Mañueco mantiene las medidas para las embarazadas pese a que Feijóo afirma que “Castilla y León no va a modificar el protocolo”

Las medidas para las embarazadas planteadas por la Junta de Castilla y León siguen generando confusión incluso en el seno del PP. El presidente del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, aseguró en la mañana de este martes que “el Gobierno de Castilla y León no va a modificar el protocolo de atención a las mujeres embarazadas”, algo que contrasta con los planes de la Junta, dirigida por el PP en coalición con Vox y liderada por el popular Alfonso Fernández Mañueco. La previsión es que las nuevas medidas que se pondrán a disposición de los médicos —atención psicológica preferente, escuchar el latido fetal o una ecografía 4D del feto— entren en vigor sin que sea “obligatorio”, como insistía Vox, que el facultativo se las ofrezca a las mujeres. El protocolo de interrupciones voluntarias del embarazo, en cambio, se mantendrá tal y como está, según destacan portavoces del área de Sanidad de Castilla y León. Estas fuentes no aclaran ni cómo ni cuándo entrarán en funcionamiento las medidas.

La extrema derecha de Vox ha avisado al PP de que estas medidas deben seguir adelante, pese a que aún las gerencias de la comunidad no las han recibido por mucho que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, dijese el viernes en EL PAÍS que se emitirían este lunes. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, así lo ha advertido en la mañana del martes: “Exigiremos que se cumpla el acuerdo. No daremos ni un paso atrás con lo acordado”. El alto cargo de la formación ha confiado “en que el PP es gente de palabra” y ha aludido a que “han firmado un protocolo y lo llevarán a término”. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha rechazado que estas diferencias se traduzcan necesariamente en la ruptura de la coalición en la comunidad: “Revisar no es romper, pero desde luego tendremos que ser más estrictos porque llueve sobre mojado con el PP”. Vox ha lanzado una nota de prensa en la tarde de este martes insistiendo en que “confía en que el Gobierno de Castilla y León cumpla y ponga en marcha el protocolo acordado”.

Esta situación contrasta con el discurso que emitió Mañueco el lunes, sin admitir preguntas, al igual que este martes en Salamanca, donde ha coincidido con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha insistido de nuevo en que necesita “información fidedigna” sobre las intenciones del mando autonómico. “No habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo, que está ajustado a la legislación nacional vigente y al criterio clínico”, asegura Mañueco en la misiva que ha enviado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que hizo pública este martes tras el requerimiento efectuado horas antes por parte del Ejecutivo por el que “se requiere de incompetencia” al Ejecutivo autonómico para que se abstenga de adoptar “cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”.

El presidente autonómico del PP destacó en su carta de respuesta al Gobierno que “en ningún caso la Junta de Castilla y León actualiza el protocolo para las mujeres que se sometan a una interrupción del embarazo”, reivindicó la libertad de las mujeres y recalcó que no se podría obligar a nada, como reclamaba su socio, a los facultativos. “Serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición y, por supuesto, tras esa inquietud voluntariamente formulada por cualquier embarazada, los facultativos conocerán y podrán facilitar según su juicio clínico”, detallaba Mañueco, que subrayaba que “alterar el orden de estos dos factores puede derivar en coacciones a la mujer y la Junta ni las va a promover ni a amparar”. Los portavoces de Sanidad no han aclarado cómo esas gestantes recibirán la información que les haga tomar decisiones sobre los “recursos que tienen a su disposición”.

Requerimiento de incompetencia

El Gobierno alega en el requerimiento de incompetencia contra la Junta de Castilla y León para que “cese de inmediato” en la aplicación de las medidas antiabortivas anunciadas por el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco serían, si finalmente se llevan a efecto, “discriminatorias” por el trato diferente a las embarazadas de esta comunidad respecto a las del resto del país y supondrían una “vulneración de la competencia estatal para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos”. “La dignidad de las mujeres, elevada a valor jurídico fundamental, y los derechos que les son inherentes, se verían gravemente afectados en el supuesto de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León se apliquen, llegando a generarse una verdadera discriminación en el ejercicio de los mismos, pues las condiciones en que estos derechos se hacen efectivos mediante el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, pasarían a ser diferentes en el territorio de Castilla y León con respecto al resto del Estado”, sostiene el Gobierno en el escrito que el Consejo de Ministros aprobó este martes y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El Gobierno se refiere hasta en seis ocasiones, para justificar su actuación, a “las medidas anunciadas” por el Ejecutivo autonómico desde el 12 de enero. Ese día fue determinante en la reacción de La Moncloa, que desde entonces ha reclamado de manera reiterada el protocolo al Gobierno de Mañueco sin obtener una respuesta oficial, por escrito y detallada. “No resulta admisible que en rueda de prensa oficial se publicite la aprobación de un protocolo que no se pone a disposición de los ciudadanos, y más aún, en virtud de las exigencias de la lealtad institucional”, se recalca en el requerimiento.

