Cursach pide, tras quedar absuelto, penas de más de 30 años para los investigadores del caso que lo llevó al banquillo

Bartolomé Cursach ―el empresario de ocio nocturno de Mallorca que acaba de ser absuelto por una de las mayores investigaciones de supuesta corrupción empresarial y policial de España— pide penas de prisión de más de 30 años para cada uno de los principales investigadores del caso que le llevó a prisión preventiva y después al banquillo. El juez Manuel Penalva, el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán y cuatro agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional están pendientes de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por irregularidades y delitos cometidos durante la instrucción, como prevaricación, coacciones y revelación de secretos.

Bartolomé Cursach ha formalizado su escrito de acusación contra los investigadores apenas 24 horas después de que su juicio haya terminado con una petición de perdón por parte del fiscal del caso. El empresario mallorquín reclama una condena de 32 años y medio para el juez Penalva; 37 y medio para el fiscal anticorrupción Subirán, y entre 30 y 34 años y medio para los cuatro policías del grupo de blanqueo. Además de Cursach, firman este escrito su mano derecha, Bartolomé Sbert, el extrabajador de su grupo empresarial Antonio Bergas, y el exdirector de la discoteca Tito´s Jaime Lladó, todos absueltos. Lladó, tras ser exonerado el pasado junio, en la primera sesión del juicio, manifestó: “Esto no ha acabado así, ahora comenzaremos con otras personas que serán los protagonistas”.

En el escrito, piden penas de prisión que suman 200 años de cárcel y 338 años de inhabilitación y multas que conjuntamente ascienden a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones durante la instrucción de la causa que ahora se ha juzgado en la Audiencia Provincial. Los abogados de los exculpados sostienen que los investigados decidieron “consciente y voluntariamente” vulnerar los derechos fundamentales de las personas imputadas en el caso Cursach, cuatro piezas separadas derivadas de la causa matriz y los llamados casos ORA e IME. “Los seis acusados, al margen del ejercicio de sus funciones profesionales, se coordinaron con determinados periodistas para generar, desde la absoluta impunidad un contexto mediático, una opinión social desviada, que intencionadamente vulneraba el derecho a la presunción de inocencia”, sostiene el texto.

Los abogados de los exonerados acusan a los investigados de difundir investigaciones y actuaciones policiales “bien secretas, bien reservadas” mientras evitaban que las defensas tuvieran acceso a la “información veraz, cercenando su participación en el moldeado de la instrucción”. Para la acusación particular, los antiguos investigadores del caso Cursach generaron un clima social que condujo a que nadie pudiera llegar a cuestionar las decisiones adoptadas por los policías investigadores, el juez y el fiscal. Esto provocó, dicen, plantear como reales “imputaciones esperpénticas” al amparo de declaraciones falsarias coordinadas por los ahora acusados.

El documento expone que los investigados intimidaron a 11 detenidos del caso ORA y se coordinaron para detener “injustificadamente” a la familia del exconcejal del PP en Palma, Álvaro Gijón con la finalidad de presionar al político mediante “golpes de efecto” y para evitar “interferencias” en las actuaciones policiales y en las resoluciones procedentes de otros miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En el escrito proponen la comparecencia de una veintena de testigos. La Fiscalía está pendiente de formalizar su escrito de acusación en el que concretará las penas que reclama y los delitos por los que acusa a los seis investigados.