La Fiscalía reclama más de 100 años de cárcel para el juez y el fiscal que iniciaron la investigación del ‘caso Cursach’ en Baleares

La Fiscalía reclama 239 años de prisión, en total, para el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, que dirigieron durante años la instrucción del caso Cursach, la causa que investigaba una supuesta trama de connivencia entre la policía local de Palma y el mayor empresario del ocio nocturno de Mallorca, Bartolomé Cursach. La Audiencia Provincial de Baleares absolvió el mes pasado a todos los acusados después de que la fiscalía —ya con otros responsables al frente— retirara, en las últimas sesiones del juicio, todos los cargos que pesaban sobre ellos. Ahora, esos mismos fiscales reclaman casi 600 años de cárcel para el exjuez, el exfiscal y cuatro agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Baleares por presuntos delitos de revelación de secretos, detención ilegal, obstrucción a la justicia y prevaricación judicial cometidos durante los años que estuvieron al cargo de las pesquisas contra el magnate del ocio mallorquín.

El escrito de acusación, de 32 páginas y remitido a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, está firmado por Tomás Herranz y Fernando Bermejo, ambos fiscales de Madrid designados por la Fiscalía General del Estado para dirigir la investigación sobre su excolega Subirán y el resto de investigadores. Reclaman 118 años de cárcel para Penalva por un delito de revelación de secretos, 15 delitos de detención ilegal, dos de obstrucción a la justicia y dos de prevaricación judicial. Para Subirán solicitan una condena de 121 años y ocho meses de cárcel por los mismos delitos y suman además uno de falso testimonio. Para los cuatro agentes de la Policía Nacional las penas solicitadas van de los 83 a los 110 años de cárcel por un rosario de delitos similares. El ministerio público también reclama elevadas penas de inhabilitación para el juez y el fiscal —más de 150 años para cada uno—, así como el pago de multas: alrededor de 100.000 euros para los seis acusados, a quienes también se pide que indemnicen de forma solidaria, en concepto de daños morales, a las quince personas que fueron injustamente privadas de libertad. El juez Penalva fue jubilado por incapacidad por el Consejo del Poder Judicial en julio de 2021; el fiscal Subirán se jubiló en junio de 2020 a los 59 años. Ambos habían sido apartados de la instrucción del caso meses antes.

A lo largo del escrito, los fiscales Herranz y Bermejo desgranan las presuntas ilegalidades cometidas por los instructores durante años de investigación, que nació en 2013 del supuesto amaño de un concurso de ascenso en la Policía Local de Palma y se fue ampliando con múltiples piezas separadas que indagaban desde un presunto trato de favor de los agentes municipales a los negocios de Cursach hasta el concurso de adjudicación del servicio de aparcamiento regulado de Palma. Los fiscales mencionan una a una hasta 27 presuntas filtraciones que los acusados realizaron a medios de comunicación que publicaron después la información en forma de noticia. Acusan al exjuez Penalva de crear en 2016 un grupo de WhatsApp para compartir información sobre la causa que posteriormente terminaba en los medios de comunicación sin que ninguno de los acusados “impidiera o evitara tal divulgación, ni investigara quién filtraba tal información”.

La acusación se centra en los presuntos delitos cometidos por los seis acusados durante la instrucción del llamado caso Ora, que investigó el amaño de un concurso para la adjudicación del servicio de estacionamiento regulado de la capital balear y que culminó con la detención de doce personas. Los fiscales son críticos con la apertura de esta pieza separada, basada, dicen, en la declaración de un testigo protegido de contenido “completamente inconcreto y especulativo”. Sostienen los fiscales que buena parte de esa investigación se basó en un informe elaborado por uno de los agentes de policía acusados y que fue realizado “sin el estudio de las propuestas técnicas” y careciendo de los conocimientos necesarios. “Pese a que los policías investigadores habían reconocido las carencias de sus conocimientos sobre contratación administrativa y con un mínimo o inexistente bagaje indiciario se decidió conjuntamente por los acusados la detención de las citadas 12 personas”, dicen los fiscales, que también desgranan una cascada de presiones a detenidos, investigados y testigos.

Entre los episodios plasmados en el documento figura la lectura a algunos investigados, por parte del juez, de las declaraciones de otras personas envueltas en la causa que pasaron de imputados a testigos, con el objetivo de disuadirles para que reconsiderasen su versión de los hechos. Los fiscales también acusan al fiscal y a los policías de amenazar a los investigados con “dormir en los calabozos”, presionarles para delatar a algunos implicados o mantenerlos en los calabozos de la Jefatura de Policía presionándoles para que declararan contra otros implicados. Y sostienen que el juez tenía decidida la medida de prisión provisional contra dos de los acusados, un empresario y un funcionario que pasaron 21 días en prisión, antes de escuchar su declaración en el juzgado. El escrito también ahonda en la “meta” de los investigadores de demostrar la implicación del concejal del PP en el Ayuntamiento de Palma, Álvaro Gijón, en las investigaciones del amaño del concurso público y les acusa de “decidir entre todos” las detenciones de sus padres y su hermano para ejercer presión sobre el político.

El duro escrito de la fiscalía supera con mucho al que presentó el propio empresario Bartolomé Cursach, que reclama una condena de 32 años y medio para Penalva y 37 y medio para Subirán.

El caso Cursach finalizó su periplo en los tribunales el pasado diciembre con la absolución de los 17 investigados que llegaron a sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial. En una de las últimas sesiones del juicio el fiscal Tomás Bermejo, que ahora firma el escrito de acusación, pidió perdón entre lágrimas a los acusados, a los que reconoció su condición de víctimas de una injusticia. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial reclamó que se investigase a los principales instructores del caso.