Anuncio de la Junta

La nota de prensa emitida por la Junta el pasado jueves citaba “la elaboración e implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre”. Igualmente se anunció “el acceso a la ecografía 4D a las mujeres gestantes durante el seguimiento de su embarazo”, “pudiendo así mostrar en un vídeo en tiempo real una imagen del bebé con sus rasgos y gestos faciales, manos, dedos, pies y resto del cuerpo, todas ellas perfectamente identificables y reconocibles para la madre y la familia, favoreciendo así su implicación emocional”. El vicepresidente Gallardo, de Vox, definió las medidas como “provida” y subrayó que serían voluntarias para la mujer, pero obligatorias para los profesionales sanitarios. El requerimiento a la Junta por las actuaciones que puedan vulnerar la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo recalca que la información a facilitar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo “debe ser imparcial y basarse en la evidencia científica, circunstancias que no se cumplen en las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León”. La Sociedad Española de Ginecología indica en relación al latido fetal que las guías clínicas establecen que “en fase embrionaria [hasta la semana diez y seis días] se recomienda que la evaluación ecográfica del latido sea preferiblemente de manera visual” y que las ecografías Doppler “no deben ser utilizadas rutinariamente”.

El viernes, ante la petición del Ministerio de Sanidad de la “remisión con urgencia del protocolo, resolución o instrumento acordado para llevar a cabo las medidas anunciadas”, la consejería de Sanidad de Castilla y León “se limitó a señalar que las medidas a implantar consistían en mejoras tecnológicas y en la posibilidad de permitir a la mujer escuchar el latido fetal en los estudios ecográficos, respetando siempre su voluntad, pero sin ofrecer ninguna información o aclaración adicional que diera respuesta a las dudas planteadas”, recoge el requerimiento. El documento, de nueve páginas, recuerda que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (PP), afirmó posteriormente que la Junta “instará” a los sanitarios a través de “instrucciones” a ofrecer a las mujeres embarazadas, incluidas las que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo, la posibilidad de escuchar el latido del corazón del feto y acceder a una ecografía 4D. “Todos los protocolos son de obligado cumplimiento para los profesionales de la sanidad, y este también”, aseguró Gallardo el 16 de enero, el día que en principio iban a entrar las medidas en vigor. Mañueco afirmó horas después que no sería así, pero según destaca el Gobierno siguió “sin aclarar si las medidas anunciadas se han aplicado o aplicarán en el futuro ni, en su caso, qué contenido y desarrollo específico tendrán dichas medidas”.

La conclusión del Ejecutivo es que el propósito de la Junta es proceder “de manera inminente, a partir del 16 de enero”, a la aplicación de medidas consistentes “en imponer, o cuanto menos ‘instar’ o ‘instruir’ —sin que estas dos expresiones hayan sido rectificadas—, a los profesionales sanitarios la aplicación de un protocolo específico”, incluyendo, en los términos anunciados, a las mujeres embarazadas que pretendan abortar. El Ejecutivo subraya que este nuevo requerimiento, tras el del pasado domingo cuyo recorrido sería por la vía contencioso-administrativa, no habría sido necesario si la Junta hubiese aclarado sus intenciones por escrito tal y como se le solicitó. “No podemos esperar ante toda esta confusión y aberración. El Gobierno aquí no está participando del debate político partidario, el Gobierno está protegiendo los derechos de las mujeres y dando tranquilidad a los profesionales sanitarios en su demanda de seguridad jurídica”, expresó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros de este martes. El requerimiento de incompetencia, previsto en el artículo 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, tiene por objetivo “velar por el reparto competencial entre administraciones previsto en la Constitución”. Si Castilla y León no contesta en un mes, La Moncloa dispondrá de otro mes (a contar desde la notificación del rechazo del requerimiento) para plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional.

La portavoz aseguró que es posible emprender una acción como la del requerimiento sin un hecho administrativo claro, provocado por la falta de concreción de la Junta: “Claro que sí, lo reconoce la fórmula de la vía del hecho y nos respalda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.