada ley mordaza y la de vivienda, pero lo que no se esperaba nadie era este choque político grave a cuenta de la reforma de la ley del solo sí es sí. El proyecto estrella del Ministerio de Igualdad de Irene Montero se aprobó en Consejo de Ministros el 6 de julio de 2021, tardó 14 meses en superar difíciles trámites parlamentarios y fue convalidado en un pleno el 25 de agosto pasado con 205 votos a favor, 141 en contra (84 del PP, 52 de Vox, uno del PNV y cuatro del grupo mixto) y tres abstenciones (dos de la CUP y una del Partido Regionalista de Cantabria). Entró en vigor el 7 de octubre. A las pocas semanas, algunos tribunales empezaron a revisar condenas a la baja como consecuencia de la nueva ley. Esa circunstancia desencadenó la alarma social y un conflicto político aún por resolver que está poniendo a prueba las costuras del Ejecutivo en plena precampaña electoral.

Desde que el presidente, Pedro Sánchez, constató el fin de semana pasado que era imposible el acuerdo entre los ministerios de Igualdad y de Justicia para una reforma legal que aumente algunas penas, el PSOE optó por tirar por su lado e impulsar una propuesta propia sin Unidas Podemos. Su idea era forzar el acuerdo para aprobar la reforma en el Congreso captando apoyos de cualquier signo. “Lo importante no es ya con quién si no el qué”, llegó a declarar María Jesús Montero en alguna entrevista. El PSOE solo dispone de 120 diputados y si UP se desmarca (34 actas) y el PP (89) y Vox (52) votan en contra, la propuesta decaería. Dos responsables gubernamentales socialistas minimizan las consecuencias que supondría sacar adelanta la reforma sin Unidas Podemos: “Si al final esta reforma legal no sale por culpa de la disputa entre quién manda en Podemos y Yolanda Díaz tampoco pasa nada muy grave... Lo relevante de la legislatura está hecho, pero no podemos no hacer nada ante la grave alarma social generada por los efectos indeseados de la ley del solo sí es sí”.

El PSOE, que al principio había descartado negociar con el PP, ha decidido no cerrar esa puerta. Los negociadores socialistas, María Jesús Montero y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, han empezado a llamar a los portavoces de varias formaciones en el Congreso. Unidas Podemos, por su parte, hizo lo mismo, pero en sentido contrario, para captar votos en contra de la reforma socialista.

En los contactos ya efectuados por Montero y Bolaños, el PSOE ha comprobado que sus socios habituales están por la labor de corregir la ley y elevar las penas rebajadas que han causado “alarma social”. Pero varios de los grupos aliados remachan también la consigna emitida desde Podemos e Igualdad de aprobar la reforma “sin tocar el consentimiento”. Los negociadores socialistas aseguran que la iniciativa no lo modifica. Pero la mayoría de los aliados no se fían, ni de las promesas del PSOE ni de la postura de Unidas Podemos. Uno de esos portavoces, además, avisó en la conversación telefónica a María Jesús Montero: “Hablad entre vosotros, acordad y dadnos una solución, porque si venís al Congreso para sacar esta reforma con el apoyo del PP me pondrás contra la espada y la pared”. Es lo que transmiten en privado casi todos los responsables consultados.

Estas son las respuestas facilitadas por los portavoces de los socios de investidura del Gobierno.

EL PNV, a favor

El portavoz parlamentario del PNV (cinco escaños), Aitor Esteban, entiende que la iniciativa socialista “podría servir” para delimitar mejor las horquillas de las penas y “acotar” así el margen de discrecionalidad de los jueces a la hora de aplicar la ley. Para los expertos que ha consultado el PNV, la propuesta del PSOE “mantiene el consentimiento y el tipo penal” único de la agresión. Esteban sostiene que una vez constatado el “error” y la “inquietud” que este hecho ha generado en la sociedad, ahora es necesario “dar una respuesta” y esa proposición puede servir de “pista de aterrizaje”. Y añade: “No entendemos el empecinamiento de la ministra Irene Montero en no reconocer el error de no poner una disposición transitoria en la ley”. Y avanza que el PNV aportará una enmienda para “introducir en el corazón del Código Penal y de forma estructural” la transitoriedad para que “exista un criterio definido” en la aplicación de la ley y en las posibles solicitudes de revisión de condenas.

PDeCAT: dispuesto y con rapidez.

Ferran Bel, el portavoz del PDeCAT (cuatro escaños), responde: “Estamos en predisposición de apoyar esta iniciativa, aunque la estamos acabando de estudiar y valorar, y también estamos a la espera de hablar con el Grupo Socialista. Esperamos que si hay que efectuar modificaciones en la ley del solo sí es sí se hagan con la máxima celeridad posible”.

ERC: menos ruido y “sin volver al infierno probatorio”.

Gabriel Rufián, el portavoz de ERC (13 escaños), indica: “El problema principal es mediático y judicial. Dicho esto, haremos lo posible por perfeccionar una ley que, como todas, es perfectible sin fomentar el ruido que ya hay en torno a ella, escuchando activamente a todo el Gobierno, que es quien debe solucionarlo, y sin apuntarnos a la campaña que hay contra el Ministerio de Igualdad ni callando como pueden hacer otros y otras por miedo o interés electoralista, ni evidentemente apoyando ningún cambio que de facto haga volver a las mujeres al infierno probatorio de la anterior legislatura”. El dirigente republicano precisa que “el consentimiento es intocable para ERC” y expresa su interés por discutir también sobre otro asunto de fondo: “Una ley, por muy perfecta que sea, no cambia la realidad. El cambio profundo en esto no lo traerá reformar o no esta ley, lo traerá una conciencia social que cuesta mucho más”.

EH Bildu: Siempre de acuerdo con Igualdad.

Mertxe Aizpurua, de EH Bildu (cinco escaños), especifica: “Estamos dispuestos a retocar quirúrgicamente la ley si es necesario, siempre y cuando el núcleo de la misma (el consentimiento) se mantenga intacto y se haga de mutuo acuerdo con el Ministerio de Igualdad y no a sus espaldas. En este caso, parece que no ha sido así”. La dirigente abertzale entiende que si para que “el consentimiento sea efectivo y los tribunales crean a las mujeres víctimas se tienen que demostrar signos de violencia o intimidación, se estará volviendo al modelo anterior”.

Más País: “El Gobierno responsable debe traer un acuerdo”.

Íñigo Errejón, de Más País-Compromís (tres escaños), señala sobre la posible salida a este conflicto: “No nos corresponde a los socios, somos parte de la solución si primero llegan ellos a un acuerdo. El Gobierno debe ser responsable y traer un acuerdo al Congreso. El Gobierno sabe que, si llega a consensos en su seno, puede contar con sus socios para salir del laberinto en el que se han metido, que no le hace bien a nadie, especialmente al propio Gobierno”.